Cementerios municipales y más cárcel contra maltrato animal ¿Congreso y Ejecutivo pierden rumbo?

En las últimas semanas, hemos sido testigos de diversas señales provenientes tanto del Congreso como del Ejecutivo que buscan, al menos en apariencia, abordar la problemática del maltrato y la tenencia irresponsable de animales en Chile. Entre ellas, la promoción de cementerios municipales para mascotas y el proyecto de ley “No me abandones” que acaba de pasar la Cámara de Diputados, donde se propone, por ejemplo, aumentar las penas por abandono de animales o promover indirectamente la creación de perreras a nivel municipal.

A primera vista, estas iniciativas podrían parecer avances. Sin embargo, cuando se analizan desde una perspectiva técnica, presupuestaria y desde la política pública, resulta evidente que estas medidas reflejan un diagnóstico errado de la problemática y un enfoque que no contribuirá a las soluciones de fondo que Chile necesita con urgencia para encaminarnos hacia una cultura de convivencia con las mascotas y solucionar, de una vez por todas, el problema de los animales en las calles.

El proyecto “No me abandones”, actualmente en discusión, basa su estrategia central en aumentar las sanciones penales para prevenir el abandono de animales. Quiero ser categórico respecto al siguiente punto: Este enfoque punitivo en los proyectos de ley ha demostrado ser históricamente ineficaz, y todo parece señalar que nos encontramos nuevamente frente al mismo escenario, proyectos de ley que ofrecen mucho en el papel, pero producen poco en la realidad.

Me refiero al hecho de pensar que el delito de abandono u otros actos de maltrato animal, se previenen aumentando las multas o los años de cárcel. La evidencia es clara: el abandono y el maltrato animal no se resuelven aumentando penas, sino con programas integrales de prevención que incluyen educación, esterilización sistemática, registro e identificación efectivos y fortalecimiento de las capacidades de los veterinarios y las instituciones que colaboran como son las municipalidades, la sociedad civil, la academia, entre otros.

Por otro lado, hemos visto iniciativas desde el ejecutivo como la promoción de cementerios municipales para mascotas. Sin desconocer la importancia de ofrecer alternativas dignas y salubres para el manejo post mortem de animales, es preocupante que este tipo de medidas —simbólicas y de bajo impacto preventivo— sean priorizadas en la agenda política, mientras que los recursos para las acciones que sí marcan la diferencia, como la esterilización, disminuyen sistemáticamente.

Debemos entender que el financiamiento gubernamental destinado a programas de esterilización, educación y fortalecimiento del personal municipal ha caído hasta en un 70 % en los últimos años. Hoy, la mayoría de los municipios no cuenta con profesionales médicos veterinarios con funciones administrativas que les otorguen herramientas para la fiscalización efectiva, por ejemplo. Los programas de esterilización y educación —la verdadera base de la Ley 21.020 (Ley Cholito)— son insuficientes y desfinanciados. Sin reforzar esta infraestructura básica y promover la presencia de los profesionales necesarios, cualquier intento de mejorar la situación es una ilusión.

El conflicto de seguir estas propuestas es que generan muchas expectativas respecto a los efectos de la normativa (como reducir el abandono o el maltrato animal, por ejemplo) y con el pasar del tiempo, al no ver estos cambios en la sociedad, se culpa a la legislación o al programa técnico de turno, sin poner la vista en que nuestros tomadores de decisiones, lejos de estar tomando decisiones en base a políticas públicas efectivas, de impacto y sustentables, están eligiendo la opción cosmética, con escaso asesoramiento técnico y que pretende marcar hitos pero no crear políticas públicas. Lo anterior resulta en frustración por parte de las personas, ONG’s, y sociedad civil en general, lo que se traduce en un rechazo a futuras propuestas relacionadas a animales. Este ciclo vicioso debe parar.

Otro elemento preocupante es que estas iniciativas como los cementerios municipales para mascotas o promover los caniles municipales como política pública, no han surgido de un diálogo técnico amplio. La academia, los municipios (actores clave en la red de colaboración que exige la Ley 21.020), y el Colegio Médico Veterinario, -gremio que aporta una mirada esencial de salud pública— han sido escasamente considerados en las discusiones legislativas y ejecutivas recientes.

No es razonable pretender que la cultura de la tenencia responsable en Chile se cambie solo desde el Congreso o los tribunales. Se requiere un trabajo de base: más educación, más esterilización, más recursos, más veterinarios en el sistema público y que estos, de una vez por todas, sean reincorporados como profesionales de la salud en el Código Sanitario, porque la salud de los animales en Chile es esencial y depende de las y los médicos veterinarios quienes asumen y velan por esta labor. Sin esto como prioridad, seguiremos atrapados en un ciclo de propuestas reactivas que generan titulares, pero no soluciones y lejos, muy lejos del enfoque ‘Una Salud’ que requiere nuestro país.