CULTURA
De las cuatro opciones con que se funciona siempre en política -hacer todo de nuevo, dejar las cosas tal como están, reformar poco a poco, o volver por completo al pasado- la más curiosa e inusual es ciertamente la cuarta. (Por cierto, ninguna de las cuatro es posible “en estado puro”).
Y, a pesar de su extrañeza, la última es la propuesta formulada en este libro, integrado por seis aportaciones de disímil arquitectura, más un elenco de cartas publicadas en la prensa.
Efectivamente, lo que se propone en este texto es la nueva puesta en vigencia de la Constitución de 1925 como marco institucional para el futuro de Chile.
Pero tanto respecto de los supuestos históricos como de las apreciaciones conceptuales, las dudas que plantea el libro son de calibre mayor.
Respecto de los primeras, no es efectivo que las Constituciones de 1925 y de 1833 sean sólo reformas de sus respectivas antecesoras; aunque formalmente se plantearon así e incluyen aspectos de continuidad, la comparación de sus normas muestra evidentes rupturas y discontinuidades en importantes materias; y si se aceptara aquella tesis -que es falsa- entonces la Constitución que debiera volver a ponerse en vigencia en Chile sería la de 1828. Gracioso.
No es correcto tampoco obviar el problema de cuál sería la Constitución de 1925 que habría que poner en vigencia. ¿El texto original? El que incluyó las reformas de 1970? ¿El que incluyó las macro reformas de 1971, mediante el así llamado Estatuto de garantías?
Se afirma también con liviandad que hacia mediados de 1973 todos los actores políticos estaban de acuerdo en tener como marco la Constitución vigente de 1925 (¿qué otra opción podía haber? ¿invocar la de 1833?) pero lo que se olvida es que gran parte de la disputa y del quiebre final tuvo que ver justamente con una reforma constitucional -la de las tres áreas de la economía- que mostraba cuán profunda era la divergencia sobre el marco jurídico fundamental.
Tampoco es verdadero que la Constitución de 1980 sea una ruptura completa con el pasado, una creación ex nihilo. Igual que sucedió con los otros tres textos ya mencionados, hay en la constitución original de Augusto Pinochet normas de continuidad y normas innovadoras.
En la otra dimensión, la de las afirmaciones conceptuales, hay también dos propuestas que difícilmente pueden sostenerse. Primero, ¿cómo puede afirmarse que un texto que dejó de estar formalmente vigente hace ¡45 años! corresponde a la tradición que conviene “conservar”? Y, segundo, ¿qué sentido tendría poner en vigencia el texto de 1925 si los mismos autores afirman que en cuanto se le diese de nuevo valor correspondería proceder a su completa y exhaustiva reforma?
Estas no son las únicas dudas que plantea el libro, pero quizás baste el elenco mencionado para comprender la debilidad de su propuesta.
Arturo Fontaine A. y otros, 1925, Continuidad republicana y legitimidad constitucional: una propuesta, Catalonia, Santiago, 2017, 284 páginas.
Gonzalo Rojas Sánchez. Profesor Universitario. Foro Republicano
