El Informe Cass no descalifica los tratamientos de hormonación de manera definitiva más bien, destaca la necesidad de una evaluación individualizada de cada caso debido a la evidencia limitada a largo plazo.
“Niños en peligro” es el título de la columna de opinión de Daniel Mansuy publicada en El Mercurio hace una semana, en donde pone de manifiesto que los tratamientos de hormonación en adolescentes simplemente serían “el deseo de hacer avanzar una agenda ideológica carente de toda base científica”, cuestionando, así, al gobierno por la Ley de Identidad de Género. Sin embargo, su columna se basa en cuatro puntos cubiertos en falacias argumentativas que procedemos a discutir.
Primero, Mansuy realiza una interpretación inadecuada del Informe Cass, arguyendo que consistiría en una revisión sistemática que lanza graves acusaciones sobre quienes han impulsado tratamientos hormonales. El informe es una revisión independiente, que evaluó evidencia de 6 artículos de revisiones sistemáticas, 2 guías clínicas, y 2 recomendaciones; lo que desde el punto de vista metodológico dista del proceso de realización de una revisión sistemática. Lo segundo es que el Informe Cass no descalifica los tratamientos de hormonación de manera definitiva más bien, destaca la necesidad de una evaluación individualizada de cada caso debido a la evidencia limitada a largo plazo. El informe, en ese sentido, no llama a abandonar los tratamientos de este tipo, sino a mejorarlos y asegurar que cada NNA reciba la atención más pertinente de acuerdo sus necesidades. Por otra parte, es necesario reparar en la elaboración de falsas analogías entre las decisiones médicas y el consumo de sustancias, tal como lo hace el señor Mansuy al comparar la capacidad de los menores para tomar decisiones sobre su identidad de género con el consumo de alcohol o tabaco. Las decisiones médicas relacionadas con la identidad de género se toman en un contexto clínico, bajo la supervisión de profesionales de la salud, que se basan en evaluaciones que consideran el bienestar físico y mental de NNA.
A su vez, resulta impertinente que Mansuy sugiera que los debates médico-éticos al respecto rechazan la diversidad de opiniones, toda vez que es reconocido que la comunidad científica fomenta el debate informado y basado en la evidencia, sobre todo ante este tema. La crítica constructiva y las dudas conforman los puntales del progreso científico, siempre y cuando se fundamenten en datos sólidos y no en prejuicios. Afirmar, como lo hace el columnista, que no se permite la evaluación crítica es tergiversar el compromiso continuo de las y los profesionales de la salud con la mejora de los tratamientos y el bienestar de los pacientes.
Añadimos además que Mansuy apunta a la facilidad con que se recetan bloqueadores de pubertad comparándolo con el proceso de acceder a hormonas. Es necesario recordar que en Chile los tratamientos de hormonación en menores se rigen por protocolos que incluyen múltiples evaluaciones psicológicas y médicas antes de cualquier intervención. No existe tal “facilidad pasmosa”, lo pasmoso es el desconocimiento ante esos procedimientos clínicos. En realidad, la dificultad radica en el acceso adecuado a servicios de salud no estigmatizantes, porque esto puede llevar a la automedicación, con múltiples riesgos asociados.
Con todo, urge reconocer que nuestro país ha dado pasos importantes en el reconocimiento de los derechos de las personas transgénero. Dos de estos avances son la Ley de Identidad de Género (N°21.120 de 2019) y las Orientaciones Técnicas (OT) para la implementación del acompañamiento Psicosocial a la identidad de género de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), en la red de salud pública chilena (Minsal, 2023), las cuales buscan proteger y respetar los derechos y la salud de los menores transgénero, acompañando además a los progenitores en este proceso. Asimismo, las OT del Minsal, tienen un rango de edad amplio para poder incluir a las infancias, y poder ofrecer opciones de salud a un grupo que ha sido y es estigmatizado a nivel social y a sus familias, esto no cambia el margen de edad sobre el que la Ley de Identidad de Género es exigible, como lo desliza el columnista cuando declara que aún sin saber firmar un NNA puede realizar el cambio de sexo registral.
El debate sobre la atención médica para NNA transgénero debe basarse en evidencia y en compromiso con el bienestar de las y los jóvenes, evitar la desinformación y los argumentos falaces, por cuanto estos últimos acrecientan los estigmas y limitan de manera significativa el acceso oportuno a la salud pública del país, estimulando indirectamente a la automedicación en NNA. En lugar de ello, debemos encontrarnos en un diálogo informado y empático, que reconozca la complejidad del tema y busque que se preserven los derechos y dignidad de todas las personas involucradas.
La desinformación que prolifera en la relación entre la identidad de género y el acceso a la salud no solo desvía el foco, sino que impone un peligro social que laceran fundamentalmente a los NNA. Eso sí que pone en peligro a los niños.