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Lugar funcionó como sitio de tortura y exterminio en 1973

Cultura - El Mostrador

Ejército se opone a declaratoria de monumento nacional de centro de exterminio en Cerro Chena

por 28 septiembre, 2017

Ejército se opone a declaratoria de monumento nacional de centro de exterminio en Cerro Chena
A diferencia de otros sitios de memoria, incluye una edificación que está prácticamente intacta, según sobrevivientes. El próximo 6 de octubre se cumplen 44 años del fusilamiento de 18 personas en ese lugar, incluido un niño de 17 años, a manos de militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo. El Ejército, mediante un documento enviado en marzo y otro en agosto, señala que el proceso de declaratoria no sólo tuvo vicios jurídicos, sino que señala que el sitio de memoria interferiría sus actividades militares.
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Indignación hay en agrupaciones de derechos humanos por la oposición del Ejército a la declaratoria como monumento nacional, mención sitio de memoria, del "Cuartel N° II" de la Sección de Inteligencia de la Escuela de Infantería de San Bernardo (Casas Viejas de Chena), en el cerro Chena, en la comuna de San Bernardo, decidido en junio por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

La declaratoria, ocurrida el 28 de junio, ha sido gestada por la Corporación Memorial Cerro Chena, tras una postulación formal en julio de 2016, en virtud de que tras el golpe de Estado allí fueron torturadas y asesinadas numerosas personas. Sus verdugos fueron militares de la Escuela de Infantería, a la cual pertenece el predio, y que incluye la tristemente célebre "Escuelita", una edificación que permanece prácticamente intacta según testimonios de sobrevivientes.

En el lugar murió un centenar de personas a lo largo de varios días. Uno de los hechos más resonantes fue la ejecución de 18 hombres, incluidos 11 obreros ferroviarios, el 6 de octubre de 1973, una matanza de la cual se cumplen 44 años la próxima semana y que incluirá una tradicional romería en la comuna. El único condenado por los hechos, un ex oficial de Ejército, murió sin purgar su pena por este caso.

El Ejército, mediante un documento enviado en marzo y otro en agosto, señala que el proceso de declaratoria no sólo tuvo vicios jurídicos -entre otros, que la entidad no habría podido expresar sus puntos de vista durante el mismo- sino que señala que el sitio de memoria interferiría sus actividades militares e incluso podría afectar su seguridad ante países enemigos. Cabe mencionar que anteriormente la institución sí cedió varios terrenos para ser parte del Parque Metropolitano Sur.

"Te aseguro que si allí se quisiese instalar una estatua en homenaje al dictador o a los violadores a los derechos humanos, el Ejército de Chile jamás levantaría la voz", lamentó Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

El dirigente sindical Manuel Ahumada, uno de los sobrevivientes del recinto siendo liceano y militante comunista, que estuvo recluido allí con 17 años de edad, en tanto, dijo que "es una pena que el Ejército insista tozudamente en querer tapar esa mancha enorme, sangrienta, pero creo que no lo van a lograr. Les avergüenza que en esas instalaciones, que se supone cumplían un rol en lo que ellos determinan la defensa de la patria, se haya detenido, vejado, torturado y asesinado a compatriotas".

La declaratoria ha sido respaldada por el Ministerio de Bienes Nacionales y la Intendencia Metropolitana. También ha recibido cartas de apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, varios concejales de Paine y San Bernardo, la ONG Crea Conciencia y varios sobrevivientes.

Ahora la ministra de Educación, Adriana Delpiano, de la cual depende el CMN y que debe firmar el decreto de declaratoria, deberá decidir en octubre si acoge o no el reclamo.

Esta es la "Escuelita" donde estuvieron varios prisioneros. Este lugar permanece casi intacto a 44 años del lo sucedido.

Los asesinatos

La matanza del Cerro Chena que se conmemora el 6 de octubre afectó a 18 estudiantes, campesinos y trabajadores, y militantes del PS, el PC y el MIR. En parte se debió a la venganza por la Reforma Agraria, que había sido muy activa en el sector y molestó a varios latifundistas. En el lugar estuvieron detenidos unas 450 personas, entre hombres y mujeres. Las tropas de la Escuela de Infantería además habían sido claves en el asedio de La Moneda el día del golpe.

Once de los asesinados eran trabajadores de la Maestranza San Bernardo de Ferrocarriles, todos comunistas. Otro de los ejecutados, Héctor Hernández Garcés, simpatizante socialista y estudiante de un liceo de Puente Alto, tenía apenas 17 años. También había tres campesinos de Paine y un ex GAP. Los acusaron de querer volar el gasoducto de la maestranza.

Tras varios días de torturas, estos prisioneros fueron reunidos y aparentemente obligados a correr cerro arriba mientras les disparaban por la espalda. El mismo cerro donde, hasta 1973, el poderoso movimiento obrero local solía celebrar el "18 chico" los primeros días de octubre de cada mes.

Algunos de sus cuerpos fueron recuperados por familiares en el Servicio Médico Legal, mientras otros fueron enterrados en el Patio 29 del Cementerio General. Los militares informaron que se les dispararon en un intento de fuga. Antes los prisioneros habían sido ocultados ante una visita de la Cruz Roja.

La Comisión Rettig "alcanzó la convicción de que todas las víctimas fueron ejecutadas al margen de todo proceso por agentes del Estado".

Según el proceso judicial, los responsables máximos fueron el director de la Escuela, coronel Leonel Koenig, que se suicidó años después; su segundo, Pedro Montalva Calvo, quien el año siguiente fue premiado al ser designado director de Gendarmería y luego falleció; y el entonces capitán Víctor Pinto, quien en 2002 fue condenado por el asesinato del sindicalista Tucapel Jiménez y recluido en Punta Peuco, y en 2011 sentenciado por los crímenes de Paine a apenas cinco años en libertad vigilada. Pinto murió el año 2014.

En total, fueron 94 víctimas mortales las cuales pasaron por la Escuela de Infantería, específicamente el Batallón de Inteligencia que manejaba el "Cuartel 2" junto a Carabineros de Paine. De ellas 37 permanecen desaparecidas, 56 son ejecutados políticos y una murió por torturas. Según fuentes judiciales, por estos casos también están acusados los ex oficiales de Ejército Andrés Magaña Bau, Jorge Romero Campos y Alfonso  Faúndez Norambuena, éste último además luego miembro de la DINA y jefe en Villa Grimaldi.

Según documentos oficiales, el Cerro Chena formaba parte de una gran hacienda de propiedad de la familia García de La Huerta, que en el contexto de la Reforma Agraria y para evitar su expropiación, fue donada al Ejército de Chile. Fue inscrito a favor del fisco en 1971 y destinado formalmente en 1976 al Ejército, que ya estaba haciendo uso de él desde comienzos de 1970, instalando el Cuartel N° II de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

San Bernardo era escena de un poderoso movimiento sindical.

La declaratoria

La declaratoria de monumento nacional es sólo un hito más en la lucha de la Corporación Memorial Cerro Chena por preservar el recuerdo de lo ocurrido. Luego que el Ejército acordara ceder parte de los terrenos del lugar para la creación del Parque Metropolitano Sur, en 2014 la Corporación interpuso un recurso de protección para que el acuerdo incluyera un memorial y se resguardara un sector de fosas, afectado por una ampliación de la Ruta 5 Sur. En 2015 se instaló, con autorización del Ejército, una cruz en el lugar, pero luego fue removida por los militares, según denunció el diputado socialista Leopoldo Soto.

Otro hito ocurrió en 2016, cuando por primera vez miembros de la Corporación se reunieron con la oficialidad a cargo de la Escuela de Infantería. Allí le solicitaron permiso para ingresar al recinto y rendir homenaje a sus familiares asesinados, a lo cual el Ejército accedió por primera vez. Para la conmemoración del año pasado ingresó un centenar de personas, aunque por una autorización que está pendiente, es incierto que se repita este año.

En una sesión de junio de 2017 del CMN, Mónica Monsalvez, Laura González y Andrea García, de la Corporación Memorial Cerro Chena, formada por familiares y sobrevivientes del recinto de detención, pidieron formalmente la declaratoria "para poder preservar la memoria histórica y proteger sus vestigios materiales".

En la ocasión expresaron que el Cerro Chena, que en la década de 1960 era un lugar "de encuentro y de vida", tras el golpe de Estado se transformó "en un símbolo de impunidad y muerte".

También dijeron que, a pesar del esfuerzo por obtener verdad y justicia, sólo han podido a la fecha obtener verdad, como ha señalado el ministro de fuero Héctor Solís Montiel. Por el caso de la ejecución de los 11 ferroviarios el único condenado obtuvo el beneficio de la libertad condicional, quedando los hechos en la impunidad.

Agregaron que el año 2000 iniciaron las gestiones para construir un memorial en el lugar que dé cuenta de los hechos, en relación a las orientaciones dadas por los informes de las Comisiones de Verdad y Reconciliación. Y señalaron que "es un deber del Estado y de la sociedad en su conjunto proteger este sitio como un símbolo de las garantías efectivas de no repetición y como testimonio de la vida".

La petición fue acogida por unanimidad. El CMN sólo acotó que, por motivos de seguridad, sería el Ejército el que determine el acceso al recinto de la "Escuelita".

En la ocasión, el CMN fundamentó la declaratoria al señalar entre otros que "el sitio constituye un símbolo de lucha por el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de justicia por parte de las agrupaciones a los derechos humanos y familiares de las víctimas de la represión, siendo identificado como el principal sitio de memoria de la comuna de San Bernardo".

Asimismo, "es una expresión de la historia reciente del país y de la memoria de las víctimas de la represión como política de Estado. Su preservación constituye una contribución a la educación en la promoción de los Derechos Humanos del conjunto de la sociedad y un reconocimiento público de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la región".

Cabe recordar que la existencia la "Escuelita" inicialmente fue negada por el Ejército y recién se acreditó su existencia en 2015, gracias a una declaración judicial de Ahumada, hijo de obrero ferroviario.

"De la 'Escuelita' no hablaba nadie como sitio de detención. Hemos logrado averiguar con las hijas de los fusilados que no existen sobrevivientes que hayan pasado por la 'Escuelita'", dice.

Aquí se ubicaba la "casa del techo rojo", otro recinto de tortura. Actualmente es parte del Parque Metropolitano Sur.

Objeción del Ejército

El Ejército se opuso desde el principio a la declaratoria, siempre con los mismos argumentos. Primero, a través de un oficio de marzo de 2017, del Comando de Ingenieros del Ejército. Luego, mediante un segundo documento del 21 de agosto, documento firmado por el comandante en jefe, Humberto Oviedo.

En el segundo, Oviedo señala que si bien su entidad "ha adquirido un rol preponderante" en materia de derechos humanos y reconoce como "legítima" la aspiración de los familiares de las víctimas a tener memoriales para recordarlos, la declaratoria "debe reconocer límites que se relacionan con la función institucional" como "cuerpo armado", además de señalar supuestos vicios jurídicos en la misma, entre otros, que no tuvo la posibilidad de señalar sus descargos.

Entre otros, argumenta que convertir el lugar en monumento nacional "genera una interferencia insoslayable al desarrollo de las actividades propias de la institución (por ejemplo, a través de visitas continuas de personal civil)".

También alude a "el ejercicio de operaciones militares básicas, todas actividades imprescindibles para que el Ejército pueda cumplir adecuadamente sus misiones", como disparos y detonaciones, así como que en el lugar se concentran gran parte de las unidades de combate de la Región Metropolitana.

El acceso de civiles incluso facilitaría el acceso de "agente encubiertos" de la "Inteligencia adversaria" que podrían "filmar o fotografiar" actividades militares en las inmediaciones.

Críticas de organizaciones

Esta actitud fue duramente criticada por agrupaciones de derechos humanos. La presidenta de la AFDD señaló que "esta ha sido una conducta permanente que boicotea cualquier acción de memoria".

Recordó que en algún momento se instaló una cruz en el lugar, que fue retirada por los militares, y fue repuesta tras fuertes críticas.

"Creo que es el reflejo de lo que son las Fuerzas Armadas chilenas, puntualmente el Ejército de Chile. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades: las Fuerzas Armadas deben tener sitios de memoria en los lugares donde cometieron exterminio, y en general en sus instituciones, que muestren la verdad de lo ocurrido y no resalten para nuevas generaciones la figura de Augusto Pinochet o los involucrados en crímenes de lesa humanidad", dijo Pizarro.

El hecho muestra "lo capturadas que siguen las Fuerzas Armadas por la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional  que permitió el golpe cívico militar de 1973".

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