BRAGA
”Todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia”, es un principio que rige la ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género, y que se encuentra ad-portas de ser promulgada. Esta enunciación también ha sido pilar de las diversas luchas de los movimientos de mujeres y feministas en el mundo y en Chile desde el inicio del siglo XX.
Es importante señalar que, a pesar que en la última década hemos avanzado en visibilizar las violencias que enfrentamos las mujeres, los números nos muestran que sigue siendo un problema transversal. Así lo refleja la IV Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar (ENVIF, 2020), la que revela que el 41% de las mujeres en nuestro país ha vivido algún tipo de violencia.
Por ello, consideramos que esta ley marca un hito al establecer medidas para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, puesto que avanza en el reconocimiento de diferentes formas de violencias y cuestiona su histórica normalización. Específicamente, a las ya conocidas formas de violencia psicológica, física, sexual y económica, se añaden la de tipo simbólica, institucional, política, laboral y gineco- obstétrica. Además, la normativa reconoce como forma de violencia de género el maltrato que se ejerce contra hijos e hijas y cuyo fin es agredir a sus madres y/o cuidadoras.
Así mismo, la ley promueve una educación no sexista y establece protocolos para abordar estas violencias en las instituciones del Estado. Por lo cual, la coordinación interinstitucional será clave para su implementación efectiva, enfocándose en la sensibilización, formación y atención a las víctimas/supervivientes por parte de funcionarios/as de los Ministerios de Salud, Educación, del Interior, entre otros.
El mandato de la ley es claro: los diversos Ministerios y otras instituciones estatales, que son parte de las rutas de denuncia, atención y reparación de las mujeres, deberán otorgar a sus funcionarios y funcionarias la formación y herramientas adecuadas para realizar estas acciones. Y por ello, el desafío país es enorme, ya que la violencia patriarcal es estructural y su abordaje implica cuestionar las bases políticas y socioculturales de la sociedad chilena. La formación, la generación de protocolos de intervención y la desarticulación de estereotipos y prejuicios son esenciales en esta línea. Vale decir, que
según estudios realizados por el Poder Judicial, se ha evidenciado la existencia de imaginarios machistas en torno de aquellas mujeres que realizan denuncias por violencia de género; especialmente, por considerar que se utilizan dichas denuncias para obtener beneficios en otras causas, como de alimentos y, además, se cuestionan las motivaciones para denunciar, sugiriendo la instrumentalización del sistema judicial.
Por ello, el papel de la formación será clave, especialmente para los y las profesionales que trabajan con víctimas/supervivientes, quienes deberán ejecutar acciones en las cuales tendrá un carácter fundamental el enfoque interseccional en el abordaje de las violencias contra las mujeres.
