Sustentabilidad
Organizaciones ambientales han instalado el término de constitución ecológica en la previa al plebiscito por una nueva carta fundamental. Buscan promover que, en caso de aprobarse, esta tiene que ser enfocada en la materia ambiental. Pero, ¿qué significa una constitución ecológica en la práctica?
En el estallido social de octubre del año pasado se pudieron ver múltiples pancartas que se referían a conflictos ambientales y a la necesidad de tomar medidas para hacer frente a estos. Luego de que se llegó al acuerdo por una nueva constitución, distintas organizaciones ambientales han promovido un concepto: constitución ecológica.
“Uno podría aproximarse a una constitución ecológica como aquella en la que la protección ambiental y el reconocimiento de la relación intrínseca entre sociedad y naturaleza permean todo el contenido una carta fundamental. Esto se podría ver reflejado, por ejemplo, en la incorporación constitucional del principio de justicia ambiental y la noción de equidad intergeneracional”, indicó Ignacio Martínez, abogado de Fundación Terram.
“Reconocer y resguardar ciertos bienes comunes como el agua y las costas, consagrar el derecho humano al agua y saneamiento, como también avanzar en un efectivo y ampliado deber del Estado de protección de la naturaleza, pensando no solo en los servicios que nos brinda, sino por su valor propio”, agregó.
La ONG FIMA es una de las principales impulsoras de este término. Ezio Costa, director ejecutivo de la organización, aseguró que “una constitución ecológica debiera ser una que tenga en su centro, y como una de sus prioridades, la protección del medio ambiente y la armonización de la relación entre la sociedad y este”.
La organización ambientalista ha realizado múltiples charlas en las cuales buscan informar sobre los alcances que podría tener este nuevo documento. En estos encuentros se han reunido ciudadanos, comunidades, organizaciones y territorios, entre los cuales han discutido sobre la necesidad de este foco normativo en torno a la armonización sociedad-ambiente y analizando las cuestiones que podrían transformar una constitución tradicional en una ecológica. Tras cada uno de estos diálogos han podido ir evolucionando y construyendo lo que define este concepto.
“Hay principios constitucionales que tienen que ver con una constitución ecológica. Por ejemplo, el principio de justicia ambiental, el principio intergeneracional de protección del medio ambiente y del buen vivir. Hay cosas que tienen que ver con la organización del Estado, como son la creación de agencias independientes, el hecho de que la organización territorial esté basada en los ecosistemas y una distribución de poder en materia regulatoria ambiental que le permita a las regiones, y a las comunas, efectivamente hacer valer sus opciones de desarrollo”, explicó el director ejecutivo de FIMA.
Para Costa, podrían desarrollarse nuevas instituciones que se indiquen en una constitución, como el cargo de un defensor público ambiental. En materia de derechos, se le da importancia a la inclusión de derechos de la naturaleza. “Actualmente tenemos el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Creemos que tiene que mejorar su redacción, convertirse en un derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.
Aparte de esto, dentro de las necesidades para enfrentar los conflictos ambientales se incorporan otros derechos: al agua -”acceso de los bienes comunes en general”- acceso a la información, participación ciudadana y a la justicia en materia ambiental. “Y una clausura de limitación a la propiedad que permita que se hagan modificaciones en favor de la protección ambiental y que eso no signifique violar ni la propiedad, ni el emprendimiento o libertades económicas”, afirmó Costa.
Desde el 2012 que en Chile existen tres tribunales ambientales encargados de resolver conflictos relacionados con el medio ambiente. Han permitido mejorar la institucionalidad del país en esta materia, por ende, tener mayor posibilidad de darle más profundidad a la discusiones que se generen. Costa afirmó que esto último ha sido muy positivo para la defensa ambiental, pero creen que por otro lado, ha alejado un poco esta posibilidad de disputa de la población.
“Se convierte en una justicia muy especializada y que por tanto dificulta de alguna manera el acceso de las personas corrientes a las instancias de justicia. Entonces, por ejemplo, el recurso de protección, que es una cuestión mucho más sencilla, ha perdido totalmente su fuerza en materia ambiental en desmedro de los tribunales ambientales; pero en estos últimos se requiere de una capacidad de litigación y de generación de pruebas que es mucho mayor”, aseguró.
El principal interés de las organizaciones que promueven este tipo de carta fundamental es que en caso de realizarse una nueva constitución, los constituyentes encargados de discutirla tengan el principio de protección ambiental dentro de sus prioridades.
“Nos importa que a la generalidad de los constituyentes les interese (…) como una cuestión básica, que tiene que ver con proteger la vida y con darle un futuro a las generaciones que vienen: proteger el medio ambiente. Nuestra idea es ir expandiendo los ideales de la constitución ecológica para que sea tomado ojalá de manera transversal como una cuestión que nos sirve a todos y a todas”, indicó el abogado de FIMA.
Hay esperanzas de que se pueda avanzar en una legislación de este estilo, principalmente porque en el país se ha visto una preocupación generalizada con respecto al tema. En las peticiones del estallido social y en marchas ambientales siempre se veían los conflictos relacionados al medio ambiente. Lo mismo ocurrió en los puntos principales nombrados en los cabildos que se formaron a fin de año y de las asambleas locales autoconvocadas durante el gobierno de Michelle Bachellet. Esto muestra la importancia que le entrega la población a la crisis ambiental.
“Las maneras en que el derecho ha protegido al medio ambiente hasta ahora no han sido suficientemente fuertes. Ahí hay una carencia que ha traído complejidades y complicaciones para todos y todas, entonces trazar como esta idea y concepto más profundo de lo que sería una constitución ecológica creemos que podría ser útil. Y lo vemos necesario para hacerle frente a la crisis, entonces queremos que la constitución tenga futuro, sino vamos a estar en 20 o 10 años más con nuevas crisis sociales producidas por lo ambiental”, concluyó Costa.
