
Salud mental: una necesidad que sigue siendo urgente, pese a los anuncios
Durante su última cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric subrayó que la salud mental es uno de los pilares fundamentales de su agenda social, reflejando una preocupación que, si bien ha existido por décadas, hoy se impone con una urgencia inédita en la historia reciente de Chile.
La salud mental ha dejado de ser un tema tabú para instalarse como una de las principales preocupaciones sociales y sanitarias de los últimos años. Sin embargo, en Chile, el acceso a atención oportuna y de calidad sigue siendo una deuda estructural. La balanza entre la creciente necesidad de tratamiento y la capacidad real de acceso está completamente desequilibrada.
De acuerdo al “Termómetro de la Salud Mental en Chile Achs-UC”, uno de cada cuatro chilenos presenta síntomas de ansiedad, y cerca de 400 mil personas declaran no haber podido consultar a un profesional, principalmente por barreras económicas. Esta brecha es alarmante, más aún considerando que los factores que afectan nuestra salud mental —entornos estresantes, rutinas laborales intensas y falta de espacios de contención— siguen presentes y en aumento.
Una prioridad tardía, pero impostergable
Aunque por años existió conciencia individual sobre la importancia del bienestar emocional, recién en los últimos años el país ha comenzado a tratarlo como un problema estructural y colectivo. Profesionales, autoridades y ciudadanía están empezando a comprender que el cuidado de la salud mental no es solo responsabilidad individual, sino una tarea que debe ser abordada con políticas públicas robustas y sostenidas.
El gobierno ha dado señales claras en esa dirección. En su última cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric recordó la puesta en marcha de la línea 4141 de prevención del suicidio, el ingreso del proyecto de Ley Integral de Salud Mental, y la habilitación de 15 nuevos centros de salud mental, con otros 23 en desarrollo.
También anunció el aumento en las becas de especialización en psiquiatría y la incorporación de 47 equipos multidisciplinarios en atención primaria, que incluirán psiquiatras, terapeutas ocupacionales y psicólogos.
Pero a pesar de estos avances, los desafíos son inmensos. Miles de personas siguen quedando fuera de la cobertura pública, sin acceso a diagnósticos, terapias o medicamentos. Y aunque el discurso ha cambiado, los recursos aún no alcanzan para cubrir la creciente demanda.
Los diagnósticos no solo vienen desde el mundo clínico, sino también desde el mundo laboral. El más reciente estudio “Contexto Pluxee 2025” reveló que, aunque el 91% de los trabajadores chilenos considera “muy importante” su bienestar físico y mental, solo un 14% se declara realmente satisfecho con su salud mental. Además, un preocupante 42% califica su trabajo como estresante, un aumento respecto al 34% registrado el año anterior.
Uno de cada tres trabajadores afirma que su empleo impacta negativamente en su vida personal y emocional. Esta tensión entre lo laboral y lo privado, lejos de disminuir, se profundiza con jornadas extensas, falta de desconexión digital y presiones por productividad.
El derecho a la salud mental: una obligación estatal
En 2017, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó la resolución “Salud mental y derechos humanos”, estableciendo que no existe derecho a la salud si la salud mental no está garantizada. Por ello, los Estados están obligados a proporcionar atención adecuada, digna y accesible.
En línea con esa visión, el gobierno de Boric ha propuesto que el presupuesto nacional para salud mental aumente del 2,4% actual al 6%, una cifra aún lejos del promedio recomendado por la OMS, pero que representa un avance significativo para Chile, considerando los históricos déficits de inversión en esta área.
Además del incremento presupuestario, el proyecto de Ley Integral de Salud Mental promueve un enfoque centrado en la prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación, con principios como la no discriminación, el respeto a la dignidad y la autonomía de las personas.
Chile comienza a construir una política de salud mental con enfoque de derechos, pero la urgencia no espera. El compromiso del Estado debe ir acompañado de cambios en el modelo laboral, el sistema educativo y la cultura del bienestar. Porque sin salud mental, no hay desarrollo posible.