Violencia política y digital: Candidatas bajo ataque

A partir del reportaje emanado por un canal de televisión sobre los bots que afectan a las candidatas presidenciales Evelyn Matthei y Jeannette Jara es importante ahondar en el tema de fondo: la violencia contra las mujeres en política. Esto no es una cuestión de ideología, es una cuestión transversal que nos afecta a todas las mujeres que queremos ejercer nuestra ciudadanía política y tener una voz en el espacio público.

La trayectoria de la vida pública y política de las mujeres tiende a estar acompañada por expresiones de violencia de género, constituyendo entonces un escenario de desigualdad en nuestra democracia. ¿Es una excepción lo que ha sucedido hacia la candidata Matthei cuando se le cuestionó su salud mental o cuando el propio presidente del PC aparece contradiciendo declaraciones de la candidata de su partido? La respuesta es simple, persiste una regla de discriminación en el ejercicio de la ciudadanía política, lo que se traduce en la ausencia de condiciones de equidad para la participación de mujeres en el espacio público político.

Respecto de las causas, diversos estudios manifiestan que existe una tolerancia y aval social de este tipo de escenarios, primero: naturalizando campañas digitales violentas o expresiones como “en política todo vale”; segundo: una ausencia de reconocimiento legal, escasez e incluso nula implementación de políticas públicas que aborden la violencia contra las mujeres en política; tercero y quizás lo más relevante, las autoridades competentes que deben implementar marcos normativos asociados a este problema, carecen de una perspectiva de género y, en consecuencia, no existe un andamiaje legal apropiado que garantice la igualdad y la no violencia en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

La violencia que viven las mujeres en la vida pública puede manifestarse a través de violencia física, sexual, psicológica, moral, económica, simbólica y como lo vemos hoy mediante medios digitales. Esta modalidad puede ser ejercida por perpetradores de manera individual o grupal, especialmente a través de redes sociales, o de lo que se denominan habitualmente como bots.

Según un estudio en 39 países (IPU, 2016), más del 80% de las parlamentarias sufrió violencia psicológica; el 44% recibió amenazas graves y el 65% enfrentó comentarios sexistas, principalmente de colegas varones. Estas agresiones buscan frenar e inhibir su participación política.

En México, una investigación documentó que 106 mujeres políticas fueron agredidas; 43 sufrieron intimidaciones o amenazas, en su mayoría anónimas o de grupos armados, y 16 fueron asesinadas en distintos estados. En Argentina, en tanto, otro documento reveló que 9 de cada 10 mujeres reconoció haber sufrido violencia en el ámbito de la política.

En síntesis, las consecuencias para la democracia son profundas y alarmantes. la ineficacia de las normas que deberían incentivar la participación política perpetúa obstáculos para el avance hacia la igualdad, consolidando condiciones de inequidad e injusticia y por qué no decirlo, socavando el principio democrático más básico, la garantía plena de los derechos de las mujeres.