BRAGA
En 1976 la dictadura le arrebató a cuatro miembros de su familia. Desde aquel entonces, la vida de Ana se volcó a encontrar respuestas y justicia ante los crímenes de lesa humanidad. Su indiscutible compromiso la convirtió en un emblema de la lucha por los derechos humanos.
El 29 de abril de 1976 cambió para siempre la vida de Ana González. Aquel día, agentes de la DINA detuvieron a dos de sus hijos y a su nuera embarazada. Todos fueron secuestrados en un operativo que los agentes del Estado montaron cerca de su casa en calle Sebastopol con Santa Rosa. A la mañana siguiente, su marido Manuel Recabarren corrió la misma suerte, salió en busca de su familia pero tampoco volvió. Hasta el día de hoy, los cuatro son detenidos desaparecidos.
Desde aquel entonces, Ana vivió en una incansable búsqueda de verdad y justicia. Dedicó más de cuarenta años a la defensa de los derechos humanos, hasta que el 26 de octubre del 2018 falleció sin tener respuestas sobre el paradero de los miembros de su familia.
Ana junto a Sola Sierra, Mireya García y Viviana Díaz, fundaron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, entidad que hasta el día de hoy busca justicia por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la dictadura cívico militar.
Asimismo, la labor de denuncia de Ana González fue indiscutible. Participó en la primera huelga de hambre en la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Además, según información del Instituto de Derechos Humanos, junto a Gabriela Bravo y Ulda Ortiz, recorrió Europa y Norteamérica acudiendo a instancias como “las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Cruz Roja Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, el Vaticano, el Consejo de Iglesias de Nueva York, Amnistía Internacional, universidades y medios de comunicación, portando siempre la imagen de sus familiares desaparecidos”. Al regresar a Chile, ella y sus compañeras fueron expulsadas y condenadas a exilio. Sin embargo, “la firme decisión de volver al país y la presión internacional y nacional obligaron a la dictadura a permitir su retorno”. En febrero del 1978, Ana volvió al país.
Tras el retorno de la democracia, persistió en la exigencia de justicia y de verdad sobre el destino de sus seres queridos como también de tantas otras personas quienes, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, fueron desaparecidas por aparatos represivos del Estado.
Con el paso del tiempo, sus manos con sus características uñas rojas comenzaron a notar el paso de los años. “Cómo hemos envejecido, mi viejo, le digo, pero vuelvo a la cruda realidad: estoy contemplando su fotografía en una pancarta. Solo yo he envejecido”, reflexionó Ana en una entrevista al periodista Richard Sandoval a principios de 2018.
Pero pese a que la vida pasaba, la convicción de Ana se mantenía intacta.
El 28 de enero del 2004, la dirigente por los derechos humanos envió una carta al, en ese entonces, comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien en noviembre del 2018 fue condenado por el encubrimiento de 15 homicidios calificados en el denominado Caso Caravana de la Muerte en 1973.
La misiva fue escrita en el marco de las declaraciones que realizó Cheyre por el escaso avance que tenían en el Congreso las iniciativas de derechos humanos del gobierno de Ricardo Lagos. Las cuales, según el excomandante, estaban entrabadas sin dar respuesta a las legítimas aspiraciones de las víctimas y sus familias.
Asimismo, Cheyre afirmó que esa situación también afectaba a las personas quienes estaban vinculadas con crímenes de derechos humanos. “Para los procesados, muchos de los cuales pueden ser incluso no culpables, al no poder avanzar los procesos, ya es una situación casi de venganza”, sostuvo. Cabe recordar que el suegro del ex militar fue Carlos Forestier Haengsen, quien era considerado como uno de los hombres más duros de la dictadura y “estaba sometido a proceso como autor intelectual del homicidio calificado de siete prisioneros del Campamento de Prisioneros de Pisagua y tres detenidos de Iquique”, señala Memoria Viva.
Ante esto, Ana González le escribe “General, dice usted que su señora sabe llevar sus penas. Me alegro por ello, sólo que entre mis penas y las de su señora existe una gran diferencia. Ella sufre por su padre acusado por violar los Derechos Humanos. Yo sufro por los mágicos y soñadores 21 años de mi nuera Nalvia, embarazada de tres meses, por mis hijos Luis Emilio y Mañungo, y por mi esposo Manuel”. Además, agrega que “todos ellos fueron detenidos y ocultados en el fondo de la tierra. Pero yo no sufro sólo por mi dolor de ausencia, muero un poco cada día al pensar lo que mis amados sufrieron, en la más completa indefensión”.
La dirigente le señala a Cheyre que sólo hay una manera que él comprenda. Entonces, lo invitó a ponerse en el lugar del otro. “Piense por un segundo que yo soy usted y le hubiesen arrebatado a sus hijos, a su nieto por nacer, a su amada señora, a su querida madre y nadie le diga absolutamente nada, indefenso frente al Estado, indefenso frente a la Justicia, indefenso frente a los medios de comunicación. Sin embargo, su suegro, el General Forestier, ha tenido la Justicia y el derecho a tener cerca a los suyos; los míos no tuvieron nada, sólo oscuridad y desamparo”, agrega en un relato que plasma la inquebrantable lucidez de una mujer emblema contra la impunidad.
Y cierra la carta.
“Nunca más un 11 de septiembre, nunca más masacres en la Escuela Santa
María, nunca más masacre en Lonquimay, nunca más masacres en el Seguro Obrero, nunca más masacres en Plaza Bulnes, nunca más masacres en José María Caro, nunca más masacres en Puerto Montt, nunca más masacres en ningún rincón del país, nunca más violaciones de los derechos humanos, nunca más, nunca más, nunca más”.
Ana González de Recabarren
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