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Violencia estatal hacia hortaliceras mapuche: análisis interseccional de la razón colonial patriarcal en el Wallmapu

por 15 mayo, 2020

Violencia estatal hacia hortaliceras mapuche: análisis interseccional de la razón colonial patriarcal en el Wallmapu
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Hace menos de un año atrás publiqué mis reflexiones en torno a este mismo tema. Hoy, en medio del actual escenario, creado por la crisis sanitaria asociada al Covid-19, es necesario volver a poner el problema en el espacio de la reflexión y debate público, pues los incidentes se repiten, como  muestra de la porfía en determinadas prácticas gubernamentales, en donde ni las circunstancias actuales y la complejidad del escenario para miles de chilenos en situación de desprotección parecen movilizar actuaciones criteriosas por parte de las autoridades.

La situación de las hortaliceras mapuche de Temuco se muestra como un ejercicio de  hostigamiento y criminalización por parte del municipio, ocupando nuevamente espacio en redes sociales y la prensa, revelando parte de las tensiones cotidianas en esta zona periférica con respecto a la capital y su conocido centralismo, donde este tipo de situaciones se mantienen desatendidas, pese a su persistencia. En lo medular, en virtud de un decreto municipal introducido por el alcalde de Temuco, Miguel Becker, se  impide a un grupo de  mujeres mapuche, conocidas como las hortaliceras, ejercer su actividad tradicional,  el comercio de sus productos en el centro de la ciudad, práctica de carácter histórico-patrimonial del paisaje de la ciudad. La radicalización de la prohibición de este tipo de comercio se da ahora en el contexto del Covid y luego del levantamiento de la cuarentena en la región, lo que motivó a las hortaliceras a retomar sus puntos de venta, tras un largo periodo de inactividad y por ende, desmedro económico.

La semana pasada estas mujeres fueron objeto de la violencia de personal de carabineros, con detenciones y destrucción de productos de venta. Las hortaliceras acusan discriminación,  enfrentadas al amedrentamiento que involucra  disponer una calle completa con contingente policial para impedirles su actividad comercial mientras el comercio establecido goza de todas las garantías, pese a los riesgos de contagio en la aglomeración de público. La situación se hace insostenible por el grado de violencia empleado hacia estas mujeres, donde se incluyen personas mayores y también menores de edad, quienes realizan una actividad tradicional.

Se trata, en definitiva, de un ataque colonial patriarcal y racista, ejercitado por siglos en la zona y que se mantiene como la muestra viviente de una lógica de poder, la razón colonial patriarcal racista. 

Sumado al actuar de carabineros, es necesario poner en cuestionamiento el empleo que se hace por parte de la autoridad regional de inspectores municipales, cuya principal función ha sido el hostigamiento constante a los vendedores ambulantes y, particularmente a las hortaliceras. Este tipo de administración parece ciertamente reproducir una suerte de régimen feudal, muy bien graficado en los abusos de poder de estos inspectores, que operan más bien como una suerte de capataces urbanos. La semana pasada, por ejemplo, el asedio se extendió a los compradores de las hortaliceras con la aplicación de multas que van de una tres UF.

Este escenario donde parece reproducirse una lógica patronal obliga a reflexionar sobre el estado de las políticas y el manejo de las prácticas de gobierno en la Araucanía, en territorio mapuche o Wallmapu. Volver una y otra vez sobre ello revela la necesidad de revisar el fracaso de la mal llamada “política intercultural” cuando la evidencia revela, en este particular caso, que enfrentamos una política de carácter colonial, históricamente usurpadora de derechos y que reproduce la violencia avasalladora de un Estado asimilacionista sobre este territorio.

Vuelvo a insistir, como lo hiciera hace menos de un año, que la ordenanza municipal es contraria al espíritu y normativa de derecho internacional en la materia, el Convenio 169 de la OIT. En este documento se consagra el derecho de los pueblos originarios a sus prácticas tradicionales, dentro de las cuales se incluye, por cierto las actividades económicas de subsistencia en tanto factores de “preservación de su cultura y de autosuficiencia y desarrollo económico” (Convenio 169, 1989). El texto es claro en señalar que los países que han suscrito deben promover y proteger estas prácticas. Esto subraya el incumplimiento de tratados internacionales por parte de nuestro país, en cuanto a las garantías de desarrollo de los pueblos originarios. Ello va de la mano con el carácter autoritario y centralista de nuestro país, donde se reproduce una suerte de desdén y negligencia con respecto  a lo que ocurre fuera de Santiago, la periferia, siendo la Araucanía, por cierto, la región más maltratada y descuidada desde los inicios del Estado-nación chileno. En el contexto actual, por ejemplo, vale la pena recordar que es la segunda región con más casos de Covid-19, después de la región Metropolitana y continua ostentando el triste récord de ser la región más pobre del país, donde la capacidad de respuesta del sistema sanitario está ciertamente siendo puesta a prueba. Como factor subyacente estructural, la precariedad material y pobreza de la región son factores que complejizan el escenario y afectan el bienestar de quienes se encuentran en mayor desventaja, donde esta crisis golpea con mayor impacto, siendo el impacto económico uno de los ejes más problemáticos.

La vulnerabilidad de la Araucanía requiere un análisis desde lo estructural y que se haga cargo de racialización de tal vulnerabilidad. La violencia estatal hacia el pueblo mapuche es tan evidente que llegó a ocupar un lugar muy importante dentro de las denuncias del estallido social de Octubre. Esa violencia materializada en este tipo de actuaciones en que, la llamada política de pueblos originarios es letra muerta en el papel, esta sucumbe ante los discursos sociales que reproducen prejuicios institucionalizados y la discriminación histórica que sufre el pueblo mapuche. Sin embargo, es necesario subrayar que el impacto es desigual y eso obliga a visibilizar la particular situación de las mujeres hortaliceras en su condición de víctimas de una multiplicidad de fuentes de dominación y violencia. Aquí en donde la entrecruce  de discursos racistas, misóginos y clasistas se materializan en la denegación de sus derechos económicos, sociales y culturales. El enfoque interseccional, una   herramienta analítica de la discriminación de raza y género, aporte del feminismo negro en Estados Unidos (Crenshaw, 1989) nos permite comprender que en toda sociedad la dominación estructural se articula precisamente desde la intersección de  identidades de género, clase y pertenencia étnica. Las lógicas de subordinación y ejercicio de poder social, político e institucional necesariamente impactan más a las mujeres indígenas. Esto ha sido reconocido por CEPAL (2013) como factor de discriminación estructural que los gobiernos debieran abordar.  De ahí que analizar la violencia estatal hacia mujeres mapuche involucra el pensamiento interseccional para poder dar cuenta del ejercicio de poder abusivo bajo condiciones estructurales para tal dominio como son la pertenencia de clase, el lugar geográfico del espacio rural y la jerarquización frente a lo urbano, así como ciertamente ser mujer, pero muy crucial en esta dominación de carácter colonial, ser mujer indígena. Supone la denegación de derechos y más aún la denuncia del carácter patriarcal queda revelada en querer anular una condición de autosuficiencia económica de estas mujeres y reproducir la subordinación. El acto violento de destruir públicamente sus productos, como se hiciera con la destrucción de hortalizas, es un acto de violencia no solo estructural sino también de la esfera de la violencia simbólica, que pisotea -literalmente- el trabajo de las mujeres hortaliceras mapuche, lo invisibiliza y menosprecia,  y con ello su autonomía y empoderamiento. Segato (2014) analiza las maniobras de desposesión por parte de un “frente estatal colonial y patriarcal” que busca la destrucción de las economías y mercados regionales indígenas para supeditarlas al mercado  neoliberal. Y esto es lo que aparece ejemplificado en este caso donde también prima  el resguardo de los intereses de los grandes consorcios económicos. Pero es necesario enfatizar el carácter patriarcal ya que impedir a mujeres una actividad económica es perpetuar las desigualdades de acceso a mercado laboral y por lo tanto, las inequidades de género, que en este caso, además redunda en discriminación racial y atenta contra derechos indígenas.

Se trata, en definitiva, de un ataque colonial patriarcal y racista, ejercitado por siglos en la zona y que se mantiene como la muestra viviente de una lógica de poder, la razón colonial patriarcal racista. Esta es la que sostiene el carácter feudal de la Araucanía, la forma más encarnizada del colonialismo chilensis y sus prácticas de subyugación. Sin embargo, algo que persiste también es la resistencia de estas mujeres y su lucha por la reivindicación de sus derechos, los olvidados derechos económicos, sociales y culturales, con los que el Estado mantiene la deuda y que continuará siendo fuente de tensiones en la medida que estos discursos no sean develados. Esta columna invita a su eso.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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