Opinión
El país este ad-portas de la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático (COP 25) y positivamente la realización de este magno evento ha puesto el tema en la agenda publica. Sin embargo, existe un grupo que hasta el momento no ha tenido ninguna participación.
Aproximadamente un 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad (OMS, 2011). En Chile el porcentaje es de un 16,7% (Dirección de estudios Corte Suprema). En principio las personas con discapacidad son como cualquier otra en casos de desastres naturales provocados por los efectos del cambio climático.
Sin embargo, este grupo es uno de los mas vulnerables, normalmente con escasos recursos y con necesidades especiales están mas expuestos a la crisis climática. Las razones son múltiples, por ejemplo, su evacuación en emergencias como huracanes, aluviones, inundaciones, incendios entre otros, siempre requerirá de alguna tarea adicional.
El cambio climático amenaza el ejercicio de una amplia gama de derechos y es sin duda un tema de derechos humanos. Muchas veces las personas con discapacidad física pueden verse impedidas de abandonar las zonas de desastre y alcanzar un lugar seguro. En otros casos las personas con discapacidad visual, auditiva o intelectual, les será imposible acceder a información de advertencia.
Normalmente su protección recae en miembros cercanos de su familia o de la comunidad. ¿Pero que pasa en situaciones de emergencia climática? La experiencia nos indica que en situaciones de crisis normalmente las personas tratan de salvarse a si mismos dejando abandonadas a su suerte a quienes viven con discapacidad. Por ello se hace necesario la implementación de medidas de adaptación al cambio climático. Tales medidas deben contemplar un análisis pormenorizado y requieren incluir a las personas en situación de discapacidad en su discusión e implementación.
No obstante, el mayor peligro que enfrentan estos individuos es la discriminación y el prejuicio que normalmente los deja fuera del análisis y discusión de las políticas publicas.
El articulo 11 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad exige a los Estados partes adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, como resultan ser precisamente las derivadas del cambio climático.
Es deber de los Estados adoptar una respuesta inclusiva para hacer frente a los desastres provocados por el cambio climático. Esto no solo es bueno para las personas con discapacidad, sino que es bueno para toda la comunidad.
Las estadísticas de nuestro país reflejan que el mayor numero de actos de discriminación se produce respecto de personas con discapacidad. El proyecto de ley de cambio climático hasta ahora no contiene un plan proactivo de prevención de catástrofes o medidas para hacer frente a la crisis climática que incluya a esta población. Tampoco se visualizan grupos de expertos en discapacidad presentando proyectos sobre esta materia. Ni siquiera se observan activistas sobre los derechos de las personas con discapacidad reclamando medidas para hacer frente a la crisis climática.
La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentables (ODS) abordan retos globales y ofrecen un marco de indicadores para mejorar la vida de todos. Sin embargo, las necesidades de las personas con discapacidad siguen rezagadas dentro de las prioridades de los Estados y nuestro país no es la excepción.
Las medidas de adaptación al cambio climático deben incorporar a todos y la regulación que los Estados promuevan en esta materia debe considerar la variable de discapacidad.
Las personas en situación de discapacidad tienen que estar presentes en el frente de la discusión y no pueden quedar fuera. De igual forma los expertos en discapacidad e inclusión tienen un rol fundamental en la elaboración de políticas de adaptación al cambio climático y también deben ser escuchados por los gobiernos, científicos y demás miembros de la sociedad civil a la hora de implementar estas políticas.
