BRAGA
Durante 2015 y 2019 ingresaron al sistema de justicia más de 700 casos por delitos asociados a explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, de este total, solo 39 denuncias terminaron en una sentencia condenatoria para el acusado. El resto de las causas no tuvo ningún tipo de consecuencia.
En 2004 se estimaba que había, al menos, 3.400 niñas y niños siendo explotados sexualmente en Chile. Al día de hoy, se desconoce la magnitud de esta forma moderna de esclavitud. Sin embargo, la invisibilidad del fenómeno no es el único problema, sino también la falta de condenas que tienen las pocas denuncias que logran entrar al poder judicial.
En nuestro país, según información entregada por el Ministerio Público, 7 de cada 10 personas acusadas por los delitos de “facilitación y promoción de la prostitución infantil” y por “obtención de servicios sexuales con menores de edad” quedan sin ningún tipo de sanción.
Entre 2015 y 2019, solo 39 personas fueron sancionadas por este delito. La condena: una pena en libertad. “La no sanción y la no persecusión de estos individuos genera un tema muy duro, muy violento hacia las niñas y niños. Es muy fuerte que sus casos no tengan ninguna solución y que ellas no puedan sentir que efectivamente son víctimas y que han sido utilizadas, maltratadas y violentadas por estos individuos”, advirtió la directora de ONG Raíces, organización que busca combatir la explotación sexual comercial infantil, en conversación con El Mostrador Braga, Denisse Araya.
Así, la falta de condena no repercute simplemente en la impunidad generalizada que sienten los victimarios de este tipo de delitos, sino también en una vulneración al proceso reparatorio del daño que deben sobrellevar las niñas y niños que han sido y son explotados sexualmente en Chile.
La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes ha sido definida a nivel internacional como una forma moderna de esclavitud. En este delito, las víctimas son manipuladas por un adulto para ser involucrarlas en actividades sexuales a cambio de una remuneración que puede ser desde dinero, hasta drogas e, incluso, afecto.
A pesar de su gravedad, la gran mayoría de las causas que ingresan al sistema de justicia por los delitos de promoción y/o facilitación de la prostitución infantil (art. 367) y por obtención de servicios sexuales de menores de edad (367 ter) quedan en impunidad. En los cinco años previos al 2020, solo 6% de los términos de investigación tuvo una sanción para el acusado. Todas estas fueron condenas en libertad por la baja sanción que le designa la ley.
Fuente: Ministerio Público
En Chile, robar una cartera con intimidación, a pesar de que el objeto haya sido recuperado, parte en una pena de 5 años y 1 día. Sin embargo, vulnerar sexualmente a una niña o niño, violando sus derechos humanos, considera una condena básica de 3 años y 1 día. Al ser una pena menor a cinco años, tribunales está obligado a considerar medidas alternativas en libertad.
La psicóloga de la Fiscalía Occidente, Carola Salas, advierte: “¿En qué nos fijamos como sociedad para determinar si esta persona es susceptible de medidas alternativas o no? Bueno, si tiene antecedentes penales previos, si tiene trabajo, si es un sujeto socialmente adaptado y el perfil de los agresores sexuales, en general, es que son sujetos adaptados, que tienen un trabajo, que son buenos vecinos”, señala.
De hecho, según información entregada por Gendarmería de Chile, hasta marzo de 2020 había solo una persona cumpliendo condena tras las rejas por facilitar la explotación sexual de un menor de edad.
En Chile, un 69% de los casos no llega a ninguna resolución, terminando en salidas no judiciales. Es decir: causas que no se siguen investigando y que son archivadas con la posibilidad de abrir el proceso penal nuevamente en el futuro.
“Es muy distinto decir ‘cuando yo era niña me tocó ir al tribunal a contar algo terrible que me pasó, pero me creyeron, me protegieron, lo castigaron’. Es muy diferente cómo cuenta su historia una víctima que ha pasado por un sistema de justicia donde hubo una sanción, a cuando no la hay o cuando ni siquiera hay respuesta”, enfatiza Salas.
Los Programas Especializados en Explotación Sexual (PEE) del Servicio Nacional de Menores llevan años de trabajo con estos niños y niñas y afirman que la mayoría de los casos nunca llegan a una audiencia, y menos a una condena. La directora del centro Kalán de San Antonio, Carolina Díaz, señala que en siete años solo han tenido cuatro casos en el programa que han llegado a un tribunal de justicia y, de estos, solo un caso tuvo condena.
Por otro lado, la directora del centro Cusca Risún en Tarapacá, Cynthia Vásquez, afirma que en seis años han tenido menos de cinco casos en instancia de juicio y recién el año pasado se logró el primer y único caso con sentencia condenatoria.
“La sanción es sumamente importante, aunque no sea una súper sanción. Pero el hecho de que se te tome a ti como una víctima y se te considere alguien violentada, significa que te está reconociendo la justicia y no te digo lo importante que es para las niñas en su proceso de reparación”, advierte Denisse Araya.
La existencia de una condena no es solo importante para demostrar que estas afectaciones a los derechos humanos son intolerables, sino también para las niñas explotadas sexualmente que necesitan obtener el reconocimiento de que ellas fueron las víctimas y no las responsables de las vulneraciones sexuales que sufrieron.
Al día de hoy, se desconoce la magnitud de la explotación sexual comercial infantil en Chile. Sin embargo, sí se conoce y sí se puede trabajar con aquellas niñas que logran llevar sus casos al sistema de justicia. Pero, si la regla es que los explotadores quedarán en libertad, ¿es positivo o más bien una nueva vulneración lo que las víctimas obtienen del proceso penal?
