Opinión
Créditos: Agencia Uno.
Explorando en el balance de estos resultados, aparece una brecha crucial en materia de las políticas de Estado –y no solo de este gobierno– en materia ambiental: si bien nuestra estructura formal, compuesta por leyes, planes y tratados, es reconocida a nivel internacional, no es percibida del mismo modo a nivel de ciudadanía. Es decir, los gobiernos aparecen en deuda con el tramo final de sus políticas ambientales: su aplicación.
Recientemente publicamos en Espacio Público los resultados de nuestro estudio con Ipsos “Chilenos y Chilenas hoy”. En esta encuesta anual se busca reflejar la percepción de la ciudadanía en cuatro de las mayores ciudades del país, respecto de diversos temas de preocupación para el acontecer nacional. Los resultados de este año arrojaron en primer lugar la delincuencia e inseguridad, que se mantiene de manera ininterrumpida desde el año 2017 como la mayor preocupación ciudadana.
Este tema fue seguido por la deficiencia de los servicios de salud –públicos y privados– y el aumento de los precios, es decir, la inflación. En especial, este tercer tema destaca, pues es la primera vez que se controla en la encuesta. Por otra parte, y considerablemente más abajo en el ranking, en la posición número diez, se ubica la preocupación por la contaminación ambiental y el cambio climático. Esta categoría ha ocupado dicha posición de manera histórica, pues, en los seis años de esta encuesta, ha oscilado entre esta ubicación y la novena.
Si bien hasta aquí puede que no haya mayores sorpresas, al consultar a la ciudadanía por sus mayores preocupaciones proyectadas en diez años más, esta categoría sube hasta la séptima posición. De hecho, la contaminación ambiental y el cambio climático expresan el mayor aumento en su consideración respecto de las demás categorías: un 11% versus el descenso en -23% que expresa la categoría de delincuencia e inseguridad ciudadana, que desciende drásticamente, pero logra mantener la cabeza en el ranking.
En este resultado se expresa una verdad científica: los impactos ambientales del cambio climático aumentarán con el pasar de los años. A la vez, en este punto radica un desafío político crucial: si bien las agendas de gobiernos –ya sea a nivel nacional o municipal– enfrentan una presión innegable por los temas más urgentes, mientras más tangibles y perceptibles sean los efectos del cambio climático, más tarde será para actuar y menor rango de acción será el disponible.
Profundizando en esta preocupación, al consultar sobre las perspectivas de mejora en los últimos 5 años, las “condiciones ambientales del lugar donde vivo” han mejorado progresivamente desde el año 2019, cuando dicha respuesta obtuvo un acuerdo relativo de 19%, llegando al 32% en esta edición. Si bien esto pudiera ser una mejora importante, no podemos perder de vista que un 67% de las personas continúa manifestándose en desacuerdo con esta afirmación.
Así, se intuye el diagnóstico ciudadano respecto de la acción ambiental del Estado: a excepción de la ciudad de Concepción –donde se obtuvo un 45%–, en las demás ciudades de este estudio –Santiago, Valparaíso, Antofagasta– no se percibieron mejoras. De nuevo: para los gobiernos –en el nivel que sea– esto implica un doble desafío: fortalecer su acción ambiental, primero; mejorar su capacidad de comunicación estratégica, después.
Explorando en el balance de estos resultados, aparece una brecha crucial en materia de las políticas de Estado –y no solo de este gobierno– en materia ambiental: si bien nuestra estructura formal, compuesta por leyes, planes y tratados, es reconocida a nivel internacional, no es percibida del mismo modo a nivel de ciudadanía. Es decir, los gobiernos aparecen en deuda con el tramo final de sus políticas ambientales: su aplicación.
Responder a esta deuda exige reconocer que, pese a que los últimos años los gobiernos han sido muy activos en materia de elaboración de planes y suscripción de compromisos ambientales –cada vez mayores–, existen brechas profundas para poder cumplirlos. Ellas se expresan en aspectos como la necesidad de construir una mirada interministerial transversal de la transición justa, pero también en una dimensión operacional, mediante mayores capacidades de personal, recursos e instrumentos disponibles, como la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
En los últimos años han existido esfuerzos muy significativos, como el de los ministerios de Energía y Medio Ambiente, al otorgar un rol constructivo a la ciudadanía para la elaboración de planes; o el del Ministerio de Economía para proponer pilotos de acuerdos voluntarios de preinversión (privada) para la adopción de estándares socioambientales. Sin embargo, bajo el escrutinio de la ciudadanía, parece ser que estos esfuerzos aún deben ser redoblados para ser percibidos en el nivel local.
