Por 37 votos a favor, 15 en contra y cinco abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión que investigó el denominado caso «bombas».
La instancia investigó las circunstancias, actuaciones y omisiones del Ministerio del Interior vinculados al caso que se inició en enero de 2006 con la primera colocación de un artefacto explosivo en un cajero automático de la comuna de Ñuñoa y que en el período en que fue investigado por la justicia se contabilizaron cerca de cien detonaciones.
El informe establece que las acciones del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y del ex fiscal Alejandro Peña «han significado un grave daño a la imagen y credibilidad del Ministerio Público como del Ministerio del Interior ya que está acreditado que el señor Peña tomó decisiones en la causa tales como presentar acusaciones y solicitar la imposición de penas mientras mantenía conversaciones para incorporarse como jefe a la División de Estudios del Ministerio del Interior», comentó el diputado PPD Guillermo Ceroni, miembro de la comisión que investigó estos hechos.
El parlamentario sostuvo que «el sólo hecho que un fiscal regional o adjunto mantenga conversaciones con un querellante para negociar condiciones de trabajo y posteriormente trabajar o prestar servicios a dicho querellante, compromete sin lugar a dudas la objetividad del ente persecutor y podría constituir una amenaza a la autonomía constitucional del Ministerio Público así como una infracción al principio de probidad administrativa».
Por esta razón, el legislador planteó que «causa asombro» que parlamentarios de la Alianza no dieran la unanimidad para la aprobación del informe.
«Es lo menos que se puede decir de una situación que tuvo ribetes escandalosos. Esto lo induce a pensar que el Ministerio del Interior en conjunto con el fiscal armaron esta situación pero evidentemente no podemos decir eso en el informe porque tenemos que basarnos exclusivamente en las pruebas, pero lo menos que puede decir es que la actuación del subsecretario Ubilla va en contra de la probidad administrativa y que su accionar puso en peligro la autonomía del Ministerio Público», agregó Ceroni.
El informe propone además modificaciones al Código Procesal Penal, inciso 4º del articulo 247, que establece la sanción de sobreseimiento definitivo cuando los fiscales no formulen acusación en el plazo de diez días, sanción que en este caso se propone aplicar al fiscal que lleve la causa.
Se plantea además fortalecer la independencia del Ministerio Público de otros órganos del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo y la limitación legal a quienes cesen en el cargo de fiscal para que no puedan prestar servicios profesionales a quienes hayan sido intervinientes en los procesos penales en los cuales el fiscal dirija la investigación, estableciendo una limitación de por lo menos seis meses.
El informe propone además modificar la ley que tipifica conductas terroristas, dotando al Ministerio Público de las herramientas que permitan llevar de mejor manera la investigación en estos casos.
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