Nueva Ley de Adopción en Chile: un avance histórico centrado en los derechos de la niñez

Tras más de una década de tramitación, el Congreso aprobó una reforma integral al sistema de adopción en Chile. La nueva ley busca agilizar procesos que hoy pueden extenderse hasta seis años, pone el foco en el interés superior del niño y transforma el modelo de evaluación de los adoptantes, incorporando una dimensión formativa. Cada año se concretan cerca de 250 adopciones en el país, cifra que podría aumentar con la entrada en vigencia de esta normativa.

“Estamos muy contentos y orgullosos de que se haya aprobado esta nueva ley. Teníamos una deuda tremenda con los niños, niñas y adolescentes, especialmente con los más vulnerados”, afirmó la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, al destacar el amplio acuerdo político que permitió la aprobación de la reforma.

Por su parte, la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, subrayó que la ley incorpora un enfoque de derechos al reconocer, por ejemplo, “el derecho a ser oído de los niños” y permitir que puedan conocer sus orígenes y mantener vínculos voluntarios con su familia de origen.

Un cambio de paradigma: del adulto al niño como centro

Durante gran parte del siglo XX, las prácticas de adopción en Chile y otros países occidentales respondían a un modelo normativo que privilegiaba la conformación de familias heteronormadas y tradicionales, enfocadas en satisfacer el deseo de adultos de criar un hijo. Bajo esta lógica, se buscaban principalmente bebés sanos y sin antecedentes familiares problemáticos.

Este paradigma comenzó a fracturarse con la entrada en vigor de tratados internacionales de derechos del niño, que impulsaron un enfoque centrado en el interés superior del niño, principio rector que ahora guía la nueva legislación chilena. Así lo explicó la ministra Toro: “Lo importante ya no es el tipo de familia que adopta, sino el bienestar del niño o niña”.

En esa línea, la nueva ley elimina la rígida prelación que antes priorizaba a matrimonios heterosexuales, abriendo la posibilidad de adopción en igualdad de condiciones a personas solteras, parejas con acuerdo de unión civil y personas del mismo sexo, poniendo el foco en las competencias parentales más que en la estructura familiar.

Estos avances se dan ante una realidad actual que sigue siendo alarmante: más de 4.600 menores viven bajo el cuidado del Estado y uno de cada nueve está en completo abandono, según datos de la Corte Suprema. A diciembre de 2023, solo el 7% de estos niños se encontraba en proceso de adopción.

De hecho, entre 2021 y 2023, hubo poco más de 400 adopciones concretadas en el país, con una mayoría (64%) concentrada en menores de tres años, lo que evidencia una brecha entre el perfil de niños adoptables —cada vez mayores, en grupos de hermanos o con condiciones de salud— y las expectativas de quienes desean adoptar.

La académica Morin Chaparro González, de la Universidad Andrés Bello, advierte que “la adopción no es solo un proceso legal, sino una oportunidad para cambiar el destino de un niño o niña. Chile debe comprometerse a brindarles un futuro lleno de posibilidades, independientemente de las circunstancias en que nacieron”.

Revinculación, plazos justos y mayor protección

Uno de los aspectos más relevantes del nuevo marco legal es la integración de un procedimiento único e integral que busca evitar la multiplicidad de juicios que alargaban innecesariamente el proceso. Hasta ahora, un menor podía esperar años —entre 4 y 6, en algunos casos— para que el Estado determinara si podía ser adoptado.

La nueva ley fija plazos acotados de entre 12 y 18 meses, ya sea para establecer una revinculación con su familia de origen o para iniciar el proceso de adopción con una nueva familia. Asimismo, introduce como novedad la posibilidad excepcional de que familias de acogida que han cuidado a un niño durante un periodo prolongado puedan postularse como adoptantes.

Se perfecciona también el delito de obtención ilegal de un niño, niña o adolescente, como forma de enfrentar la trata y las adopciones ilegales, un tema sensible tanto en Chile como en la región.

El despacho de esta nueva ley no solo moderniza el marco normativo, sino que plantea un cambio cultural de fondo. Implica asumir que la familia puede tener múltiples formas, que el bienestar del niño debe primar por sobre todo y que la adopción no debe ser vista como una solución para la infertilidad adulta, sino como una herramienta del Estado para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno amoroso y seguro.

Como sostuvo la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, “cuando el diálogo es genuino y el foco está en los niños, niñas y adolescentes, sí es posible llegar a acuerdos transversales”.

Diversidad familiar y resistencias culturales

El avance legal se enmarca en un proceso de transformación más amplio que también incluye la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en 2022, la cual permitió por primera vez la postulación de parejas del mismo sexo como adoptantes. Aunque en los hechos la adopción homoparental ya existía, esta se daba de forma indirecta y muchas veces discrecional, beneficiando en su mayoría a niños mayores o con necesidades especiales, ante la reticencia de otros postulantes.

Sin embargo, la diversidad familiar sigue enfrentando resistencias. Según un estudio de LLYC Ideas (2023), Chile es uno de los países de América Latina donde más ha crecido el discurso de odio en redes sociales hacia la comunidad LGBTIQ+, particularmente en torno a temas como la adopción y la supuesta “ideología de género”.

Frente a esto, especialistas insisten en que el debate debe sostenerse en evidencia científica. Diversos estudios internacionales han demostrado que niños criados por parejas del mismo sexo tienen un desarrollo psicosocial equiparable al de hijos de parejas heterosexuales, desmontando los prejuicios que aún persisten en parte de la opinión pública.