BRAGA
Créditos: Foto de @Lailumi.naty
Las expertas consideran que la presunción de universalidad de los derechos, que establece la Constitución actual, queda obsoleta cuando existen comunidades que se han visto históricamente desprotegidas y discriminadas.
18 connotadas profesoras y expertas en derecho constitucional, DD.HH y género, quienes trabajan en distintas universidades de todo el país, lanzaron a inicios de octubre 2020 un documento con el objetivo de contribuir al debate y presentar nuevas posibilidades para pensar en una constitución con perspectiva de género. Quienes suscriben este documento tienen dos convicciones: que Chile necesita una Nueva Constitución, y que esta debe reflejar un Estado más igualitario que escuche y recoja las demandas de género.
En este sentido, las expertas destacan siete puntos, sin embargo, históricamente, tres de ellos plantean temáticas en donde se polarizan las opiniones de los ciudadanos, estos son: los casos de subjetividad jurídica y ciudadanía de las mujeres y personas LGBTI, plantear los derechos humanos con perspectiva de género y el reconocimiento de los pueblos originarios y mujeres indígenas. Es por ello que rescatamos el análisis de las expertas en estas tres temáticas a continuación:
La Constitución actual asegura a “todas las personas” determinados derechos fundamentales sobre la base de su sola condición de persona. No obstante, “la supuesta neutralidad del lenguaje de los derechos esconde los obstáculos históricos, jurídicos, sociales, económicos y culturales que han relegado a las mujeres y personas de la diversidad y de la disidencia sexual a una posición subordinada respecto de los varones, tanto en el ámbito privado como público”.
Por tanto, las expertas consideran que la presunción de universalidad de los derechos queda obsoleta cuando existen comunidades que se han visto históricamente desprotegidas y discriminadas. Por ejemplo, la existencia de políticas que no permiten el acceso igualitario a las mujeres a la tierra, la propiedad y la vivienda. Esta y otras formas de discriminación económica y social se traducen en opciones vitales y laborales más reducidas y pobres para las mujeres, lo que las hace más vulnerables.
La violencia de género es otro problema que afecta a gran número de mujeres de manera transversal. “Reflejo de esto es la negación de sus derechos a la salud sexual y reproductiva”. El compromiso con el derecho a la igualdad entre las personas justifica la integración de la perspectiva de género en el reconocimiento y protección constitucional de los derechos de las mujeres.
“Este nuevo punto de partida constitucional haría posible establecer un marco jurídico robusto, que incluya el reconocimiento de la discriminación indirecta y/o múltiple que sufren las mujeres y, agilizar así la adopción de medidas legislativas, políticas públicas y judiciales efectivas que ayuden a remover de manera transversal estos obstáculos”.
La creación del Estado de Chile no hace visible a todos los pueblos originarios en sus particularidades sociales, políticas, económicas y culturales. El proceso constituyente otorga una “oportunidad única para dejar de lado la historia de marginalización, invisibilización y abuso, transitando desde una sociedad que se declara homogénea hacia una sociedad que celebra y reconoce la diferencia”.
Esta segregación afecta con más intensidad a las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos fundamentales pues confluyen en ellas, la discriminación étnica y la de género, o sea, sufren discriminación múltiple.
Según las expertas, suelen estar más marginadas social, económica y políticamente que las mujeres no indígenas. Esto se advierte por las graves afectaciones en el acceso a la salud, a la educación y al trabajo, entre otras. En consecuencia, avanzar en la protección de los derechos de las mujeres indígenas — como de otras mujeres que se encuentran en una situación similar, como las mujeres migrantes— implica combinar distintas estrategias o enfoques de protección: el enfoque de derechos humanos, el enfoque de género y el enfoque de la diversidad cultural.
La filosofía en la que descansan los ideales de libertad e igualdad que sustentan a las democracias modernas es la del liberalismo de la Ilustración, la cual, según las expertas, visualizó un tipo abstracto de “individuo” que suponía de alguna manera universalizar la realidad del hombre, blanco y con recursos. Ello tiende a no visibilizar las realidades y necesidades de quienes no encajaban en esa categoría, es decir, mujeres, pobres, indígenas, extranjeros, etc.
En el siglo XX el liberalismo igualitario y el feminismo llamaron la atención sobre la necesidad de que las instituciones sociales básicas reconocieran y repararan aquellos tipos de injusticias que determinaban las oportunidades de las personas.
Desde el feminismo consideraron necesario cuestionar los roles sociales que, a lo largo de la historia, “han permitido a los hombres una mayor proyección en la esfera pública, a costa del trabajo doméstico y de cuidado que realizan las mujeres”. Así, esta idea de igualdad liberal produce una homogeneidad que no es real, ignorando la diferencia de género.
Finalmente, para las expertas, es necesario lograr una ciudadanía plena para todas las personas, entendida no sólo como el derecho a voto, sino como una ciudadanía que consagra y promueve el paradigma de la igualdad y habilita para ser sujeto pleno de derechos sin restricciones ni obstáculos.
Lee el documento con los siete puntos completos en el siguiente enlace.
