Hablemos de aborto, pero hablemos de verdad

El debate sobre el aborto no ha sido, no es, ni será fácil. La reciente presentación de un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo con plazos, ha reabierto esta discusión en la agenda pública, dándonos la oportunidad de enfrentar nuevamente una realidad que no puede seguir siendo postergada.

Este debate puede abordarse desde múltiples dimensiones: éticas, médicas, filosóficas, científicas y religiosas. Una de las preguntas más recurrentes y que genera mayor conflicto es “cuándo comienza la vida”. Mientras algunos sostienen que inicia en la concepción y otros señalan que después, es probable que jamás logremos un consenso definitivo sobre esta cuestión. No obstante, sí existe una urgencia ineludible, ponernos de acuerdo en cómo diseñar políticas públicas que, más allá de las creencias personales, garanticen la salud y los derechos de las mujeres, quienes son más del 50% de la población en Chile.

Para evitar que esta discusión se reduzca a consideraciones morales o caiga en mitos y falacias repetidas, es necesario poner sobre la mesa argumentos sólidos, basados en evidencia. Hoy más que nunca, es imprescindible que el debate se dé con altura, responsabilidad y centrado en los Derechos Humanos y con apertura a la igualdad y equidad.

1. La inexistencia de regulación y la persistencia de la clandestinidad en torno a la interrupción voluntaria del embarazo genera profundas desigualdades, inseguridad y riesgo para la vida y la salud. La realidad es clara, las mujeres a lo largo de la historia han abortado, lo hacen y lo seguirán haciendo, con o sin ley. Es una decisión que tiene múltiples causas, incluso por desprolijidades del propio Estado. La verdadera disyuntiva no es si ocurre o no, sino en qué condiciones. ¿No es acaso más responsable que lo hagan de manera segura, acompañadas y bajo estándares de salud pública que disminuyan los riesgos y los daños?

2. La criminalización del aborto constituye una de las pocas figuras legales que penaliza exclusivamente a las mujeres. No existe en nuestro ordenamiento jurídico una ley que penalice únicamente a los hombres por la razón que fuese. Por qué, entonces, mantener una legislación que castiga solo a quienes pueden gestar perpetuando un sistema que deja en manos de las mujeres no solo la criminalización, sino que también, las tareas de cuidado, la natalidad del país y un sinfín de otras responsabilidades sociales.

3. Las mujeres viven múltiples realidades que no pueden ser contenidas únicamente por las tres causales actualmente permitidas. Si bien la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales representó un avance significativo, a siete años de su implementación, la sociedad está preparada para reconocer que estas causales resultan insuficientes para responder a la complejidad de las experiencias reproductivas de las mujeres. Un ejemplo claro fue la falla masiva de anticonceptivos en 2020, que provocó más de 200 embarazos no deseados y/o no planificados. Frente a casos como estos, algunas voces proponen incorporar nuevas causales. Pero la realidad es que nunca habrá un listado que abarque todas las circunstancias posibles. En vez de seguir legislando en base a la excepción, debemos establecer una política pública efectiva.

4. El aborto no es la única solución ni la única vía. Evidentemente además de legislar sobre el aborto hay que considerar otros factores. Por ejemplo la Educación Integral de la Sexualidad, a cuyo debate también se ha cerrado la sociedad y que permitiría que las personas tengan toda la información desde temprana edad para tomar decisiones conscientes y llegar a la edad reproductiva con todas las herramientas para acceder a sus Derechos.

La planificación familiar es un derecho fundamental que garantiza a todas las personas la posibilidad de decidir, de manera libre e informada, si desean tener hijos, cuándo hacerlo y en qué condiciones, pero para poder ejercerla, hay que educar para poder implementarla. Es momento de reconocer que las personas tienen relaciones sexuales y pueden embarazarse, por lo que el Estado tiene el deber de garantizar políticas públicas que aseguren acceso a métodos anticonceptivos, información veraz sobre prevención de infecciones de transmisión sexual, acceso a aborto seguro y acompañado, y herramientas reales para ejercer la planificación familiar. Solo así es posible construir familias desde la decisión y no desde la imposición.

5. Nunca es el momento adecuado para hablar sobre aborto. Y la realidad es que, históricamente, los derechos de las mujeres rara vez han estado en el centro de la agenda. No lo estuvieron cuando se luchó por el derecho a voto, ni cuando se exigió el acceso a la píldora del día después. Se nos dice que este no es un tema urgente y que existen otros que son más relevantes, pero esa excusa ya no resiste análisis. ¿De verdad el Congreso es incapaz de discutir este proyecto de ley mientras aborda otras materias? O, más bien, ¿se esconde tras una supuesta falta de capacidad para seguir postergando un debate necesario?

Tampoco tiene sentido seguir afirmando que a las mujeres no les interesa este tema, como si existiera una sola forma de ser mujer. Somos miles, diversas, con realidades y voces distintas. Un embarazo no planificado le puede pasar a una mujer, pero también debería ser problema de los varones y no distingue clase social, bandera política o creencia religiosa, y sería tremendamente productivo que el debate se centrara en eso, y sacarlo de las disputas de si es una ideología feminista o no. El aborto es un tema de salud que toca a toda la sociedad, o usted que está leyendo esto, ¿nunca ha conocido a una persona que haya abortado espontáneamente o intencionalmente? Si no la conoce, es porque este tema nunca se ha hablado como corresponde.

Espero que estos puntos contribuyan a enriquecer el debate, ampliando miradas y promoviendo una discusión basada en el respeto mutuo y en argumentos respaldados por evidencia. Solo así es posible avanzar en una democracia madura, sin descalificaciones, con diálogo honesto y con el compromiso de construir políticas públicas que respondan a la realidad y a los derechos de todas las personas, no solamente a creencias personales. Defender la vida, la libertad y la igualdad implica reconocer que ninguna mujer debe ser obligada a gestar. Por eso, estoy a favor del aborto.