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Historia de impunidad en los delitos contra mujeres lesbianas

por 20 abril, 2019

Historia de impunidad en los delitos contra mujeres lesbianas
Sin tener una sentencia definitiva que responsabilice a los hermanos Cortés, su persecución penal, así como también, la consideración de la agravante de la responsabilidad penal en relación a la motivación por la orientación sexual de la víctima, sin duda, corresponden a un hecho que da esperanza en este largo camino de impunidad que ha existido cuando se trata de juzgar delitos de lesbo-odio.
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El pasado 11 de abril y después de casi dos meses de fuga, fueron detenidos los presuntos autores del delito cometido contra Carolina Torres. En esa ocasión, los hermanos Cortés fueron formalizados por el delito de homicidio frustrado, decretándose la prisión preventiva durante el plazo que dure la investigación, que corresponde a 70 días. En la audiencia de detención y formalización, se señaló como agravante de la responsabilidad penal, el numeral 21° del Artículo 12 del Código Penal, haciendo referencia al hecho de que el delito tendría como móvil la orientación sexual de Carolina Torres, quien, en este proceso penal, es víctima de un hecho criminal que casi le cuesta la vida, por el solo hecho de ser lesbiana.

Sin tener una sentencia definitiva que responsabilice a los hermanos Cortés, su persecución penal, así como también, la consideración de la agravante de la responsabilidad penal en relación a la motivación por la orientación sexual de la víctima, sin duda, corresponden a un hecho que da esperanza en este largo camino de impunidad que ha existido cuando se trata de juzgar delitos de lesbo-odio.

En ese sentido, la falta de justicia para estos casos se repunta a hechos ocurridos en plena dictadura: el homicidio de Mónica Briones, mujer abiertamente lesbiana de 34 años, que fue asesinada a golpes por un hombre de apariencia militar, nunca tuvo ningún responsable. Según la única testigo de este horrible hecho, Gloria Villar, señala que el homicida manifestaba y resaltaba la orientación sexual de la víctima al momento de efectuar el hecho. Este caso, se encuentra prescrito, lo que impide perseguir la responsabilidad penal del o los autores del homicidio.

A pesar del transcurso del tiempo, la impunidad se ha mantenido como la tendencia para este tipo de delitos. Los homicidios de María Pía Castro (febrero 2008) y Nicole Saavedra (junio 2016) son un claro ejemplo de esto, pues son hechos que en la actualidad no tienen a ningún responsable. En el primer caso, se trata de una mujer lesbiana, futbolista reconocida en el sector de Limache. La causa de su muerte es un golpe en su cráneo producido por un tercero. Además, su cuerpo fue quemado posteriormente a su muerte. La investigación se encuentra cerrada, sin imputados ni pruebas vinculantes respecto a la identificación del o los culpables, a pesar de los esfuerzos realizados por la familia para encontrar justicia y hoy también se encuentra prescrito.

Nicole Saavedra, joven de 23 años, fue encontrada muerta en un predio, también, en la localidad de Limache, con signos evidentes de haber sido torturada previo a su muerte y la historia no tiene tintes tan diferenciados. Desde su inicio, existieron irregularidades que no han permitido encontrar a un responsable, incluso, aun existen dudas respecto del tipo penal que se investiga, pues se habló de un homicidio, cuando por los antecedentes resulta más ajustado investigar y juzgar por un secuestro con homicidio. Al respecto, en la actualidad el Ministerio Público, que es el ente encargado de la persecución penal, no cuenta con avances significativos para formalizar la investigación. Sin embargo, este caso tuvo una alta connotación pública, por lo que es una prioridad nacional su investigación y su respectiva resolución. De esto, ya han pasado casi 3 años.

Si bien, el avance en el caso de Carolina Torres es una esperanza para las mujeres lesbianas que sienten la desprotección del Estado y sus agentes, en caso de ser víctimas de un delito lesbofóbico, resulta imperativo no quedarse tan solo a la espera de una resolución judicial que marque un precedente, sino que, además, se deben promover diversas políticas públicas, que promocionen, a través de la educación y formación, el respeto a la orientación sexual, identidad y expresión de género. Esto, no solo debe ir dirigido a las autoridades y administradores de justicia, sino que, además, al núcleo familiar y cercano y a la sociedad toda. Asimismo, se deben modificar herramientas como la Ley Zamudio, para que resulte un mecanismo efectivo en la protección de derechos humanos de las mujeres lesbianas y de la comunidad LGBTI+ en general.

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