El director de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), el general de brigada Roberto Ziegele, informó esta tarde que es de competencia de la institución que lidera caducar la inscripción de armas a las personas condenadas por algún delito, acción que se concreta previa oficialización del tribunal respectivo, precisando que el caso del ex jefe de la CNI, el retirado general del Ejército Odlanier Mena muerto el sábado, este poseía cuatro armas de colección inscritas, por lo que no podía poseer municiones, y que no recibieron orden para caducarlas luego que el oficial fuera condenado por crímenes de lesa humanidad.
Refiriéndose al caso específico de Mena, quien cumplía condena en el hoy cerrado penal Cordillera y murió en su hogar mientras hacía uso del beneficio de la libertad de fin de semana, Ziegele explicó que «efectivamente y conforme se publicó a través de los distintos medios de comunicación, tenía cuatro armas: una pistola, un revolver y dos rifles. Estaban legalmente inscritas. No se había cancelado su inscripción en atención a que no se había recibido el oficio correspondiente de Tribunales para que se materializara esa solución».
Consultado si hubo negligencia de Tribunales, el director de la DGMN respondió que «No. Yo no lo llamaría negligencia bajo ninguna circunstancia. Hay que tener presente que por la fecha o época en que se produjeron estos procesos coincidió también con la modificación al sistema procesal penal, que posiblemente, producto del cierre de algunos tribunales el traspaso de causas a otros, obviamente es una situación muy especial que puede que producto de eso no se haya oficializado oportunamente a la DGMN para que cancele la inscripción de las armas», dijo.
Los resultados preliminares de la autopsia realizada en el Servicio Médico Legal al cuerpo de Odlanier Mena confirman que habría fallecido por una «herida balística de carácter suicida», según se informó desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, encargada de investigar el caso por la muerte del oficial de 87 años. Mena además dejó tres cartas en las que habría explicado su decisión de acabar con su vida.
Al preguntar por las armas de colección que poseería el ex director de la CNI, de las cuales era imposible que tuviese munición de éstas ya que está penado por Ley, el general Ziegele dijo que «eso es efectivo. El hecho de que él haya tenido armas inscritas como coleccionista le impiden legalmente comprar munición para esas armas inscritas en esa categoría».
«Ahora hay que hacer una salvedad. El año 2005 se produjeron algunas modificaciones importantes a la Ley sobre Control de Armas que implementó una serie de medidas que hizo que la Ley fuese un poco más restrictiva, y en esas modificaciones precisamente, se restringe el hecho de la adquisición de munición para armas que se encuentran en calidad de colección. Anterior a estas modificaciones las Ley era un poco más permisiva, por lo tanto, yo supongo, que si él adquirió la munición en su oportunidad, fue producto de que la Ley tenía algunos vacíos que fueron corregidos a partir del año 2005», explicó.
Respecto de la cancelación de una inscripción y permiso para poseer un arma, el director de la DGMN aclaró que es un proceso ágil, diciendo que «en cuanto la entidad fiscalizadora recepciona el oficio de tribunales, se oficia a la Dirección General. Acá hacemos el trámite correspondiente en el más breve plazo, se remite la resolución a la entidad fiscalizadora quien es la que debe concurrir al lugar donde se encuentra la persona que se debe notificar y le entrega la resolución, y a partir de ese momento esa persona tiene 30 días para solucionar el problema».
En cuanto al tema de la oficialización de cancelación de permisos de tenencia e inscripción de armas, el general Ziegele contó que «en los últimos tres años aproximadamente, han llegado más de 300 oficios de tribunales solicitándonos o informándonos de ciertas condenas que han implicado que más de 500 armas se les ha cancelado la inscripción», agregando que «con Tribunales tenemos actualmente un contacto muy estrecho. Es así que este año, por ejemplo, llevamos aproximadamente 17 mil consultas de tribunales a la DGMN con respecto a situaciones de algunos hechos delictuales consultando si las personas tienen o no tienen armas inscritas».
Consultado de porqué después de cuatro años y medio, de un total de seis, que llevaba cumpliendo su condena el octogenario general (r) Mena por tres muertes vinculadas al episodio Arica del caso de la Caravana de la Muerte, y que por el tipo de condena era pertinente la cancelación de la inscripción de sus armas, aún no era oficializado, Roberto Ziegele respondió que «efectivamente ocurre porque no se recibió el oficio correspondiente que nos indicara a nosotros que se debía cancelar la inscripción de las armas».
En relación a lo anterior, explicó que no fue tribunales el culpable del no cumplimiento de esto, diciendo que «es una situación que producto de el hecho que esto ocurrió bastantes años atrás, el cambio del sistema procesal penal debe haber producido alguna situación que no se detectó oportunamente y no se ofició a la Dirección General», apuntó.
Odlanier Rafael Mena Salinas, era uno de los 10 detenidos del cerrado penal Cordillera que debía ser trasladado hasta Punta Peuco. Él fue el primer director de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo sucesor de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), desmantelada tras el asesinato de Orlando Letelier. En el penal Cordillera ocupaba la cabaña 4 y estaba condenado desde el 3 de diciembre de 2008 a 6 años de cárcel por tres homicidios calificados. Mena era el único de los diez que tenía el beneficio de salida los fines de semana, a contar del 10 de junio del 2011.
El 9 de enero de 2009, jubilado, lo detuvieron en el balneario de Maitencillo. Mena había sido condenado por el triple homicidio de tres dirigentes socialistas en octubre de 1973 en Arica, cuando era coronel y comandante del regimiento Rancagua, en un caso que fue investigado como el episodio Arica de la Caravana de la Muerte, dado que la fecha del crimen coincide con la estadía en Iquique, Pisagua y Arica del general Sergio Arellano Stark y su comitiva. En mayo de este año, el ministro en visita Leopoldo Llanos dictó procesamiento contra Mena y otros siete ex agentes de la CNI por el homicidio calificado del periodista Augusto Carmona, ocurrido en diciembre de 1977. En junio pasado el juez Mario Carroza también lo sometió a proceso por el homicidio calificado del profesor Luis Álvarez Santibáñez, cometido en agosto de 1979.
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