Una crítica a los parlamentarios de la oposición, hicieron los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrantes de la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior, Gustavo Hasbún y Romilio Gutiérrez.
A juicio de los legisladores, los diputados que votaron a favor del informe de la instancia investigadora «faltaron a la objetividad, haciendo primar los intereses económicos de un grupo, en beneficio de algunos y desmedro de otros».
«Nadie está cuestionando si existe o no existe lucro; lo que cuestionamos es que hoy se quería aprobar un informe que protege los intereses de algunas universidades, como la Universidad Diego Portales, que giró bonos en el Banco Security y que generó cientos de millones en utilidad que no fueron reinvertidos», dijo Hasbún.
El parlamentario cuestionó una serie de situaciones, que a lo menos, «son preocupantes», manifestó.
«¿Qué pasa con la Universidad Central, donde uno de los militantes de la Democracia Cristiana adquirió el 50% o con la Universidad Uniacc, donde hubo fraude al fisco por más de 20 mil millones de pesos por las famosas Becas Valech, siendo rector de la universidad el presidente del PPD? ¿Y qué pasa con la Universidad Miguel de Cervantes y su relación con Gutenberg Martínez, o con la Pedro de Valdivia, que acaba de perder la acreditación y que tiene vínculos directos con partidos de la Concertación?», agregó.
Por su parte, Gutiérrez explicó que se debe tener presente que el informe «entrega información relevante sobre el funcionamiento de la educación superior, que a mi juicio, va a contribuir a que podamos implementar medidas que tiendan a corregir debilidades que están presentes en nuestro sistema».
«Y así, entregarle facultades y atribuciones al Ministerio de Educación a través de la creación de una nueva Superintendencia, que permita fiscalizar en forma adecuada a las universidades, donde está prohibido, cumplan con la ley», añadió.
Gutiérrez coincidió con su par gremialista en el sentido de que «la principal debilidad de este informe es nombrar instituciones con un claro sesgo político con una orientación hacia un sector y ha dejado afuera a otras instituciones que igualmente fueron nombradas en el curso de la investigación, incluso el propio Contralor hizo mención a algunas instituciones del Estado que no estaban cumpliendo con la ley».
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