BRAGA
Juan Carlos Torrejón/ Efe
La menor habría manifestado que “no quiere ser madre”, por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir la gestación. Sin embargo, tras la intervención de una organización religiosa la menor supuestamente manifiesta que ya no quiere someterse al procedimiento y fue trasladada a una casa de acogida de la Iglesia Católica.
La semana pasada, un nuevo debate sobre el acceso al aborto se ha abierto en Bolivia tras conocerse el caso de una niña de 11 años que quedó embarazada tras sufrir reiterados abusos sexuales por parte de su abuelastro. La menor ya tiene 22 semanas de gestación, lo que avivó el debate en el país entre los que defienden el derecho de la niña de interrumpir el embarazo y los que rechazan el aborto.
El suceso fue denunciado en el municipio de Yapacaní, en la región oriental de Santa Cruz, donde la menor vivía bajo el cuidado del abusador, su abuelastro de 61 años, ya que sus padres viajaban constantemente por motivos de trabajo.
La niña comentó a una prima «que sentía unos movimientos extraños en su vientre, y la prima le cuenta a su madre y es así que la tía es quien presenta la denuncia» por el hecho, explica a Efe la directora ejecutiva de la Casa de la Mujer, Ana Paola García.
Desde un principio la madre de la niña pidió la interrupción del embarazo, acogiéndose a una sentencia constitucional de 2014 que establece que una víctima de violencia sexual puede abortar sin necesidad de una orden judicial y al margen del periodo de gestación en que se encuentre.
Sin embargo, por la injerencia de una organización perteneciente a la Iglesia católica la mujer desistió de que se interrumpa el embarazo de su niña, denuncia.
Ya que la Iglesia católica abogó en un comunicado la intención de “salvar, cuidar y apoyar con amor de las dos vidas”, ofreciendo “acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre” en un centro para madres adolescentes con el apoyo “material, médico, psicológico y espiritual” correspondiente.
La iglesia ha manifestado su «más firme repudio por la brutal violación» sufrida por la niña, pero insistió en que “ambas son vidas humanas independientes” porque un feto de 5 meses ya es una criatura “bastante formada” que goza de protección legal y que “un crimen no se soluciona con otro crimen”.
La niña estuvo en observación en el Hospital Percy Boland de Santa Cruz hasta ayer martes, cuando recibió el alta médica y fue trasladada a una casa de acogida de la Iglesia católica, donde viven otras víctimas de abuso, situación que ha sido cuestionada por entes estatales y organismos de defensa de derechos nacionales e internacionales.
La menor había manifestado previamente a una junta médica que “no quiere ser madre”, por lo que se le suministró una primera dosis del medicamento para interrumpir la gestación. Sin embargo, luego de que una abogada de la organización religiosa interviniera, la madre presentó un memorial de desistimiento junto a una carta manuscrita en que la menor supuestamente manifiesta que ya no quiere someterse al procedimiento, por ahora paralizado.
“Es un crimen lo que se está haciendo con esta criatura porque en un país justo las niñas no son madres”, sostiene García.
En relación con la situación, el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia señaló este miércoles que someter a una niña a un embarazo forzado «está calificado como tortura».
El organismo instó a las autoridades a «intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura», señalan en un comunicado.
El texto además señala que «el embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación».
Además, según datos de la Casa de la Mujer, en 2020 se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que supone que 104 niñas se embarazan por día en Bolivia, de las cuales 6 son menores de 13 años.
