Por un lado, está la abogada Sandra Ponce de León Salucci, de perfil conservador, académica de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, de quien se dice es la candidata de La Moneda y que es apoyada por el ala más conservadora y pro empresarial del máximo tribunal. Por el otro, con un perfil más progresista y de protección de derechos sociales, cercano al Partido Socialista, está Rodrigo Pica Flores, quien ha hecho una larga carrera en el propio organismo. Si fuere elegida Sandra Ponce de León, significaría consolidar al interior del TC una preeminencia evidente de posturas de derecha conservadora, en detrimento de ministros de tendencia más progresista o liberal. Con Pica, su conformación quedaría con un 6 x 4 a favor de los más conservadores, y sin Pica sería un desnivelado 7×3.
Para el día martes 29 de junio, a las 14 horas, la Corte Suprema fijó la audiencia para escuchar a los varios candidatos que postulan para su designación como ministro titular del Tribunal Constitucional (TC), en reemplazo del ministro Rodrigo Pica, quien terminó sus funciones el 13 de junio recién pasado.
Pica ocupó el lugar, por el tiempo residual, que dejó el abogado Domingo Hernández Emparanza, que debió retirarse anticipadamente, hace algo más de un año, por haber llegado a los 75 años de edad, que es el límite para ejercer el cargo.
Hay que recordar que de los 10 ministros titulares del TC, tres de ellos los designa la Corte Suprema. Otros tres los designa el Presidente de la República, y los cuatro restantes son designados por el Congreso Nacional.
La decisión respecto a este cupo en el Tribunal Constitucional, que le corresponde llenar a la Corte Suprema, por votación de mayoría en su pleno de ministros, se ha transformado en una dura pugna al interior del máximo tribunal, por el perfil de los dos candidatos con mayores opciones.
Por un lado, está la abogada Sandra Ponce de León Salucci, de perfil conservador, académica de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, de quien se dice es la candidata de La Moneda y que es apoyada por el ala más conservadora y pro empresarial del máximo tribunal. Ponce de León fue jefa de gabinete de Raúl Bertelsen en el Tribunal Constitucional, cuando este ejerció su presidencia, y fue directora jurídica del Ministerio de Vivienda durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.
Y por el otro, con un perfil más progresista y de protección de derechos sociales, cercano al Partido Socialista, está el mismo Rodrigo Pica Flores, quien ha hecho una larga carrera en el propio TC: fue relator, secretario abogado y ministro titular. Es apoyado por los sectores más progresistas e institucionalistas, que intentan cuidar la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional frente a La Moneda. Pica Flores es académico de la Universidad de Chile y fue quien llevó los sumarios administrativos contra la actual presidenta del TC, María Luisa Brahm, formulándole cargos por abuso y acoso laboral, justo antes de que concluyera su período como ministro (reemplazante de Domingo Hernández Emparanza, como anteriormente se señaló).
Si fuere elegida Sandra Ponce de León, significaría consolidar al interior del TC una preeminencia evidente de posturas de derecha conservadora, en detrimento de ministros de tendencia más progresista o liberal. Con Pica en el TC, su conformación quedaría con un 6 x 4 a favor de los más conservadores, y sin Pica sería un desnivelado 7 x 3, dicen abogados que tramitan ante el Tribunal Constitucional, lo que podría ser muy complicado en las votaciones más «políticas», añaden.
Así, La Moneda está jugando todas sus cartas a favor de Ponce de León, para consolidar su influencia en el organismo, que en ocasiones se le ha vuelto esquiva, sobre todo pensando en que María Luisa Brahm termina su período como presidenta a fines de agosto de este año, por lo que ya no podrían contar con su voto dirimente.
Además, La Moneda sabe que la ausencia de Pica Flores debilitaría las investigaciones internas contra Brahm, por abuso y acoso laboral. Esto último para el Gobierno es importante, porque, de ser sancionada la actual presidenta del organismo, obstaculizaría su designación como consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde quiere dejarla instalada el Presidente Piñera antes que ella y él terminen sus respectivos períodos, en marzo del 2022. La jugada del Ejecutivo es dejar instalada a Brahm en el CDE en reemplazo de Clara Szczaranski Cerda, que ya presentó su renuncia, anticipadamente.
Con esto, La Moneda ganaría una defensora de Sebastián Piñera y de sus funcionarios al interior del CDE una vez que termine este Gobierno, e inclinaría hacia la derecha el perfil de este abogado consejero, dado que Szczaranski es una abogada de perfil progresista y Brahm es una convencida «piñerista».
El otro candidato con alguna chance es el ex Defensor Público Eduardo Sepúlveda, que puede generar dispersión de los votos más progresistas, hombre cercano a la fiscal de la Corte Suprema, Lya Cabello. Hay que recordar que Lya Cabello es la pareja del ministro de la Corte Suprema Haroldo Brito.
