Ley de Educación Superior e Incumbentes

El Gobierno le dará suma urgencia al proyecto de Ley de educación Superior con una indicación sustitutiva que aún no conocemos, e introducirá un proyecto para las universidades estatales. Su contribución a un legado positivo depende de la mirada que tengan estas (y todas las otras) iniciativas y sobre las cuales la administración aún tiene mucho que decir.

La mirada depende, en lo esencial, de si estamos mirando hacia atrás, centrándonos en lo que fuimos, en lo que hicimos y dejamos de hacer, en la deuda, o si miramos hacia delante, lo que irremediablemente viene. Mirar hacia atrás dice mucho con la posición de los incumbentes, con los que han estado por mucho tiempo, los que han contribuido, pero a los que les cuesta más adaptarse al duro trabajo que requiere adaptarse, competir, y sobrevivir. Mirar hacia atrás se suele hacer con nostalgia a una época donde las universidades eran pocas, contaban con muchos recursos respecto de lo que hacían, donde la educación era gratuita para el reducido número de estudiantes que habían terminado la educación escolar, y que no tenían la urgencia de sostener a sus familias. Una Ley de universidades estatales que les quite un peso innecesario o excesivo de burocracia, es mirar hacia delante, pero una que las quiera proteger de la dureza que significa competir en relevancia y pertinencia, es mirar hacia atrás, pues esa protección no es posible, no es efectiva, ni sería buena.

La oportunidad que tiene el Ejecutivo y el Parlamento para introducir una semilla de real innovación al sistema de educación superior requiere concebir que el único gatillo de progreso en educación superior es una mirada concentrada en la calidad. La definición y medición de calidad demanda un debate profundo, pero una vez definida, permite que prácticamente todas las ideas y proyectos puedan ser evaluadas en forma simplificada, en la dimensión que importa.

Si nos centramos en la calidad, redefinir el Cruch en objeto y composición no sería materia de lobby o antigüedad, sino de precisar el interlocutor más válido para promover al subsector universitario; si nos centramos en un concepto amplio de calidad, la podremos relacionar con cobertura, inclusión, regionalización, investigación, pertinencia, y nos despercudiremos de elementos que no tienen que ver con ella, sino que son sólo sellos de antigüedad.

Si nos centramos en calidad, tendremos un impacto relevante en el otro subsector de la educación superior, el técnico profesional (TP), que a todas luces requiere de asimilarlo a una estrategia global. Si pensamos en calidad no tenemos otra opción que hacer obligatoria la acreditación institucional en este sector, lo que posiblemente signifique la desaparición de muchas instituciones, la integración de otras cuantas, y un remezón para un conjunto importante de universidades que entregan educación TP sin que verifiquen una calidad mínima.

En efecto, existen universidades que tienen más del 25% de su matrícula de inicio en carreras técnicas, pero que no cuentan ni con requisitos de selección, ni medios conocidos de acreditación en su parte técnica. Al ser dictadas estas carreras por universidades, los alumnos pueden acceder a beneficios estudiantiles que en el mundo TP requieren de acreditación institucional. Naturalmente, si concebimos que la educación técnica tiene un camino propio, diferenciado y no es un paso, un escalón a la universitaria, entenderemos que una universidad aunque pueda ser acreditada como tal, puede entregar pésima educación técnica. Por ello, la acreditación obligatoria para instituciones TP requiere como espejo la acreditación obligatoria de carreras técnicas en instituciones que no son TP, o la obligatoriedad de proceder con una suerte de acreditación institucional doble.

Mirar hacia delante significa mucho más. Significa abrirse a los desafíos del futuro, y eso requiere no cortar caminos a la educación adicional que puedan recibir los estudiantes del sector TP. Como lo he sostenido en este medio anteriormente, existen restricciones a que los alumnos TP sigan posgrados (inclusive tecnológicos), ya que el financiamiento está sesgado hacia y desde lo universitario. Así, por ejemplo, un Ingeniero en Administración de una institución TP de altísima acreditación no es apoyado por el Estado para seguir un MBA, y el Estado sí apoya a un licenciado en filosofía proveniente de una universidad de bajísima acreditación para ese mismo programa.

Si el foco es la calidad, no habrá espacios históricos que llevan a limitar el otorgamiento de licenciatura o un equivalente a buenas instituciones TP, y contribuiremos también de este modo a tener una Ley de Educación superior que trascienda, que signifique un salto, el salto que requiere avanzar con decisión, con profundidad y que nos acompañe al menos las próximas dos décadas.