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¿Hasta cuándo seguiremos con los diagnósticos? Es hora de definir cómo abordar la violencia contra las mujeres de forma integral

por 7 octubre, 2021

¿Hasta cuándo seguiremos con los diagnósticos? Es hora de definir cómo abordar la violencia contra las mujeres de forma integral

Crédito: Kat Jayne / Pexels

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Hace algunas semanas el Banco Mundial presentó los resultados del estudio “Hoja de Ruta para el Diseño de una Plataforma Integrada de Gestión de Casos de Violencia contra las Mujeres para el Estado Chileno”, un interesante diagnóstico que identifica los principales nudos críticos que impiden al Estado ofrecer una respuesta oportuna y adecuada a las mujeres víctimas de violencia. Dice el informe que a pesar de los esfuerzos, «los índices de violencia no han mejorado en el país» y que la actual Ruta Crítica Institucional no ha sido suficiente para instalar un modelo de atención integral que asegure todos los servicios requeridos por las mujeres afectadas. 

En esencia, este diagnóstico recoge lo que las organizaciones de mujeres hemos venido alertando en la última década. Señala por ejemplo, que las distintas instituciones encargadas del tema no trabajan coordinadas, no están interconectadas y entre ellas no se da un flujo de información transparente; cada una cumple sus funciones y tareas, pero en solitario. O que el sistema integrado de respuesta es lento y que falta capacitación y especialmente, sensibilización del personal, y es que si el funcionario o las autoridades encargadas del tema no logran sensibilizarse, de nada sirve invertir en capacitaciones o en especialización. 

¿Cuántos diagnósticos más se deben realizar para convencernos de que necesitamos urgentemente definir cómo vamos a abordar la violencia contra las mujeres de forma integral?

Otro de los hallazgos tiene que ver con la desconfianza de las mujeres frente a los servicios estales y con los bajos índices de denuncias. Son muchas las víctimas que todavía no denuncian porque consideran que no se dan las condiciones de seguridad, porque quienes deben protegerte, las policías, los tribunales o los estamentos institucionales, no lo hacen. Además suelen ser revictimizadas y sus procesos judiciales se vuelven lentos y presentan demoras excesivas. La suma de todo esto lleva inevitablemente a debilitar su confianza en el sistema y deja en evidencia la falta de gobernanza de los servicios estatales, que se traduce en serios problemas a la hora de atender, hacer seguimiento y llevar la trazabilidad de los casos.

Nada de esto es nuevo, nosotras lo hemos venido denunciando. Por ello aplaudimos que el informe presente sin eufemismos las deficiencias que tiene la política pública en la materia, los muchos debes que aún nos quedan como país con las víctimas de la violencia de género. 

Ponderamos también que una entidad internacional con el prestigio del Banco Mundial sea quien ponga en evidencia esta realidad, y nos invite a todas y todos a trabajar en un nuevo modelo de atención, que como hemos asegurado reiteradamente, debe contemplar las particularidades de las chilenas, las diferencias que existen de una región a otra y hacer distinciones a la hora de atender a las mujeres más vulnerables como las migrantes, las de pueblos originarios o las de las zonas rurales. 

Somos optimistas del momento histórico que estamos viviendo. Creemos que el nuevo proceso constituyente que se adelanta permitirá incorporar una estructura sólida de derechos humanos, de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes para que desde el momento de nacer estemos libres de discriminación y podamos aportar en la construcción de un país mejor. Esperamos que este diagnóstico entregado por el Banco Mundial sea recogido y tomado en cuenta, pero no podemos ocultar nuestra preocupación frente a la poca disposición que existe para concretar este trabajo urgente. 

Hagamos un poco de memoria. El plan nacional de violencia contra la mujer que buscó articular tareas entre el Estado y la sociedad civil, se trabajó por allá en el año 2014 durante el gobierno de Michelle Bachelet y aunque se planeó hasta el 2018, se sigue aplicando. Y qué decir del Proyecto de Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue presentado en enero de 2017 —también durante el gobierno Bachelet— y aún se encuentra en manos del Senado. Ha pasado los cuatro años de esta administración entre escritorios, tratando de ver la luz. El actual gobierno ya está terminando su gestión y no parece tener mayor interés al respecto, hay mucho silencio, así como hay silencio en los grandes medios de comunicación que no han reparado en este diagnóstico y en los candidatos presidenciales de quienes no hemos escuchado si han incorporado el tema a sus propuestas programáticas, o si conocen estos hallazgos. 

Celebramos el diagnóstico así como sus propuestas, pero nos preguntamos cuántos diagnósticos más se deben realizar para convencernos de que necesitamos urgentemente definir cómo vamos a abordar la violencia contra las mujeres de forma integral. Los avances dependerán de quien llegue a la presidencia y los desafíos tendrán que ver principalmente con nuestra capacidad para ver los escenarios actuales de Chile, analizar los tipos de violencia que se han identificado, tomar herramientas nuevas y desde ahí, desarrollar una política que realmente considere todas las dimensiones e involucre a toda la comunidad.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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