Caso de Sandra Almeida: la importancia de la incidencia

A fines de noviembre de 2023, Sandra Almeida, de 58 años, fue asesinada por Christopher Pino en Lo Barnechea, quien a punta de golpes y con una pala, terminó con su vida. Su familiares decían que la razón fue porque ella se identificaba como lesbiana, y en el momento del hecho, Sandra defendió a otras mujeres a las cuales el asesino estaba acosando. En un hecho histórico, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente pudo acreditar que la motivación del crimen fue la orientación sexual de la víctima. La sentencia, cadena perpetua contra Pino, se dictará el 6 de agosto.

Hace unos años, la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, presentó una indicación al proyecto de ley que sería conocido después como Ley Gabriela, o ley 21.212 en que se amplía la definición de femicidio, reconociendo este delito en otros ámbitos y no solamente dentro de una relación. Esta ley, si bien muy importante para el movimiento feminista, carecía de una mirada interseccional donde también podían caber la diversidad de mujeres que habitamos este país, y con ello me refiero a quienes se identifican como mujeres, pero también como lesbianas, bisexuales, o trans. Por ello se presentó esta indicación al Congreso solicitando añadir la orientación sexual, la identidad y expresión de género como causantes de un femicidio.

Si bien se mantuvo la indicación hasta su total aprobación, no existió oportunidad para aplicarlo, y en este lamentable caso donde una compañera fue vilmente asesinada solo por ser lesbiana, se pudo emplear por primera vez. 

Ello nos recordó la larga lista de mujeres lesbianas que han sido asesinadas en Chile por su orientación o lesbo odio como le llaman la activistas a este tipo de crímenes. Desde el caso de Mónica Briones, artista y escultora asesinada en 1984 y considerado el primer caso documentado de un crimen de lesbo odio, o el de Nicole Saavedra, la joven de Limache que fue secuestrada, torturada y asesinada por esta misma causa, no lograron sus abogadas y familiares que pudiese aplicarse este agravante. La primera, porque en la década de los ochenta, el contexto era una dictadura conservadora y un sistema judicial antiguo con nula existencia de un enfoque de género; y la segunda, porque el caso ocurrió en 2016 y no alcanzaba a estar dentro de la promulgación de la ley que ocurrió en marzo de 2019.

Por eso, resulta de vital importancia para las comunidades LGTBIQA+ estas sentencias porque nos hablan de que al menos puede existir un poco de justicia y reparación para la violencia histórica contra las personas de las diversidades. Y es crucial también,  la incidencia que logran establecer las organizaciones. Muchas veces acceder a estos espacios, conlleva obstáculos para los activista LGTB, sobre todo, para quienes recién comienzan a activar por esta causa y no tienen las herramientas necesarias para incidir por ejemplo en el Congreso, hacer seguimiento a las leyes o presentar indicaciones. Apoyadas a veces por grupos feministas, muchas organizaciones se han ido curtiendo en solitario para llegar a estos espacios. Es necesario entonces fortalecer esta incidencia que pueda generar un impacto tan grande como la indicación mencionada, ya que, al menos, trae un poco de justicia y tranquilidad para sus familiares y sobre todo, para nuestras comunidades.