Eliminar los ministerios de la Mujer: experta asegura que es un retroceso de 70 años

La reciente decisión de Ecuador y Panamá de eliminar o reducir a secretarías los ministerios de la Mujer encendió las alertas de expertas y organizaciones feministas en la región. No es el primer país

El gobierno de Javier Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2023, degradándolo a subsecretaría y cerrándolo definitivamente en junio de 2024. Además, cerró la agencia para la protección contra la violencia de género, debilitando seriamente la estructura estatal de cuidado.

Ahora, Panamá planea “reformular” el Ministerio de la Mujer para integrarlo dentro del Ministerio de Desarrollo Social o que vuelva a ser un instituto, mientras que Ecuador lo fusionará con el Ministerio de Gobierno, medidas que han recibido el rechazo de organizaciones feministas en ambos países.

Para Teresa Incháustegui, vicepresidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Mesecvi) de la OEA, estas medidas representan “un retroceso de 70 años” en los derechos de las mujeres y en los esfuerzos por garantizar su seguridad y bienestar.

¿Por qué importan estos ministerios?

Los ministerios de la Mujer han sido, durante décadas, espacios clave para dar visibilidad a las violencias que viven miles de mujeres y niñas cada día, y para impulsar políticas públicas de prevención, protección y reparación.

Aunque muchas veces han funcionado con presupuestos mínimos, han logrado abrir rutas de acompañamiento legal, psicológico y social que han significado un respiro y una oportunidad de cuidado para las víctimas.

Debilitarlos —advierte Incháustegui— significa dejar a las mujeres más expuestas en países donde la violencia de género sigue cobrando vidas. Por ejemplo en Ecuador, organizaciones reportan un feminicidio cada 21 horas.

“Pasarlos al traspatio, degradarlos jerárquicamente, es una señal de que no es importante. Y esto nos regresa a mucho antes de los años 70, cuando se empezaron a reconocer los derechos de las mujeres”, explica la socióloga mexicana.

¿Corriente “antifeminista”?

Quienes apoyan estos cierres los justifican como medidas de ahorro y eficiencia. Sin embargo, Incháustegui aclara que el gasto público destinado a los ministerios de la Mujer es simbólico: “En promedio, cada mujer atendida recibe un apoyo equivalente a uno o dos dólares diarios. No es un gasto, es una inversión en vidas más seguras”.

La experta insiste en que lo que necesitan estos organismos es ser fortalecidos, no debilitados, porque son los que garantizan atención especializada, acompañamiento y la posibilidad de romper los ciclos de violencia.

“Tenemos que reconocer que hay un intento, que no es para nada tímido, de dar un portazo a los avances de las mujeres e iniciar una vuelta atrás. Y lo estamos viendo materializarse en Estados Unidos, lo vimos en el Brasil de (Jair) Bolsonaro, lo estamos mirando en la Argentina de (Javier) Milei, y también ahora en Ecuador y las intentonas en Panamá y en Perú, etc…”, señala.

En junio, las expertas alertaron de que iniciativas legislativas que estaban en trámite en el Congreso de Perú amenazaban con debilitar las competencias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en materia de atención y protección a víctimas y sobrevivientes de violencia de género “poniendo en riesgo su acceso a servicios especializados e integrales”.

“Lo que quieren mandar es la señal clara de que hay que detener a las mujeres, que hay que detener el avance de las mujeres”, añade.

La experta del Mesecvi afirma que en esta ola “se explica esta emergencia del masculinismo antifeminista, sobre sobre todo en jóvenes, que estamos viendo surgir como parte de estos movimientos de ultraderecha en América Latina”.

Un llamado al cuidado y la responsabilidad

Naciones Unidas declaró el 1975 como el Año Internacional de la Mujer y realizó la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer que reunió a delegadas de todas partes para discutir la situación de las mujeres y promover la igualdad de género.

“Esto (los cierres) nos pone nuevamente a la cola de todos los sectores que no tienen centralidad en la visibilidad política ni en las prioridades de la agenda”, añade la socióloga mexicana.

Así, Incháustegui cree que, más bien, estas medidas son una señal de que los gobiernos están desconociendo “las brutales agresiones que viven diariamente las mujeres”.

“Están volteando para otro lado frente a todas las formas de violencia a las que se enfrentan las mujeres, sobre todo en términos físicos, verbales y laborales, pero también en términos de esa dificultad tan grande para el acceso a la justicia, que es violencia institucional, que se agrega a la violencia directa que reciben las mujeres de sus parejas y exparejas”, alerta.

Estos cierres, agrega, representan incumplimientos de los países a compromisos internacionales adquiridos con la Convención de Belém do Pará o con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).

“Apelamos a la buena fe y a la decencia política de los gobiernos que firmaron estas convenciones. Esperamos que estas decisiones no se efectúen o que puedan revertirse”, concluye Incháustegui.