Ley de Artesanía, aportes para la discusión legislativa (y cívica)

El pasado miércoles 17 de enero, la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general y por votación unánime la Ley de Protección y Fomento de la Artesanía. El avance de esta ley marca un hito sin precedentes, luego de más de 30 años de perseverar. Primero, porque el anteproyecto fue elaborado a partir de los grandes acuerdos que surgieron de un proceso participativo impulsado en 2022 por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Mincap), que reunió a cientos de artesanas y artesanos, cuyo precedente fue el proceso realizado entre 2011 y 2017 que dio origen a las “Ideas matrices para el proyecto de ley del sector artesanal chileno”.

Y segundo, porque responde a una deuda histórica con el sector: un marco legal que reconozca, respalde y promueva el valor de la práctica artesanal desde su dimensión identitaria, patrimonial, territorial, cultural y socioeconómica, impulsando la creación de nuevos mecanismos de participación institucionalizadas y descentralizadas, y fomentando el apoyo del Estado para preservar y desarrollar la actividad artesanal. ¿Sus mecanismos? Una Política Nacional de Artesanía, un Plan Nacional de Artesanía y la creación de un Comité Interinstitucional de Artesanía. 

Por lo pronto, la Comisión de la Cámara y el Ejecutivo comenzarán a trabajar en las indicaciones, que serán discutidas en marzo para su posterior votación en particular. Por ello, desde Fundación Artesanías de Chile nos parece pertinente compartir algunos aspectos técnicos que tuvimos la oportunidad de exponer frente a la Comisión, buscando aportar tanto a la discusión legislativa, como al debate cívico. 

Para poder darle a la artesanía el lugar que merece, esta propuesta de ley tiene varios desafíos. Uno de ellos es dar solución a los obstáculos y resistencia a la formalización que existen en el sector (que en el caso de nuestra red de artesanas/os creció de un 14% a un 31% en personas individuales, entre 2016 y 2023). Otro es sacar el foco de las manifestaciones tangibles (artesanías) y ponerlo en las/os cultoras/es, integrando así el ecosistema en el cual se desenvuelven las artesanías (familias, comunidades, territorios, materias primas, espacios de creación). 

Esto permitirá cambiar el enfoque del sector como un “arte menor” y reconocer la diversidad de sus manifestaciones e identidades, incorporando conceptos valiosos que surgieron en el proceso participativo (como hablar de cultor en vez de artesano, de territorio en vez de paisaje cultural y de obra en vez de pieza) y distinguiendo la figura del cultor o cultora de la de quien comercializa artesanía. 

Para dirigir esta política pública de forma certera y acertada, todas estas acciones requerirán consolidar un registro único de artesanas y artesanos, contemplar programas especiales de salud, seguridad social, tributación, protección de la propiedad intelectual, y preservar las alianzas público-privadas, permitiendo que los distintos actores puedan alinear sus políticas de trabajo para fortalecer esta prometedora relación entre las artesanías y el Estado. 

Finalmente, es complejo que el proyecto de ley no contemple a los pueblos originarios (que en el caso de nuestra red corresponden a cerca de un 50% de los/as artesanos/as), como tampoco un presupuesto que esté a la altura de otras leyes sectoriales para implementar estas nuevas políticas. Es la única manera de evitar que quede como un mero reconocimiento, y que se creen nuevos espacios burocráticos sin la capacidad para llevar a cabo sus cometidos.

La discusión del proyecto de ley es sin duda un gran avance para el sector artesanal, esperado y trabajado por años. Esperamos que se concreten todos los ajustes necesarios para mejorarla y contemos con un cuerpo legal capaz de lograr efectos concretos en las vidas de decenas de miles de personas que trabajan desde los lugares más extremos del territorio por la persistencia de las culturas.