Incumplimiento de medidas cautelares por violencia intrafamiliar: más que costos judiciales

El reconocido actor Juan Pablo Sáez está en el centro de la controversia luego de ser denunciado por su exesposa, Camille Caignard, en un caso de violencia intrafamiliar (VIF). El hecho no solo derivó en medidas judiciales, sino que ha expuesto las consecuencias más profundas de este tipo de conflictos: el poco control y resguardo de las víctimas ante medidas cautelares con prohibición de acercarse y el impacto emocional que esto trae en denunciantes y sus hijos.

Qué pasó

El pasado sábado, ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. En la audiencia de control de detención, Sáez quedó en libertad, pero con la medida cautelar de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima por un periodo de 80 días.

El incidente, ocurrido en Vitacura, incluyó denuncias cruzadas por lesiones leves y el presunto uso de gas pimienta. Posteriormente, Sáez entregó su versión asegurando que no hubo violencia, sino un accidente doméstico que habría causado el esguince cervical de su exesposa.

Sin embargo, el hijo mayor de Caignard, Tomás Brass, reveló en el programa Primer Plano que el conflicto se originó por desacuerdos en el cumplimiento del régimen de custodia compartida de una hija de 12 años. Aunque ambos padres habían acordado alternarse semana a semana en el domicilio —propiedad de Juan Pablo Sáez— porque está ubicado cerca del colegio de la menor y de sus actividades extracurriculares, el actor se habría negado a abandonar la vivienda el día que correspondía el turno de la madre.

Además del conflicto por la custodia, el actor habría incumplido la orden judicial al ser captado en video rondando las inmediaciones del domicilio de su exesposa. Las imágenes fueron difundidas por televisión y, de confirmarse los hechos, esto podría constituir un delito penal.

De acuerdo con información proporcionada de la Corporación de Asistencia Judicial, el incumplimiento de medidas cautelares impuestas por violencia intrafamiliar —como la prohibición de acercamiento— puede implicar penas de reclusión menor en su grado medio a máximo (541 días a 5 años), además de arresto por hasta quince días como medida de apremio.

Juan Pablo Sáez alega “desproporcionalidad en el beneficio a las mujeres”

Posterior a la jornada de formalización, Sáez decidió hablar y dar a conocer su versión de los hechos. “Estoy hoy en un proceso que yo solicité. La otra parte estará solicitando sus derechos también, como debe ser en un Estado de Derecho. Y finalmente hay que confiar en que el sistema, pese a que tiene falencias”, fue parte de su testimonio.

Asimismo, expresó que “existe una desproporcionalidad en los derechos que benefician a las mujeres versus a los hombres. No todos los hombres son malos, así como no todas las mujeres son malas”.

Sobre las lesiones constatadas por su exesposa, el actor afirmó que no se debieron a un episodio de violencia, sino a un accidente doméstico mientras ella jugaba con su hija. Según su versión, Caignard se golpeó la columna al realizar una voltereta, lo que le habría provocado un esguince cervical, motivo por el cual actualmente utiliza un cuello ortopédico.

Los efectos psicológicos del incumplimiento de medidas cautelares

La violencia intrafamiliar es todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica, en contra de una persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia.

En este contexto, es fundamental recordar que el incumplimiento de medidas cautelares no solo representa una infracción legal, sino una revictimización que puede amplificar el daño emocional y psicológico para quien sufre la violencia. La exposición reiterada al agresor —incluso cuando existe una orden judicial en curso— puede desencadenar nuevos episodios de ansiedad, miedo y desconfianza en el sistema judicial.

“En muchos casos, las víctimas se ven forzadas a modificar su rutina, cambiar de domicilio o vivir en constante alerta”, enfatiza la sicóloga Soledad García.

“Para quienes ya han atravesado una situación de violencia, volver a enfrentarse al agresor, aunque sea desde lejos, reactiva el miedo, la ansiedad y el estrés postraumático”, agrega.

Es más, cuando hay niños involucrados, los efectos se multiplican. Presenciar episodios de tensión, desobediencia a normas legales o directamente de violencia entre sus cuidadores afecta su desarrollo emocional. Estudios han demostrado que niños y niñas expuestos a estos entornos presentan mayor riesgo de ansiedad, depresión, alteraciones del sueño y dificultades escolares.

Además, los intentos de mantener la rutina, como seguir viviendo en el mismo hogar o asistir al mismo colegio, pueden verse truncados si uno de los adultos no respeta los acuerdos. “Se rompe la estabilidad que buscaría preservar la custodia compartida”, afirma la especialista.

Según la ley chilena, el delito de maltrato habitual contempla agravantes como la comisión en presencia de niños, niñas y adolescentes. La normativa establece penas más severas y medidas como la prohibición de acercamiento, la obligación de abandonar el hogar común, asistir a terapias, y la incautación de armas, incluso con tenencia legal.