En el marco de la campaña electoral por el plebiscito del próximo 4 de septiembre, la cientista política María del Pilar Peña y el diputado Andrés Jouannet presentaron una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los ciudadanos habilitados para votar y en contra del Estado chileno, por infracción a derechos políticos de los votantes.
El pasado 15 de agosto, la cientista política María del Pilar Peña D’Ardaillon y el diputado por el distrito 23, Andrés Jouannet Valderrama, presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado de Chile, por infracción a los derechos políticos de los solicitantes y del padrón electoral definitivo (compuesto por 15.173.929 personas), para la votación del plebiscito constitucional citado para el próximo 4 de septiembre de 2022. Según quienes suscriben el documento, la ciudadanía está siendo afectada en sus derechos humanos por actuaciones de agentes estatales.
“En especial, aquellas personas que no están o no estarían de acuerdo con las manifestaciones o expresiones públicas que ha realizado el gobierno de la República de Chile, según se señalará más adelante. Lo anterior entendiendo que, los Estados democráticos, como bien queda establecido en los instrumentos internacionales, deben garantizar elecciones en igualdad y libertad, lo cual hace que no pueda ser ajeno para ninguna de las personas que agentes estatales desde sus cargos puedan manifestar sus opciones de votación, sin importar que sea acordes o no a las propias”, señala.
En 22 puntos, que incluyen hitos como la realización del plebiscito nacional del 25 de octubre de 2020, las elecciones de convencionales en mayo de 2021 y la entrega de propuesta de Constitución al Presidente Gabriel Boric el pasado 4 de julio, el escrito detalla los hechos, en orden cronológico, que sustentan la petición.
Más adelante, agrega las razones por las cuales la situación denunciada es grave, urgente y requiere medidas cautelares para prevenir daños irreparables.
“No cabe duda de que resulta grave que el Presidente y funcionarios de su gobierno hayan llevado a cabo de manera reiterada una serie de actuaciones en favor de una de las opciones para el plebiscito. Asimismo, cabe destacarse que estos hechos han continuado a pesar de las investigaciones abiertas por la Contraloría. Esto se traduce en que el proceso democrático previo al plebiscito no se esté conduciendo conforme a los estándares del artículo 25.1 literal a), que dispone el derecho y oportunidad de toda la ciudadanía ‘de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente [..]’, de acuerdo a las exigencias del literal b) cuando alude a la ‘libre expresión de la voluntad de los electores’. De tal modo, los electores, independiente de su preferencia, son víctimas de presiones que afectan su libertad electoral, la igualdad y el acceso a información veraz y oportuna”, expone el texto.
Sobre la necesidad de prevenir daños irreparables, el documento apela a que la vulneración ha sido continuada y permanente. “El establecimiento de medidas cautelares evitaría que dicha vulneración pueda seguir siendo reiterada previa a la elección. Se busca de esa manera que, por lo menos, en lo restante del proceso democrático los derechos políticos de las personas que conforman el padrón electoral definitivo no se vea restringido y vulnerado y/o den pie a una afectación sobre la legalidad de la decisión que se tome en la votación. Esta solicitud apunta esencialmente a procurar la abstención debida del gobierno y de sus agentes como elemento esencial, obligación que emana de lo que señalan los artículos 1.1 y 2 de la CADH”.
Y finaliza: “En coherencia con lo expuesto, y ante la gravedad y urgencia de la situación y el daño irreparable frente a los derechos citados como vulnerados, se solicita respetuosamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocer y dar trámite al presente escrito con el fin de que se dicten medidas cautelares en contra del Estado de Chile. Dichas medidas deben ir encaminadas a procurar que los agentes estatales se abstengan de promocionar y difundir todo tipo de información que lleve a generar una preferencia específica que afecte las condiciones de libertad e igualdad en el ejercicio de los derechos políticos en el proceso democrático citado para el 4 de septiembre de 2022”.
