Hace 18 años, cuando se crearon los Planes Regionales Antidelincuencia (PRAD), entre los puntos detectados como conflictivos ya figuraba el barrio Meiggs. En ese entonces, la autoridad política coordinó a policías y Ministerio Público, entre otros actores, para impulsar una tarea mancomunada de prevención y combate del delito, que resultó bastante exitosa. Hoy, cuando se dan palos de ciego en seguridad, quizás podría echársele mano a este modelo y adecuarlo a los tiempos que corren.
Fue en 2004 y en respuesta a la Encuesta Urbana de Seguridad Ciudadana, que se gestaron los Planes Regionales Antidelincuencia (PRAD). Coordinados por el Ministerio del Interior, el mandato político hacia intendentes y gobernadores fue claro: “Hacerse cargo” de la seguridad pública, generando oferta específica con metas y mediciones.
El plan fue lanzado por el entonces Presidente Ricardo Lagos en la población Las Compañías, de La Serena. Ese día, frente a la gente, el intendente se comprometió a cumplir con resultados sobre metas concretas y en un plazo acotado. Lo mismo hicieron el resto de las autoridades a lo largo del país.
Entonces se mapearon los puntos con alta recurrencia de delitos en las distintas regiones de Chile. En la Región Metropolitana, el eje de la Alameda resultó estar entre los focos de alerta. Y entre estos focos rojos destacaba la calle Meiggs y sus alrededores. Entonces, se hizo una estrategia de prevención (con reposición y mejoramiento de luminarias, instalación de cámaras, entre otras acciones) y también de intervención directa con trabajo policial encubierto y presencial, para disminuir los delitos y frenar el comercio ilegal. Se fijaron metas claras, medibles y con tiempos delimitados. Los resultados se revisaban y entregaban de manera pública trimestralmente.
Las claves fueron la coordinación, colaboración y evaluación de resultados concretos. En cada región se coordinó el intendente con los gobernadores provinciales, más el fiscal del Ministerio Público de la zona, además de las policías y Gendarmería, a través de sus mandos superiores regionales. Incluso Carabineros –que por ese tiempo dependía del Ministerio de Defensa– se puso a disposición del PRAD. Al año ya se hablaba de una baja de las denuncias de delitos focalizados de un 11,7 % en todas las regiones, mientras que el número de detenidos había aumentado en 4,07 % respecto de las cifras registradas durante 2004.
Con la llegada de otras administraciones, el Plan fue cambiando de nombre, de método y, al tiempo, quedando de lado, básicamente porque cada Gobierno quiere y cree que puede tener “la solución” e inventar su propia rueda.
Es verdad que en 18 años la situación se ha complejizado y se han sumado nuevos factores –en ese entonces no se veían tantos inmigrantes ni civiles disparando en las calles–, pero tal vez, con coordinación y voluntad, se podría mirar hacia atrás para encontrar salidas hacia el futuro.
