La historia detrás de la corrupción en el Ejército de Chile
El último capítulo del «Milicogate» se vivió ayer, cuando se supo que la esposa e hijos del cuestionado ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba inscribieron 32 autos, según el Registro Civil, entre otros varios Volkswagen, Audi y Mercedez-Benz. En esta entrevista, el periodista cuenta los entretelones de la investigación.
«Toda su fuerza y toda su riqueza se convertirá en su piedra al cuello. Es inevitable». Con esta cita del legendario general vietnamita Võ Nguyên Giáp, del libro «Entrevista con la historia», de Oriana Fallaci, comienza el libro «Traición a la patria» (Editorial Aguilar), del periodista Mauricio Weibel, que revela el desfalco del Ejército de Chile conocido como «Milicogate».
El último capítulo de esta historia se vivió ayer, cuando se supo que la esposa e hijos del cuestionado ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba inscribieron 32 autos, según el Registro Civil, entre otros varios Volkswagen, Audi y Mercedez-Benz, según informó el diario vespertino La Segunda.
La información fue recibida tras una solicitud de la comisión investigadora que indaga el multimillonario desfalco de los dineros del cobre en la Cámara de Diputados.
Fuente-Alba, investigado por enriquecimiento ilícito, ha rechazado dos invitaciones que le ha realizado la comisión investigadora, que indaga el desvío de los dineros de la Ley Reservada del Cobre, justamente el tema del libro de Weibel.
Weibel fue el periodista que destapó el caso con una serie de artículos, que, sea casual o no, sufrió el extraño robo de sus computadores tras la publicación. En su introducción al libro señala que su escritura fue una «travesía».
«Todos los documentos relevantes eran secretos, incluida la Ley Reservada del Cobre. La gran mayoría de los testigos solo estuvieron dispuestos a hablar off the record. Una parte importante de las fuentes recibieron amenazas y no quisieron darle publicidad a ellas», escribe Weibel, presidente de la Unión Sudamericana de Corresponsales, en el prólogo.
Todo empezó por un pequeño desfalco, por 50 millones de pesos con fondos de la mencionada Ley. Pero sería más: sólo el cabo Juan Carlos Cruz gastó más de 2.300 millones de pesos en el casino Monticello, entre 2008 y 2014, donde era cliente premium con derecho a estacionamiento y noches gratis en el hotel del lugar, a pesar de un sueldo líquido de $500.000 al mes.
«Chile destinó 20 mil millones de dólares a la compra de armas entre los años 2000 y 2015. Con ese dinero se podrían financiar 30 hospitales, mil liceos de excelencia, 300 centros deportivos comunales o 35 mil viviendas para erradicar todos los campamentos del país. Pero no, los recursos de la Ley Reservada del Cobre, que entrega para gastos militares el 10% de las ganancias del mineral, no pueden ser revisados y se mantienen en absoluto secreto. Este oscurantismo es el que permitió el mayor caso de corrupción en la memoria del Ejército y quizá de toda la democracia», señala la reseña editorial.
La Ley Reservada del Cobre data de 1958, y fue modificada durante la dictadura militar. Los gastos militares no eran revisados por la Contraloría ni el Congreso. Y se calcula que entre 2016 y 2019, Codelco entregará para la compra de armas más dinero que para el financiamiento de políticas públicas, y actualmente hay unos cinco mil millones de dólares de la Ley en arcas del sistema financiero internacional, mientras aún hay 1.800 colegios sin agua caliente en todo Chile.
El modus operandi del desfalco fueron facturas falsas, con firmas falsificas, entre otros, por reparaciones o repuestos que nunca llegaron, hasta la compra de armamento por millones de dólares. «Hay un aparato de defraudación», confesó en octubre de 2015 el ex coronel Clovis Montero, detenido junto al cabo Cruz. Montero denunció que el dinero se gastó en «casinos, propiedades, caballos y fiestas», y admitió que la corrupción en el Ejército era habitual.
Un oficial que habló de forma anónima con Weibel indica que también facilitaron la corrupción la constitución del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), creada en 2006 para la administración de recursos sin un reglamento que normara su funcionamiento, sin montos mínimos o máximos de operación, ni restricción a la hora de hacer giros, que podían ser cien mil pesos o cien millones de dólares, bajo el mando único de la Comandancia en Jefe, y cuyo servidor fue borrado cuando estalló el escándalo. Todo en medio de un caos administrativo al interior del Ejército , donde incluso convivían distintos sistemas contables.
La colaboración de fuentes internas fue fundamental para develar el escándalo. «Un gran salto en esa investigación se produjo cuando comenzamos a recibir información desde dentro del Ejercito, de parte de uniformados molestos con los actos de corrupción», relata Weibel a El Mostrador Cultura+Ciudad, quien admite que «el gasto en armas de Chile era para mí una obsesión de larga data».
El poder político, en cambio, calló. Durante su trabajo, Weibel debió lidiar con un silencio oficial unánime. «Ninguna autoridad quiso hablar del tema, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Ejercito. Al final, sólo el diputado Jaime Pilowsky comenzó a investigar el tema, ademas de la Justicia, por cierto».
«Esa investigación nació rodeada de silencio», señala Weibel. Paulatinamente, los medios comenzaron a incorporar el tema en su agenda. Luego el Congreso formó una comisión investigadora y la Contraloría comenzó a revisar estas operaciones. La Ley Reservada del Cobre se hizo publica. Es un enorme avance».
Una de las cosas que más sorprendió al autor durante su investigación fue la enorme cantidad de fondos destinados a la compra de armas y la paralela falta de control administrativo sobre estas operaciones.
«Miles de millones de dólares fueron destinados a la Ley Reservada del Cobre, sin que nadie fiscalizara su gasto. Recién desde enero que el nuevo contralor, Jorge Bermúdez, dio prioridad nacional a la revisión de estos procedimientos. Es increíble», dice.
Para el periodista, fue la falta de controles y la existencia de una cultura que permitía saltarse los procedimientos lo que permitió el desvío de fondo.
«Sin embargo, mas allá de la corrupción, este es un problema de seguridad nacional», profundiza. «¿Cómo nadie se percató de las irregularidades, de la vida de excesos que llevaban algunos de los detenidos en el caso? ¿Qué hubiera sucedido si estos mismos militares hubieran recibido fondos de un país extranjero?».
¿Qué lecciones deja el Milicogate? «Que el poder civil no puede perder jamas el control sobre las instituciones castrenses», responde. «Y, sobre todo, que es necesario darle un nuevo uso a los millonarios fondos que se destinan a compra de armas».
