Proyecto que prohíbe el uso de celulares en colegios avanza en el Congreso y suma apoyo ciudadano

El uso de celulares y dispositivos digitales en los colegios es un problema constante en los distintos establecimientos de nuestro país. Y, aunque muchos se oponen a la medida, la decisión de prohibir completamente el uso de dispositivos móviles toma cada vez más fuerza.

De hecho, durante la discusión del proyecto que modifica la Ley General de Educación para prohibir y regular el uso de dispositivos digitales en los establecimientos educacionales, surgieron reiteradamente preocupaciones sobre sus efectos en estudiantes. Entre ellas, se mencionaron problemas físicos y mentales, dificultades para concentrarse, disminución de la memoria de trabajo, problemas de comprensión lectora, ansiedad y obstáculos en los procesos de aprendizaje y convivencia escolar.

Bajo este contexto, el proyecto legislativo que busca regular y prohibir el uso de celulares y otros dispositivos móviles en los establecimientos educacionales quedó listo para ser votado en Sala. La iniciativa, que fue despachada en particular por la Comisión de Educación del Senado, establece la prohibición del uso de aparatos electrónicos de comunicación personal en los niveles de educación parvularia, básica y media.

El proyecto, actualmente en su segundo trámite legislativo, fue revisado en detalle por la comisión correspondiente, que incorporó una serie de modificaciones al texto previamente aprobado en general por la Sala.

En términos generales, el proyecto establece la prohibición del uso de teléfonos celulares dentro de las salas de clases. Además, dispone que cada establecimiento educacional deberá incorporar en su reglamento interno las medidas necesarias para implementar esta restricción. Cabe destacar que la versión original de la iniciativa contemplaba la prohibición desde el nivel parvulario hasta séptimo básico, y una regulación específica del uso desde ese nivel hasta cuarto medio.

El apoyo a limitar celulares en niños, niñas y adolescentes

Según el estudio Ipsos Monitor Global de Educación, el 75% de los encuestados está de acuerdo en que los niños, niñas y adolescentes de 14 años se les prohiba el uso de las redes sociales tanto dentro como fuera de los establecimientos, mientras que un 23% está en desacuerdo.

Además, 3 de cada 4 personas cree que los menores de 14 años no deberían usar redes sociales, ni dentro ni fuera del colegio. Por otro lado, frente a la inteligencia artificial, el 44% considera que se debería prohibir el uso de chatbots en las escuelas.

El proyecto despachado a la Sala establece excepciones a dicha prohibición:

• Si el estudiante presenta necesidades educativas especiales, en las que el uso adecuado de medios tecnológicos de telefonía móvil se considere como una ayuda técnica al servicio de sus aprendizajes. Esta circunstancia deberá ser acreditada por el padre, madre o apoderado del estudiante a través de un certificado emitido por un profesional competente.
• Si existe una situación de emergencia, desastre o catástrofe.
• Si el estudiante presenta una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de medios tecnológicos de telefonía móvil.
• Si el uso de los dispositivos móviles es útil para la enseñanza en función de la naturaleza de la actividad curricular o extracurricular en los establecimientos educacionales que imparten educación básica o media.
• Si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal únicamente por razones de seguridad personal o familiar del estudiante.

La medida establece que la prohibición regirá durante el desarrollo de las actividades curriculares dentro de la sala de clases y se aplicará a todos los integrantes de la comunidad educativa, salvo en los casos excepcionales contemplados por la ley.

En el caso de la educación media, los establecimientos podrán definir, a través de sus reglamentos, espacios, horarios o actividades específicas en las que se permita el uso de dispositivos móviles.

Asimismo, la iniciativa incorpora la obligación de educar sobre el uso responsable de la tecnología, promoviendo instancias formativas que adviertan sobre los riesgos y prevengan tanto el uso indebido como la comisión de delitos a través de estos medios.