CULTURA
Se encuentra ubicado en la localidad de La Junta, en la comuna de Cisnes. Fue construido en el año 2000 en un terreno fiscal sin autorización del Consejo de Monumentos Nacionales. La diputada RN Marcia Raphael pide cautelar “la libertad de expresión”, mientras su colega Miguel Ángel Calisto (ex-DC) propone una consulta ciudadana. Los detractores de esta postura rechazan un plebiscito, en vista de recientes fallos judiciales contrarios a monumentos o imágenes de responsables del terrorismo de Estado, como el exalmirante José Toribio Merino y el exgeneral de Ejército Manuel Contreras. Una campaña contra el monumento lleva reunidas 9 mil firmas.
Un monumento al exdictador Augusto Pinochet, en agradecimiento por la construcción de la Carretera Austral, divide a la pequeña localidad de La Junta, en la comuna de Cisnes, Región de Aysén. Una petición en línea para que sea removido ya reunió más de 9 mil firmas.
Actualmente está ubicado en el bandejón central de la Ruta 7 / Longitudinal Austral, localidad de La Junta, comuna Cisnes, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
La placa del monumento dice: “Al visionario patriota. Los habitantes de la Patagonia de Aysén agradecen al soldado que nos sacó del abandono, aislamiento y silencio ciudadano. Gracias por este camino de progreso y unión. Puerto Montt, 15 de febrero de 1986-Villa O’Higgins, 10 de septiembre de 1999”. Como fecha de construcción figura junio del año 2000.
El pasado 18 de mayo, el sociólogo, escritor y doctor en Historia, Pablo Seguel, solicitó oficialmente al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) el retiro del monumento.
En su fundamentación, alega que Pinochet instaló “un régimen dictatorial que gobernó de facto el país desde esa fecha hasta el 11 de marzo de 1990 y que tuvo como un pilar central la vulneración de los derechos fundamentales de la población a través de las suspensión de las garantías constitucionales de los derechos civiles y políticos, tales como la restricción y censura de la libertad de creación, del derecho de información y opinión, de asociación y organización política y la vulneración de los derechos fundamentales del individuo”.
Asimismo, señala que el monumento induce a dos errores históricos “que es preciso subsanar y que perpetúan la violencia simbólica de la dictadura en el imaginario nacional”.
El primero, según Seguel, atribuye la autoría de la construcción de la Carretera Austral a Pinochet, cuando en estricto rigor la construcción correspondió a un proyecto del Estado chileno que comenzó a fraguarse en la década de 1960, por mandato del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y el Cuerpo Militar del Trabajo, más allá de su materialización desde 1976.
En segundo lugar está el hecho de nombrar la Ruta 7 / Longitudinal Austral como “Carretera Austral General Augusto Pinochet Ugarte”, lo cual –a juicio del sociólogo– está fuera de toda norma, por cuanto el Ministerio de Obras Públicas nombró e inscribió dicho camino nacional mediante Decreto 61 del 14 de marzo de 1994.
A esto se suma que este conjunto conmemorativo constituye un Monumento Público construido el año 2000 sin autorización legal del Consejo de Monumentos Nacionales ni del Poder Legislativo.
Según la ley, los Monumentos Públicos y homenajes conmemorativos solo pueden ser instalados previa erogación legal, de acuerdo a las competencias previstas al Poder Legislativo en el artículo 63°, numeral 5 de la Constitución Política de la República (CPR) o mediante un procedimiento administrativo en conformidad con el título IV de los Monumentos Públicos de la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales. Es decir, solo se pueden instalar por una Ley que los autorice y/o mediante un procedimiento administrativo normado por los artículos 17°, 18°, 19° y 20° de la Ley 17.288.
El artículo 17°, ha fijado la naturaleza de los monumentos y la competencia de tuición del Consejo de Monumentos Nacionales respecto de estos.
“Son Monumentos Públicos y quedan bajo la tuición del Consejo de Monumentos Nacionales, las estatuas, columnas, fuentes, pirámides, placas, coronas, inscripciones y, en general, todos los objetos que estuvieren colocados o se colocaren para perpetuar memoria en campos, calles, plazas y paseos o lugares públicos”, especifica la norma.
Asimismo, “ninguna autoridad ni institución del Estado puede iniciar procesos de construcción e instalación de Monumentos Públicos sin una autorización expresa y facultativa del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), de acuerdo a lo contemplado por el artículo 18″.
Finalmente, el secretario regional de Obras Públicas de la Región de Aysén, mediante Ord. N°405 del 14 de noviembre de 2022, constató de manera expresa que la faja fiscal donde se emplaza el monumento en comento posee la condición de camino público y, por ende, bien nacional de uso público y que, como tal, le corresponde a la Municipalidad de Cisnes la administración del mismo.
“En definitiva el monolito en memoria del general Augusto Pinochet, se encuentra emplazado en zona de área verde de la Ruta 7, declara camino público en zona urbana mediante decreto supremo, y corresponde a la Ilustre Municipalidad de Cisnes administrar ese bien municipal de uso público”, señaló.
Desde el CMN se confirmó el ingreso de la solicitud y se informó que será analizada al interior de la Comisión de Patrimonio Histórico, para luego ser evaluada por los consejeros en sesión ordinaria.
Lo cierto es que la remoción divide a la comunidad local, que pertenece a la comuna de Cisnes. El Mostrador intentó contactarse con el alcalde de la comuna, Francisco Roncagliolo (RN), pero no fue posible obtener su opinión.
Quien sí habló fue su compañera de partido, la diputada Marcia Raphael. Ella dice que el monumento lleva más de 25 años en la localidad de La Junta y “nunca ha sido objeto de divisiones”.
“Hay que contextualizar que la construcción de la Carretera Austral representa una de las obras más destacadas del siglo XX y la más grande de que se tenga registro en nuestra región, que permitió lograr conectividad en los lugares más alejados, por lo que la eliminación es una discusión totalmente artificial”, señala la parlamentaria, que anteriormente se desempeñó como concejala, consejera regional y Seremi de gobierno.
La legisladora agrega que el monumento fue financiado con recursos privados y “estoy segura que así como pueden haber vecinos que piden su retiro, hay muchos que piden que se mantenga, por la importancia que tiene haber conectado uno de los lugares más aislados de la región y entregarles a las familias ese beneficio que solo quienes vivimos acá lo entendemos. En ese contexto, la libertad de expresión y la democracia debieran respetarse y funcionar”.
Por su parte, su colega Miguel Calisto, ex-DC, se declara “contrario absolutamente a que existan monumentos en memoria de dictadores, tomando en cuenta las consecuencias que trajo la dictadura en Chile y que, por supuesto, no puede ser motivo de reconocimiento. En ese sentido, yo tengo una opinión personal”, sostiene.
Sin embargo, Calisto cree que es importante, a propósito de este debate y que ha sido de larga data en la Región de Aysén, promover una consulta pública en la comuna de Cisnes, para saber finalmente cuál es la opinión de la gente respecto de este monumento que existe en memoria de Pinochet.
“Yo creo que es importante conocer la opinión de la ciudadanía, de aquellos que viven en la zona. Por lo menos esa es mi posición y espero que, evidentemente, las decisiones que se tomen siempre se hagan respetando la opinión de la ciudadanía”, indica.
La Biblioteca Popular Trinchera Utopía, con sede en la ciudad de Coyhaique, ha lanzado un llamado para remover el monumento y solicita el apoyo de la comunidad mediante una petición en línea.
La petición ya ha sido firmada por más de 9 mil ciudadanas y ciudadanos, y se espera que pronto supere los 10 mil.
Gloria Hernández, parte del colectivo que está reuniendo las firmas, subraya que el monumento “es un mensaje continuo de reconocimiento al dictador”.
“De cierta manera, es un modo de decir ‘estaríamos de acuerdo con que ocurra nuevamente’. Y, por otra parte, si bien sabemos el gigantesco significado de la carretera para quienes habitamos Aysén, esto no es motivo para que se le adjudique el nombre del dictador”, afirma.
Por otro lado, la activista de derechos humanos, María Vera, presidenta de la Agrupación de Derechos Humanos de Coyhaique, asegura que “a 50 años del golpe militar, cuando ya se ha esclarecido claramente cómo se estableció ese régimen y el sufrimiento que trajo consigo para nuestro pueblo, es fundamental que no existan homenajes al genocida Pinochet. Por lo tanto, hacemos un enérgico llamado a retirar este monumento”, agrega.
En junio de este año, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó el retiro de una estatua del exalmirante José Toribio Merino desde el frontis del Museo Marítimo de Valparaíso.
En su fallo, señaló que Merino participó y dirigió las fuerzas navales en contra del Gobierno de la época, legítimamente constituido y que, a contar del 11 de septiembre de 1973, se instauró en el país un régimen de facto, del cual el mencionado almirante formó parte como miembro de la Junta Militar, responsable de muertes, desapariciones y torturas de innumerables personas, de las cuales, a casi 50 años, los tribunales de justicia siguen conociendo, investigando y sancionando, por contarse entre ellos, delitos de lesa humanidad.
Asimismo, en marzo de 2020, la Corte Suprema había ordenado al Ejército de Chile sacar los cuadros del exgeneral Manuel Contreras, exjefe de la DINA, de la Academia de Guerra (La Reina) y de la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes (San Antonio).
Por eso mismo, Seguel es contrario a una consulta, como la propuesta por Calisto.
“Es importante tener en cuenta que los derechos humanos no deben someterse a plebiscito, ya que son fundamentos éticos, políticos y morales del Estado. Las democracias se sustentan en la separación de poderes, en la elección democrática de las autoridades y en el respeto irrestricto de los derechos humanos como base para una convivencia pacífica y una sociedad más justa”, asegura.
Para Marcelo Acevedo, coordinador de la red de Sitios de Memoria, monumentos como estos son “una apología” a un “régimen sangriento, régimen efectivamente de corrupción, régimen que lo único que hizo fue quebrar la democracia”.
“Va contra la legislación chilena actual, contra también lo que tiene que ver con la justicia transicional, y no podemos avalar ni quedarnos con monumentos que efectivamente recuerden una época tan oscura”, concluye.
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