Sala cuna para Chile: un compromiso con la infancia y la equidad

El acceso a una educación parvularia de calidad es un derecho que sienta las bases del desarrollo integral en los primeros años de vida. Desde allí se construye la curiosidad, la autonomía y la identidad de cada niño y niña. Por ello, la Agenda Sala Cuna para Chile representa mucho más que una reforma laboral: es una política educativa y social que pone en el centro el bienestar y aprendizaje de las infancias.

El proyecto busca garantizar que tanto madres como padres trabajadores puedan acceder al derecho de sala cuna, promoviendo la corresponsabilidad parental y eliminando la exclusividad que históricamente ha recaído en las mujeres. Desde un enfoque de derechos, se reconoce a la infancia como sujeto de protección y desarrollo integral, asegurando que cada niño y niña tenga acceso a espacios educativos que promuevan la estimulación temprana, el vínculo afectivo y la exploración del entorno. Este impulso temprano potencia habilidades cognitivas, sociales y emocionales que serán la base de futuros aprendizajes. Asimismo, la creación del Fondo de Sala Cuna y la exigencia del Reconocimiento Oficial garantizan estándares de calidad, infraestructura y acompañamiento pedagógico que resguardan la igualdad de oportunidades desde los primeros años.

Garantizar el derecho a sala cuna no solo favorece la inserción laboral femenina, sino que asegura que cada niño y niña tenga acceso a experiencias educativas que estimulen su desarrollo y potencien su bienestar integral. Invertir en educación inicial es invertir en el futuro del país, porque las brechas que se cierran en los primeros años son las que realmente transforman las oportunidades de vida.

La Agenda Sala Cuna para Chile simboliza un paso decidido hacia una sociedad más justa, que reconoce en la educación parvularia el inicio del trayecto educativo, validando su valor pedagógico y su impacto en el desarrollo integral desde los primeros meses de vida. No es solo una reforma legislativa, ya que se debe entender como una exigencia ética y social a través de una política que interpela al Estado, a las familias y a toda la sociedad a asumir la responsabilidad y compromiso ineludible con la protección y formación educativa de la primera infancia.