BRAGA
Créditos Imagen: Salvador Parra – Escazú Ahora
Desaparición de Julia Chuñil: organizaciones hacen un llamado para proteger a defensores ambientales
Julia Chuñil Catricura, dirigenta mapuche y defensora ambiental, lleva un mes desaparecida, su familia y organizaciones exigen activar el Acuerdo de Escazú y mayores esfuerzos de búsqueda.
Un mes desaparecida lleva la dirigenta mapuche Julia Chuñil Caticura (72), el pasado 8 de noviembre, la mujer salió a caminar por un fundo de la zona, pero nunca regresó a su hogar. Tras ello, su familia ingresó una denuncia por presunta desgracia, por lo que Carabineros ha liderado la búsqueda en colaboración de distintos equipos de emergencia.
Ante los hechos, su familia llegó hasta Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y Diputados el pasado 27 de noviembre para denunciar la posible afectación de Chuñil Catricura a manos de terceros.
Julia Chuñil Catricura, presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel y defensora ambiental ha dedicado su vida a la protección del bosque nativo en el sector Los Ciruelos, comuna de Máfil, un ecosistema crucial para la biosfera de la región de Los Ríos.
“Mi tía es una defensora de la naturaleza y líder de una comunidad indígena y bueno, mi tía hace dos años que ella vive atormentada por personas que la han amenazado de muerte, siendo ella una mujer de 70 años. Aun así, ha luchado, se ha defendido de estas personas por sus tierras y las de todos”, dijo Claudia Troncoso, sobrina de Julia Chuñil Catricura ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja.
“Ella siempre nos decía que la andaban persiguiendo, que la querían echar. Yo no me voy a ir, me decía, porque yo quiero mis tierras; para mis animales, para poder limpiar ese campo”, afirmó Pablo San Martín, hijo de la dirigenta mapuche en la misma instancia.
La familia Julia Chuñil y organizaciones ambientalistas solicitan que se invoque el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, el primer tratado que incluye medidas para proteger a defensores de derechos humanos en temas ambientales.
“América Latina se ha consolidado como una de las regiones más peligrosas para quienes protegen derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha registrado al menos 126 asesinatos de defensores en 2023, un número alarmante que refleja la persistencia de la violencia y la intimidación. En su jurisprudencia, la Corte Interamericana ha establecido que los Estados tienen la responsabilidad de proteger la vida y la integridad de estas personas y de prevenir actos de violencia en su contra, como lo señaló en el caso Kawas Fernández vs. Honduras. Sin embargo, en Chile estas obligaciones internacionales aún están lejos de cumplirse”, sostiene Sindy Salazar Pincheira, abogada de la Agrupación de Mujeres Wallpeninas y Colectiva Justicia en Derechos Humanos.
“El caso de Julia Chuñil Catricura no es un hecho aislado, sino un lamentable recordatorio de la urgencia de establecer sistemas de protección efectivos. Defender derechos no debe ser sinónimo de exponerse al peligro ni al silencio forzado. Más allá de los estándares internacionales, es necesario que Chile reconozca el valor esencial de estas personas para construir una sociedad más justa y equitativa”, agregó la abogada.
Ante la situación, casi 700 organizaciones llegaron con una carta a La Moneda para solicitar a las autoridades que se “destinen todos los recursos necesarios para intensificar las labores de búsqueda, aceleren la investigación y adopten medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes defienden el medio ambiente. Hechos tan graves como este no deben repetirse en nuestro país. La vida y el trabajo de las y los defensores ambientales merecen respeto, protección y justicia”.
Amenazas a defensores y defensoras de la tierra
En 2023, al menos 196 activistas fueron asesinados en todo el mundo por defender el derecho a la tierra y a un medio ambiente sano según un informe de la ONG Global Witness. América Latina sigue siendo el lugar con más asesinatos, si bien Chile se aleja de las alarmantes cifras de países como Colombia y Brasil, la organización Escazú Ahora elaboró en 2023 el primer informe diagnóstico de la situación de los defensores ambientales en Chile, en el que registraron más de 35 casos de violencia contra una veintena de defensores ambientales, entre los que destacan las amenazas verbales, las intimidaciones físicas y también el amedrentamiento a través de la vía judicial.
“Todo esto principalmente hacia mujeres de edad de la zona centro y sur de nuestro país. Estos datos deberían alertarnos y llamarnos a tomar acción ya, porque lo que estamos viendo actualmente es que esas amenazas que registramos en 2023 hoy día se están tonando en acciones graves de ataques contra las dirigencias, entre los cuales destaca la desaparición de Julia Chuñil Catricura y también la quema de la oficina Dorita Yauca recién el mes pasado, justamente como una forma de amedrentamiento por su labor en la defensa del medio ambiente”, expresó Sebastián Benfeld, presidente de la ONG Escazú Ahora.
“Es probable que estos casos que estamos registrando no sean la totalidad, sino que delante de esto se escondan aún más agresiones físicas, amenazas e intimidaciones contra las dirigencias. Por eso es importante que el Estado de Chile cumpla con los compromisos que ya adquirió de elaborar este tipo de diagnósticos de forma permanente que permitan insumar el debate político y público respecto a esta materia cada año”, agregó.
Aunque Chile suscribió el Acuerdo de Escazú hace dos años, Benfeld afirma que “aún no contamos con ningún instrumento vigente que permita dar protección efectiva a las y los defensores ambientales. En este sentido, es correcto afirmar que Chile cuenta con un Protocolo de Protección de Defensores, sin embargo, este protocolo no está vigente y no lo estará si no hasta el 27 de diciembre del presente año”.
“En ese intertanto, todas las personas que han sido víctimas de amenazas, ataques y hostigamientos no cuentan con herramientas suficientes para poder defenderse. Por lo mismo, como Escazú Ahora hacemos un llamado insistente al Gobierno a que tome medidas concretas hoy para proteger a las y los defensores ambientales, y entre ellas destacamos el proyecto de ley que se está tramitando actualmente en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados sobre esta materia e instamos al Ejecutivo a que le ponga urgencia a la brevedad. Las y los defensores no pueden seguir esperando”, puntualizó.
