Si bien entre los expertos primó la idea de que era un paso, remarcaron una serie de falencias de la política, como el foco en las ciencias naturales en desmedro de las sociales, la falta de regionalización, así como su enmarque productivista, sin dejar de lado la no consideración de los desafíos que plantean para el sector el estallido del 18 de octubre de 2019 y el arrollador triunfo del Apruebo en el plebiscito.
Sentimientos encontrados generó entre los científicos la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que presentó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación a fines de octubre. Si bien en el mundo científico primó la idea de que era un paso adelante, se hizo hincapié en una serie de falencias: el foco en las ciencias naturales en desmedro de las sociales, la falta de regionalización y su enmarque productivista.
Eso, sin olvidar que el actual contexto sanitario puede condicionar fuertemente la implementación de la política, junto a medidas duramente criticadas por la comunidad científica, como la eliminación de las Becas Chile para el año 2021.
«En el documento publicado en el Diario Oficial se deja muy claro que Chile requiere más ciencia para generar conocimiento y se enfatiza que debe haber mayor conexión entre la generación de conocimiento y la aplicación del mismo. En principio, esta idea me parece correcta, siempre que ello no implique reducir el papel de la ciencia básica, motivada por curiosidad, a solo generar conocimiento que tenga aplicación directa», advirtió la presidenta de la Academia de Ciencias, María Cecilia Hidalgo.
[cita tipo=»destaque»]Por otro lado, Felipe Villanelo recordó que hay un reclamo que tiene que ver con la dignidad. «La gente está cansada de competir por todo, que nada sea permanente, que siempre sea sospechosa de querer aprovecharse, de estar endeudada hasta el cogote. En el mundo de la investigación, esto ocurre también y tiene que ver con el concepto de excelencia, con el desfinanciamiento crónico de las universidades, con la falta de derechos laborales, con la forzosa transformación de cada investigador e investigadora en un minigerente que debe saber más de administración que de otra cosa. Estos temas no cambian en la política de ciencia. Algunos ni siquiera se mencionan», concluyó.[/cita]
El documento, mandatado en la ley que da origen al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, reúne los lineamientos para el desarrollo de políticas públicas e instrumentos de acuerdo a cuatro ejes de acción priorizados por el Gobierno con visión de largo plazo: vinculación con la sociedad; futuro; fortalecimiento del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación; y capacidades institucionales.
«Me parece bien en términos conceptuales, especialmente para ser la primera con ministerio. Sin embargo, en términos de políticas concretas, hay más bien una continuidad que me hace difícil concretar lo que se declara teóricamente», dijo el investigador Felipe Villanelo, miembro de la Asamblea por el Conocimiento y la Investigación (ACIC).
«Hace falta avanzar en políticas más osadas, menos continuistas. Si no, la política como idea se queda en el papel. Por ejemplo, se habla del problema de la centralización y la importancia de superarlo, pero no hay planes concretos para abordarlo, salvo mantener el programa regional e incluirlo en el plan de centros de excelencia, con el detalle que, salvo los centros regionales, los otros están absolutamente concentrados en dos universidades capitalinas», agregó.
Por otro lado, aunque el enunciado general de la política de ciencia es que con el conocimiento que se genere por medio de la investigación en ciencias naturales, exactas, sociales y en artes y humanidades se logrará un camino propio para mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de Chile, no se ve reflejado en los cuatro ejes «que se repiten hasta el cansancio en el documento», criticó el académico Jorge Babul, expresidente del Consejo de Sociedades Científicas. «Parece que la mayor parte de lo que se pretende realizar está más bien basado en las ciencias exactas y naturales y las demás áreas del conocimiento figuran como adorno», advirtió.
El científico y escritor Pablo Astudillo, quien además es miembro fundador de Más Ciencia para Chile y Fundación Más Ciencia, destacó que es positivo contar «al fin» con una política inédita. «Esto marca un hito, sentando un precedente hacia el futuro, pues un país necesita contar con una política clara y ambiciosa en este ámbito. Además e independiente de sus eventuales defectos, este proceso se llevó a cabo en un momento difícil para el país».
Dicho lo anterior, Astudillo alertó que la política propiamente tal ofrece pocas ideas nuevas, tiene un cierto sesgo economicista, se fundamenta en algunas ideas debatibles y contiene omisiones importantes. Un claro ejemplo –a su juicio– es el análisis que se hace respecto al supuesto bajo gasto en I+D «estratégica». Dicho análisis se basa en definiciones que son siempre discutibles y que no atienden al contexto social, cultural y político en que se desenvuelven las investigadoras y los investigadores, el que está caracterizado por presiones para «orientar» el trabajo o para hacerlo más «pertinente» o «relevante».
Además, según Astudillo, este análisis se basa en el gasto del Estado y ni siquiera se detallan los datos empleados, lo que habría facilitado un escrutinio del análisis en cuestión.
«De este modo, el documento insinúa un escenario en el cual pareciera que Chile es una suerte de paraíso para la investigación motivada por curiosidad, algo que no calza, por ejemplo, con las bajas tasas de adjudicación que posee desde hace años el programa Fondecyt», agregó.
Los recursos destinados a ciencia (ahora 0,34% del PIB, frente al 2,38% promedio de la OCDE), sumados a la incorporación de muchas personas al sistema –se ha duplicado la postulación a Fondecyt regular en los últimos 8 años–, han generado una gran competencia por el acceso a fondos. «Esto redunda en que no se financian mucho proyectos meritorios, tanto individuales como asociativos, lo que representa una pérdida para el país, pues se está desperdiciando talento creativo para generar nuevos conocimientos», admitió Hidalgo.
La presidenta de la Academia de Ciencias no cree que prime un enfoque productivista y economicista que rija la ciencia en Chile, pero «existe el peligro de que la política elaborada por el Ministerio de Ciencia presentada en el Diario Oficial se enfoque en este sentido».
Astudillo también cuestionó el proceso de participación en la generación de esta política. «El texto en cierto modo idealiza el proceso de participación, el cual careció de profundidad; la participación era más bien acotada, puntual y sin instancias de involucramiento de largo plazo», comentó.
Como ejemplo, mencionó que el texto se decanta por los criterios de los «laboratorios naturales» y los «retos para el desarrollo», los mismos que ya se venían promoviendo desde hace un tiempo, lo que –a su juicio– lleva a preguntarse para qué hubo proceso de participación, si había criterios que no podían ser modificados o siquiera discutidos. En ese sentido, espera que ahora haya una retroalimentación con la comunidad científica.
«Para que la política no quede en el papel, al menos en lo referente a la investigación, es necesario que esta política sea aceptada por la comunidad académica y científica y que adquiera legitimidad. Para eso, habrá que evaluar la respuesta de la comunidad y si está satisfecha con el resultado, y si la política realmente refleja sus aportes realizados en el proceso participativo», indicó.
Natalia Muñoz, ex representante de Ciencia con Contrato y miembro de la Fundación Axial, lamentó que «estando inmerso en un Gobierno que ha perdido casi por completo la confianza de la ciudadanía», algo que debió ser un proceso entusiasta y ampliamente participativo, se transformó en «un diseño a la medida» y con las limitaciones propias de las autoridades de turno.
Esto se refleja –en su opinión–, en que la política está inspirada, en buena parte, por acciones que ya estaban en marcha sin mayor consulta o socialización previa.
Aunque se intentó generar una etapa de consulta, claramente esta consistió más en una puesta en escena que en un proceso genuinamente participativo e inclusivo. De hecho, los números que se entregan en el documento revelan que muchos actores simplemente se restaron del proceso, lo que demuestra que las autoridades no fueron capaces de generar espacios reales de confianza ciudadana», criticó.
Para Muñoz, hay otros elementos que resultan insólitos, como establecer principios de transparencia y ética como orientadores de la Política, para luego presentar, con gran énfasis en el eje de acción “Futuro”, una fundación público-privada (Data Observatory) que, según Contraloría, se constituyó de manera irregular, con fallas en transparencia y probidad. «Ahí no hay correlato entre discurso y acción, lo cual es bastante bochornoso», advirtió.
Otros de los reparos se relaciona con la falta de vinculación de la ciencia con la educación en todos sus niveles.
«Los investigadores en todas las áreas del saber y la formación de estos son claves para cualquiera política de desarrollo que se fundamente en el avance del conocimiento y en su aplicación. Aún cuando se indica una Subdirección de Capital Humano avanzado y un Plan de Desarrollo de Talentos, no existe una vinculación clara con las universidades, como también la educación preescolar, primaria y secundaria», criticó Babul.
Para el académico de la U. de Chile, la formación integral que aparece como fundamental en la formación de los investigadores y profesionales para las metas que se proponen, no se logra solamente en los estudios de posgrado, sino desde la cuna o antes. «Lamentablemente, el abandono actual en que se encuentran los investigadores en posgrado, como consecuencia de la pandemia, hace muy poco creíble la voluntad de llevar a cabo los objetivos de este Plan», agregó.
Hidalgo, de hecho, apuntó directamente al Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt). «No hay una propuesta sólida de apoyo a la investigación individual financiada por Fondecyt y particularmente por Fondecyt regular, que es la base de toda la generación de conocimiento en el país y que apoya el quehacer de la gran mayoría de los investigadores y las investigadoras», señaló.
Está de acuerdo en apoyar los centros de excelencia mediante un plan nacional, pero asimismo cree que la política de los próximos dos años debería haber considerado también un mayor y significativo aumento de los proyectos regulares, de iniciación y de posdoctorado financiados por Fondecyt. «Es necesario y urgente fortalecer significativamente la investigación individual, que representa la ruta de entrada de los investigadores jóvenes al sistema de CTCI, que así inician sus trayectorias independientes. Y el programa Fondecyt, creado en 1981, apoya la generación de conocimiento en todas las áreas de la ciencia, incluyendo ciencias exactas y naturales, tecnologías, ciencias sociales y humanidades», explicó.
Desde su creación, Fondecyt ha financiado más de 16 mil proyectos de investigación y ha apoyado en distintos períodos la carrera de los investigadores e investigadoras, quienes mediante este apoyo han generado conocimientos cuyos impactos han beneficiado tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general.
«Tampoco se aborda, ni siquiera en el ámbito de las intenciones, el tema de la calidad y la precariedad del empleo en ciencias, y cómo esto interactúa con la desregulación de la oferta en educación superior», lamentó Muñoz.
«Si se revisan los documentos que publicaba Conicyt en los ochenta, en realidad no hay grandes diferencias con los conceptos y las propuestas que se ven en esta política. Las cosas se han actualizado un poco, incluyendo tecnologías y tendencias emergentes, pero el fondo no es muy distinto», añadió.
En cuanto a los sucesos del último año, científicos como Hidalgo creen que tanto el estallido social del 18 de octubre, así como la reciente masiva votación a favor del Apruebo para generar una nueva Constitución, indican que «Chile requiere cambios profundos». «La comunidad científica ha iniciado una discusión sobre el papel que le corresponde a la ciencia en la nueva Constitución y espero que pronto se generen propuestas en este sentido», afirmó.
Para Muñoz, esto es quizás lo más desafiante, porque por más políticas y declaraciones de buenas intenciones que se hagan en materia de ciencia y tecnología, al final todo se sigue haciendo bajo el marco de una Constitución que define un Estado con muy pocas atribuciones para abordar grandes desafíos y transformaciones.
«Esto se agrava con un Gobierno que, en el fondo, no cree en un Estado capaz de realizar grandes tareas y que permanentemente declara su intención de encogerlo o limitar su acción en áreas que estén fuera de la Defensa Nacional y el Orden Público. Para todo lo demás, se defiende un Estado que subsidia, licita y concesiona actividades a entes privados, muchas veces con tremendos conflictos de interés y costos públicos, para que el seudomercado que tenemos en Chile determine el curso de las cosas».
Ella advirtió que «ningún país avanzado ha seguido ese modelo, especialmente en áreas de desarrollo científico y tecnológico, donde siempre han sido grandes esfuerzos e iniciativas públicas directas, complementadas por la iniciativa privada, las que han tirado el carro del desarrollo. Eso es algo que se tiene que discutir a fondo en el proceso constituyente».
En tanto, para Villanelo hay dos elementos claves del estallido que –a su juicio– deberían tener mucha más preponderancia en cualquier política de ahora en adelante: «Una es la marginación del grueso de la población de las políticas públicas, tanto en su diseño como en su implementación. Como decía, esto está presente en el texto presentado por el ministerio, pero no en las políticas concretas».
Por otro lado, Felipe Villanelo también recordó que hay un reclamo que tiene que ver con la dignidad. «La gente está cansada de competir por todo, que nada sea permanente, que siempre sea sospechosa de querer aprovecharse, de estar endeudada hasta el cogote. En el mundo de la investigación, esto ocurre también y tiene que ver con el concepto de excelencia, con el desfinanciamiento crónico de las universidades, con la falta de derechos laborales, con la forzosa transformación de cada investigador e investigadora en un minigerente que debe saber más de administración que de otra cosa. Estos temas no cambian en la política de ciencia. Algunos ni siquiera se mencionan», concluyó.