
No hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague
¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando la deuda nos asfixia? La reciente noticia de la jefa del Registro Civil en Buin, que terminó robando millones para pagar a un prestamista informal, nos golpea como sociedad. Si bien es un caso poco visto en los medios de comunicación, este problema refleja algo más profundo: el sobreendeudamiento y la incapacidad de enfrentar las deudas. Esta a la larga se puede convertir en un peso imposible de cargar, llevar a lugares que pensamos nunca acudir cuando no se tenían al borde.
Detrás de cada cifra de morosidad hay historias de miedo, desesperación y silencio. Muchos, en el afán de cumplir, se hunden todavía más: créditos que jamás logran cubrir, repactaciones que parecen un alivio momentáneo pero que se transforman en un callejón sin salida, o préstamos informales que, con intereses usureros y amenazas incluidas, se convierten en verdaderas cadenas de hierro. En ese camino no solo se pierde dinero: se pierde libertad, tranquilidad y, en ocasiones, la propia integridad.
Las cifras son alarmantes. Un estudio reciente de Chiledeudas reveló que el 45% de los chilenos ha recurrido al endeudamiento informal, y de ellos, un 60% aún mantiene esas deudas después de tres años. Los montos son escalofriantes: desde los $5 millones en promedio, hasta casos extremos de $100 millones. Lo más grave es que casi un 80% de esas personas ha recibido amenazas directas de los prestamistas. Y en el sistema financiero formal el panorama tampoco es más alentador: más de 3,8 millones de chilenos figuran hoy como morosos, con deudas impagas que superan en promedio los $2,3 millones.
Frente a este escenario, hay dos caminos: esconderse o enfrentar. La primera opción es la más común, pero también la más peligrosa. La negación o la vergüenza llevan a muchos a cometer errores irreparables, incluso delitos.
En lo jurídico, la Ley N.º 20.720 sobre Insolvencia y Reemprendimiento, recientemente fortalecida con la reforma 21.563, entrega herramientas reales para quienes están sobreendeudados: prórrogas, protección financiera concursal, y la posibilidad de detener embargos o demandas en curso si se logra acceder a los procesos correspondientes, es tiempo de que se hable de aquello.
Según el último Informe de Deuda Morosa de Equifax, aunque el número de deudores morosos bajó a 3.864.279 personas (una disminución del 3,5 % en doce meses), el monto total adeudado subió nuevamente hasta US$ 9.652 millones, lo que representa alrededor del 2,79 % del PIB chileno. Estas cifras reflejan que, pese a los avances normativos, muchos deudores no sólo deben enfrentar una carga económica creciente, sino que requieren asistencia legal especializada para navegar los procesos de renegociación o liquidación antes de que la situación derive en delitos derivados de la desesperación.
El caso de Buin debe servirnos de alerta, no de simple noticia. Hoy en Chile la deuda no distingue nivel educativo, edad ni género: todos somos potenciales víctimas de un sistema en que el consumo fácil, el crédito instantáneo y la falta de cultura financiera generan un terreno fértil para el sobreendeudamiento.
Hablar de deudas no debería ser un tema tabú, sino un tema de política pública y conversación cotidiana. Necesitamos con urgencia un ecosistema que ofrezca soluciones reales: programas de educación financiera desde los colegios, mecanismos de renegociación más accesibles y una regulación más estricta frente a la usura, tanto formal como informal.