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A más de una década del asesinato de Daniel Zamudio: Ley Antidiscriminación continúa siendo insuficiente BRAGA

A más de una década del asesinato de Daniel Zamudio: Ley Antidiscriminación continúa siendo insuficiente

De acuerdo a lo que explica la directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido, uno de los principales puntos para robustecer la también conocida Ley Zamudio, es la creación de una institucionalidad que permita centralizar y coordinar entre distintos actores del Estado, la protección efectiva a las diversidades.


Este 27 de marzo se conmemoran 11 años desde que Daniel Zamudio falleció en la Posta Central, luego de ser víctima de un ataque homofóbico el 2 de marzo del 2012 en el Parque San Borja. Los condenados por los hechos fueron Patricio Ahumada Garay, Alejandro Ángulo Tapia, Raúl López Fuentes y Fabián Mora Mora.

El ataque a Daniel marcó un precedente en el abordaje de la violencia contra la comunidad LGBTQ+ en el país, y de hecho agilizó la tramitación y promulgación de la Ley Antidiscriminación, también conocida Ley Zamudio.

Lamentablemente, a más de una década de la entrada en vigencia de esta norma, desde las organizaciones por las diversidades sexuales señalan que requiere una reforma urgente para proteger de manera efectiva a la comunidad.

‘‘Hemos instado a que se de urgencia a la reforma a la Ley Antidiscriminación porque lo que está en juego ahí es el bienestar de un amplio espectro de la población’’, señala la directora ejecutiva de Fundación Iguales, María José Cumplido.

Según explica Cumplido, desde la fundación proponen, ‘‘que la ley tenga por objetivo la creación de políticas públicas que prevengan y erradiquen la discriminación. Asimismo, que contemple indemnización a la víctima y la necesidad de crear una institucionalidad robusta y autónoma que sea capaz de proteger, prevenir y sancionar todo tipo de discriminación hacia cualquier persona en Chile’’.

La directora ejecutiva resalta el último punto sobre la creación de una institucionalidad, ya que esta permitiría a diversos actores del Estado, a trabajar de forma coordinada para la protección de las diversidades sexuales, lo que a su opinión es una de las principales falencias. ‘‘Con la creación de esta institucionalidad se centralizarían y eficientarían los procesos’’, indica María José Cumplido.

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