Opinión
En estos últimos años de sequía, particularmente el año 2019 en extremo seco, se han debido redistribuir las aguas en varias cuencas, para garantizar el consumo humano de los habitantes. Este mecanismo ha funcionado en grandes ciudades, como Santiago y el Gran Valparaíso, que están cubiertas – en gran parte – por concesiones sanitarias.
No obstante, la tan citada frase de que el consumo del agua potable “sólo representa entre el 5 y el 6 % de la demanda” induce a la ciudadanía a confusiones que dificultan la gestión racional del recurso. Si bien esta cifra es cierta, es fundamental desagregarla por cuencas. Es así como en el río Maipo, que abastece de agua potable a más de 7 millones de personas de la Región Metropolitana, – en épocas normales – el consumo de la ciudad representa un tercio de los caudales, y en épocas de sequía dicho uso aumenta a 2/3, pudiendo llegar a situaciones extremas como la vivida en mayo pasado, en que la ciudad llegó a consumir cerca del 80% de los caudales totales del río.
En este contexto -que no es ajeno a otras cuencas sobrepobladas- no da lo mismo el ahorro domiciliario, contrariamente a lo que suelen argüir aquellos que quieren resolver el problema en base a promedios. Ejemplo de ello fue la última temporada de riego 2019-2020, en la que en plena redistribución de las aguas los regantes del Maipo debieron entregar casi la mitad de sus caudales para el abastecimiento de Santiago, mientras que sectores de la ciudad consumían 600 litros por persona al día, muy por sobre los 100 litros diarios, que es lo que recomienda la OMS para cubrir el DDHH al agua.
Fue frecuente ver en pleno verano aguas corriendo por los pavimentos, riegos automáticos funcionando a las tres de la tarde, llenados de piscinas, mantención de grandes parques con paisajismos que no se condicen con nuestra realidad hídrica, entre otras acciones suntuarias. Todo ese gasto de agua fue en desmedro de los caudales, que debieron entregar los agricultores.
No podemos seguir permitiendo este desequilibrio, que tiene su origen en el régimen de tarificación de agua potable, que cobra de manera lineal por metro cúbico consumido.
Aunque considera el sobre consumo para las épocas de primavera-verano, no resulta suficiente para poner coto a los usos no sustentables, en este escenario de escasez que enfrenta la cuenca.
Al respecto resulta útil mirar las soluciones adoptadas por países como Francia y España, en que la estructura tarifaria se ajusta a tramos de consumo, asegurando por un lado las necesidades básicas de agua potable a un precio asequible y, por otro, desincentivando el derroche. Es así como el primer tramo que cubre el DDHH al agua sería de bajo costo, siendo los siguientes tramos progresiva y sustancialmente más caros, por dejar de ser sustentables. Ello sin perjuicio de la posibilidad de establecer factores correctores para viviendas en que vivan muchas personas.
Actualmente se encuentra en trámite el proyecto que modifica la Ley de Servicios Sanitarios. Tenemos una oportunidad única para abordar este tema y, con ello, conectar a los habitantes con sus cuencas, puesto que ellos tienen una gran incidencia en la gestión de las mismas. Conjuntamente con ello, los poderes Ejecutivo y Legislativo podrían impulsar una política decidida de ahorro en las ciudades , fomentando el desarrollo de técnicas para el uso inteligente de las aguas y facilitando la importación de equipamiento para el ahorro del usuario individual de agua potable.
