Medioambiente
Créditos: Agencia UNO
Andes Iron contrata al exministro Jorge Correa Sutil y solicita audiencia pública al TC
Andes Iron presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) para avanzar con su proyecto Dominga, tras el rechazo en el Comité de Ministros.
Andes Iron, la minera de propiedad del empresario Carlos Alberto Délano, vuelve a lanzar una arremetida judicial para avanzar con su megaproyecto minero-portuario Dominga.
La mañana de este martes, la empresa ingresó al Tribunal Consitucional (TC) un escrito en el que develó que contrató los servicios jurídicos de Jorge Correa Sutil, experto constitucionalista y exsubsecretario del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos, según informó La Tercera.
Además, entre 2006 y 2009 se desempeñó como ministro del TC y ha defendido a jueces de la Corte Suprema, como Sergio Muñoz y Manuel Valderrama.
El proyecto minero-portuario Dominga llegó al TC luego del rechazo del proyecto en enero del 2025 en el Comité de Ministros. No obstante, vale destacar que el TC declaró admisible en abril el requerimiento presentado por el Gobierno en el conflicto por el proyecto Dominga, una acción que busca definir los límites de competencias entre el Ejecutivo y la justicia ambiental. La decisión suspende temporalmente los procedimientos en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental, introduciendo un nuevo giro en la pugna institucional.
El requerimiento fue presentado por el Comité de Ministros el 23 de marzo, en respuesta a un fallo del Primer Tribunal Ambiental que ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dictar una nueva resolución sobre Dominga.
El Ejecutivo sostiene que dicha instrucción sobrepasa las facultades del tribunal, ya que, conforme a la normativa vigente, las decisiones finales en materia ambiental recaen exclusivamente en el Comité de Ministros.
Según La Tercera, en el escrito, Andes Iron solicitó formalmente que se convoque una audiencia pública para abordar esta causa, alegando que existen diversos terceros con interés directo en el procedimiento, dada su participación tanto en la evaluación ambiental como en los reclamos ante el Primer Tribunal Ambiental. A juicio de la minera, lo que resuelva el TC podría afectar profundamente el destino del proyecto, ya que, si se declara que el tribunal ambiental actuó fuera de sus competencias, Dominga tendría que repetir etapas ya agotadas de su tramitación, lo que implicaría nuevas demoras o incluso la frustración definitiva de la inversión.
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