Opinión
Todo empieza el 25 de mayo de este año cuando adquirió obligatoriedad en la Unión Europea el Reglamento Protección de Datos (GDPR por su sigla en inglés) y desde ese momento partió una corriente a la que, como toda cosa que implique levantar una
bandera que abogue por los derechos, es fácil adherirse y tener una opinión políticamente correcta.
Pero la realidad es que el tema de la protección de los datos personales comenzó a sonar muy fuerte en la opinión pública cuando se destapó el escándalo de Facebook y Cambridge analíticas a principios de este año. De ahí hasta ahora la corriente se hizo una moda.
Todo ha sido muy rápido. Las redes sociales hace rato habían comenzado a pedir permiso y actualizar sus condiciones de uso, antes que entrara en vigor la ley en Europa. Varios, en todo el mundo, sacamos la lupa para ver cómo realmente usan las redes
sociales los contenidos y muchos otros empezaron a sentir poder con el sólo hecho de prohibirle a los dueños de las redes sociales que lucren con nuestra información. En Chile, en tanto, se ha actualizado la ley 19.628 y se empiezan a hacer diferenciaciones entre dato personal, titular del dato y tratamiento de datos. Aparece la palabra consentimiento.
Por otra parte, la sociedad civil, comienza a cuestionarse sobre el uso que les dan a los datos personales. Los supermercados se ruborizan cuando piden el RUT al final de la compra y a Dicom pareciera que se le acaba el negocio. El proyecto de ley es aprobado y muchos más se suman a la moda. “No doy mi rut” es el hashtag que promueve la Fundación Datos Protegidos. Se cambia el paradigma y se siente en el ambiente que alguien está usando nuestros datos y los convierte en un commodity oscuro. Nadie quiere que usen su información, menos si no tenemos réditos.
Pero sí tenemos réditos cuando usan nuestros datos, y más que nuestros datos, las interacciones de todos los datos. El saber qué es lo que hace cada persona sirve (o serviría si es que realmente lo usaran) a tomar mejores decisiones, bajar gastos inútiles y así mejorar la eficiencia de los limitados recursos. Es el uso de los datos para el bien común.
¿Recuerdan cuando atribuíamos el fracaso del Transantiago a que fue hecho desde un escritorio y nadie salió a la calle a ver cómo realmente se movilizan las personas? Hoy con la cantidad de datos generados por el uso de la tarjeta Bip, por ejemplo, se podría
hacer toda la planificación desde un computador. Nuestros datos al servicio de un planificador para mejorar nuestros tiempos de traslado. Mi dato a mi servicio.
Y es que el tema de la protección de los datos nos lleva a la discusión del límite de lo público y lo privado, discusión tan antigua que ha debido modernizarse con las nuevas herramientas disponibles para manejar grandes volúmenes de información que dejamos diariamente. Nuestra huella y los datos que se pueden desprender de ella sirven para optimizar recursos y mejorar la toma de decisiones, y no sólo eso, sirve además para la transparencia del cómo se toman las decisiones.
¿No es el caso de The Panama Papers un ejemplo ilustrativo que, donde gracias a la filtración de más de 11 millones de datos liberados del bufete Mossack Fonseka, una gran ayuda a la transparencia, se dejó en evidencia a la ciudadanía negocios secretos de grandes personalidades?
¿No es acaso, si obviamos las noticias que eran mentira, el caso de Cambridge Analítica – Facebook una optimización de los recursos de una campaña política?
¿Debe ser nuestro dato, sólo nuestro y no dejar que esa interacción pueda ser usada como un marco de conocimiento que sirva para mejorar las decisiones que toma el Estado para distribuir los recursos en salud, por ejemplo?
Finalmente, el caso de Cambridge Analítica le generó una muy mala reputación al trabajo con datos, haciendo una caricatura de que alguien, a través del uso de ellos, nos está manipulando. Este caso es una excepción que confirma una regla aún en construcción.
