CULTURA
Entidades como ADCULTURA, ANFUCULTURA y la CICE expresaron su consternación por los hechos y exigieron investigar el crimen. «Los y las artistas callejeros son uno de los grupos más expuestos a la violencia policial al ejercer su derecho al trabajo en la vía pública. Pese a que son ellos y ellas quienes conectan con el alma profunda del pueblo, sorprendiendo, aportando belleza y diversidad cotidiana al alcance de un aporte voluntario, son constantemente maltratados, humillados y agredidos por una fuerza policial que descarga en ellos un odio abusivo, al no poder defenderse y en muchos casos, vivir en la precariedad en la que ni la salud, ni la justicia se hacen presentes», criticaron los funcionarios del Ministerio.
Varias entidades culturales, como ADCULTURA, ANFUCULTURA y la CICE, expresaron su rechazo frente al asesinato del malabarista Francisco Martínez a manos de un carabinero en un control de identidad en la localidad de Panguipulli, ocurrido este viernes en la región de los Ríos, y exigieron una investigación de los hechos.
Los sucesos además se dan en un contexto donde además el sector, duramente golpeado por el confinamiento, se ha sentido abandonado por las autoridades en prácticamente un año sin actividad y una grave cesantía.
Por otro lado, en un video, la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara, Carolina Marzán (PPD), dijo que “no se puede callar al arte con balas”.
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La Asociación Gremial de Gestores Culturales (ADCULTURA) habló este viernes de «dolor y rechazo»
«Hemos sido testigos de la normalización de la violencia ejercida por parte de Carabineros. Esta tarde, una vez más contamos a una nueva víctima de esta violencia normalizada y sistematizada», señaló la entidad en un comunicado.
«Rechazamos rotundamente la violencia desproporcionada con la que viene actuando Carabineros y exigimos que se haga justicia. No a la violencia de Carabineros. No a la normalización de la violencia. No a la violación de Derechos Humanos».
En tanto, la Coordinadora Intersectorial Cultural en Emergencia (CICE), señaló en un comunicado:
«Es indescriptible el dolor y la impotencia que como trabajadorxs de las Culturas, Artes y Patrimonio sentimos, al ver constantemente imágenes de controles de identidad o de oficio hacia el sector por el desempeño de nuestras labores en la vía pública -no sólo sin perjuicio para la ciudadanía- sino que además no representando de forma evidente un peligro para nadie».
«Los hechos de hoy, no son la molestia de siempre, sino que hoy desatan la impotencia de ver a un colega muerto injustificadamente por estar trabajando, un derecho humano universal», continuó.
«Luego de 11 meses luchando inagotablemente para exigir al Estado de Chile medidas de contención para un sector que contempla aproximadamente a 2 millones de trabajadorxs al o largo de todo el territorio, tenemos que soportar hoy -además de la vulnerabilidad económica y social d e esta emergencia- la criminalización y la marginación de nuestro trabajo cuando por fin podemos desempeñarlo».
Para la CICE, «el compañero y colega, malabarista y artista callejero, no sólo ha sido inmovilizado y demonizado, sino que esta vez con un descriterio sin precedentes ha sido asesinado por un irresponsable, absurdo e intencionado actuar de la fuerza de orden y seguridad en una ciudad de la región de Los Ríos, sólo por apelar a su legítimo derecho de ocupar la vía pública y desempeñar su derecho a trabajar».
La CICE exigió al Ministerio del Interior «una investigación exhaustiva, que no sólo pida disculpas, sino que repare de manera sustantiva a la familia del trabajador en cuestión, imputando debidamente a los culpables y llevando a una reforma completa de medidas de todas las prácticas de control de esta institución».
«Estos hechos superan todos los límites. Ya son casi dos años de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos y con ellos algo más de 40 años de criminalización de las culturas, artes y patrimonio en Chile», expresó.
«Estos hechos no pueden quedar impunes, la cultura es identidad, historia y futuro de las naciones; y eso es gracias a sus trabajadorxs», concluyó.
Por su parte, la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, declaró que «estamos nuevamente ante el resultado de una doctrina institucional nefasta como la de Carabineros, combinada con una autoridad civil, que no solo no ha cumplido su rol de control sobre las fuerzas institucionales, sino que, como en un manual de procedimiento, se hace cómplice de asesinatos y torturas, justificando procedimientos, mintiendo y ayudando a entorpecer la labor de la Justicia».
«Nuevamente es un artista callejero, solo y en situación de completa asimetría respecto de un agente del Estado armado, víctima del abuso de una sociedad completa traducida en la violencia policial, esta vez con consecuencias fatales, en una situación que al más mínimo análisis, tenía infinitas salidas apegadas al sentido común, el respeto de los derechos humanos y un procedimiento profesional», agregó.
«Los y las artistas callejeros son uno de los grupos más expuestos a la violencia policial al ejercer su derecho al trabajo en la vía pública. Pese a que son ellos y ellas quienes conectan con el alma profunda del pueblo, sorprendiendo, aportando belleza y diversidad cotidiana al alcance de un aporte voluntario, son constantemente maltratados, humillados y agredidos por una fuerza policial que descarga en ellos un odio abusivo, al no poder defenderse y en muchos casos, vivir en la precariedad en la que ni la salud, ni la justicia se hacen presentes», criticó.
«Como organización solidarizamos con la familia de Francisco y nos sumamos a las movilizaciones que a lo largo del país están revindicando del derecho de este artista a vivir y condenando el abuso policial. Así mismo, condenamos la política de exterminio que el Gobierno sigue profundizando con su represión desmedida y la criminalización del arte callejero que hoy cobra una nueva vida», indicó.
