Yo opino
“Les escribo para ver si pueden ayudarme”, “no me quedan más instancias adonde recurrir”, “inicié una denuncia que ha sido desgastante y sólo me ha traído más problemas”, “no puedo iniciar una denuncia porque estoy en la beca”, “él tiene todos los contactos, yo solo tengo miedo”.
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Desde la creación del Departamento de Género y Salud del Colegio Médico el año 2018, hemos recibido múltiples correos de este tenor, evidenciando una realidad oculta de la que hasta hace poco no se hablaba: muchas mujeres hemos sido víctimas de acoso sexual en los establecimientos de salud.
De acuerdo a datos del Informe: “Violencias de Género en la Práctica Médica” realizado el 2019 por el Colegio Médico con más de 3.000 respuestas de personal de la salud, los porcentajes de violencia sexual, psicológica y simbólica son mayores en el género femenino que en el masculino. En el caso de episodios de violencia sexual en el que los jefes o superiores son los responsables más comunes, resulta atemorizante conocer que un 50% de los agresores realiza sobornos a cambio de favores sexuales, un 33% amenaza por favores sexuales y 28% ejerce acoso físico directo.
[cita tipo=»destaque»] «El acoso sexual atenta profundamente contra la integridad personal y los derechos humanos, es una práctica que se ejerce desde el abuso de poder por lo que resulta esencial visibilizarlo y combatirlo. Si la información no está expuesta, es parcial o no resolutiva contribuimos a que esto se mantenga» [/cita]
Si tenemos identificadas las situaciones, los agresores, las víctimas y las violencias, ¿por qué no se condicen de igual forma con el número de denuncias totales en la actualidad? La respuesta es multifactorial pero, en este escenario, nos planteamos realizar un estudio sobre el contenido de los Protocolos de Acoso Sexual de los 29 Servicios de Salud vigentes a la fecha.
Dentro de los resultados destaca que, en ciertos aspectos, los documentos son débiles: el 31% de los Protocolos no menciona las sanciones hacia quienes perpetran las acciones de acoso, y en un 41% solamente se nombra sin explicitar en qué consiste ni en qué casos. Puesto de otra forma: sólo 8 de los 29 protocolos de acoso sexual de los Servicios de Salud nombran adecuadamente las sanciones al victimario.
En contraste con lo anterior, el 90% de los Reglamentos son categóricos al mencionar las medidas disciplinarias hacia la víctima si el sistema estima que no hay pruebas o si se cataloga como falsa. Un porcentaje elevado si se sabe que en casos de delitos sexuales la literatura internacional señala que las denuncias falsas son muy poco frecuentes. Impresiona a su vez que el 93% de los protocolos no incluye a estudiantes ni a personal no contratado, quedando fuera de los márgenes
del resguardo institucional. Por último, con respecto a medidas de reparación (en las que se cuenta la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) el 34% de los protocolos no las menciona.
Este es el crudo panorama en el que se encuentra una víctima de acoso sexual que está considerando denunciar: antecedentes de violencia de género en la práctica médica, desincentivo de la denuncia, la amenaza persistente de medidas disciplinarias si no logra comprobar, alcance restringido de los Protocolos y el desconocimiento de las medidas de reparación.
Por su parte, las Universidades también han actualizado sus protocolos para enfrentar de mejor forma las prácticas de acoso hacia estudiantes. Si bien celebramos este avance necesario y contingente, aún en su mayoría, solo se logran atribuciones asociadas al equipo docente de la Universidad propiamente tal, contando cómo máxima pena formal la desvinculación del docente de la Casa de Estudio por término anticipado de su contrato como prestador de servicios
educacionales. Lamentablemente, esta medida es insuficiente, ya que luego de ser desvinculado de la Universidad, el docente puede seguir trabajando en el mismo Hospital o Clínica Docente, en función de su contrato de prestación de servicios médicos pactados con el Campo Clínico directamente.
Estos problemas se mantienen a la fecha, amparados en una falta de un protocolo vinculante entre universidades y servicios de salud, que aborden en términos globales a sus estudiantes y sus múltiples relaciones jurídicas con otros funcionarios.
El acoso sexual atenta profundamente contra la integridad personal y los derechos humanos, es una práctica que se ejerce desde el abuso de poder por lo que resulta esencial visibilizarlo y combatirlo. Si la información no está expuesta, es parcial o no resolutiva contribuimos a que esto se mantenga. Por su parte, la revisión de los protocolos devela y reafirma la necesidad de contar con normas con perspectiva de género, centradas en la víctima y en la prevención de estas
acciones, que den orientaciones suficientemente claras para llevar procesos que no revictimicen, sean vinculantes entre la universidad y el espacio clínico que sus estudiantes están utilizando y, sobre todo, que su proceso sea un aporte a la reparación de quienes denuncian.
* Para proteger la identidad, la privacidad de las personas que emiten los mensajes de carácter personal se rescató el espíritu de las denuncias y no mensajes textuales.
Esta investigación está en proceso de evaluación para su publicación.
Firmantes:
Valentina Pantoja de Prada; Presidenta Departamento de Género y Salud Colegio Médico de Chile A.G
Vivian González Pellegrino; Secretaria Técnica Departamento de Género y Salud Colegio Médico de Chile A.G
Natalia Harden; Socióloga, Escuela de Medicina, Universidad de Chile
Penélope Valencia; Estudiante de medicina, U. de Chile. Integrante Departamento de Género y Salud Colegio Médico de Chile A.G
Gabriela Jadue; Estudiante de medicina, U. de Chile. Integrante Departamento de Género y Salud Colegio Médico de Chile A.G
