Ciencia y seguridad: dos pilares de un mismo desarrollo

En Chile, la conversación pública está marcada por la sensación de inseguridad. No solo aquella que proviene de la delincuencia y el crimen organizado, sino también la que nace de la precariedad cotidiana: el temor a enfermarse y no poder costear un tratamiento, a perder el empleo y caer en deudas, o a enfrentar alzas en el costo de la vida sin tener una red de protección suficiente. Esa vulnerabilidad genera desconfianza hacia las instituciones y erosiona la cohesión social.

El error de ciertos discursos prevalentes es situar al Estado como enemigo, reforzando la idea de que cada cual debe sobrevivir por su cuenta. Pero en sociedades democráticas, el Estado cumple un rol esencial: garantizar derechos, articular capacidades y brindar estabilidad. Fortalecer instituciones públicas, relacionadas con la seguridad, la educación y la salud, como las fuerzas armadas y de seguridad y las universidades estatales, es una condición básica para que las personas sientan respaldo y pertenencia. La ciencia y la tecnología deben ser vistas en ese mismo plano, no como lujos académicos, sino como herramientas concretas para mejorar la seguridad y el bienestar de la población.

Chile ha vivido durante décadas bajo un modelo de desarrollo basado en la exportación de materias primas, el que hoy se encuentra en crisis de crecimiento y sustentabilidad. La falta de diversificación y de innovación nos hace más sensibles a los vaivenes globales, amenaza el medioambiente y mantiene a amplios sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad. Para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, necesitamos que la ciencia y la tecnología estén en el centro de la estrategia país.

El anhelo de aumentar el presupuesto en ciencia y tecnología hasta acercarse al 1% del PIB debe sustentarse en una estrategia de crecimiento que impulse proyectos colaborativos y multiinstitucionales. Esto requiere inversiones públicas en infraestructura y en la formación de talento humano, capaz de dinamizar iniciativas de investigación e innovación que, además de generar nuevo conocimiento, incentiven la participación del sector privado.

Dos ejemplos permiten mostrar cómo la ciencia puede contribuir a resolver problemas, en este caso reducir la inseguridad y, al mismo tiempo, abrir nuevas oportunidades de desarrollo. El primero es la creación de una plataforma nacional de producción de vacunas y biofármacos, acompañada de una red de laboratorios para la vigilancia de amenazas zoonóticas. La pandemia de COVID-19 dejó una lección clara: no contar con capacidad propia de producción y respuesta nos hace dependientes, lentos y frágiles. Un centro de esta naturaleza no solo aportaría a la soberanía sanitaria, sino también a empleos de calidad, innovación biotecnológica y confianza ciudadana en que el país está preparado frente a futuras emergencias.

El segundo ejemplo es el fortalecimiento del programa espacial y satelital nacional impulsado desde la fuerza aérea, junto con el aumento de capacidades de análisis de datos alineadas con la política actual de data centers. Lejos de ser un sueño futurista, se trata de instrumentos prácticos de seguridad y desarrollo. Los satélites permiten monitorear fronteras, detectar pesca ilegal y narcotráfico, anticipar desastres naturales, gestionar recursos hídricos y apoyar la conectividad digital en zonas aisladas. Su impacto se extiende a la agricultura, la planificación urbana y la prevención de crisis ambientales. Invertir en estas capacidades, como lo han hecho los países vecinos, es invertir en soberanía territorial y en herramientas para un crecimiento más justo y moderno.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación tiene la responsabilidad de articular estos esfuerzos a nivel central y regional, garantizando continuidad más allá de los ciclos de gobierno. Se trata de políticas de Estado, no de programas pasajeros. Mediante la articulación interministerial y su conexión con gobiernos regionales, puede hacerse cargo de la promoción de grandes proyectos de interés nacional que requieren interacción público-privada, fomenten la descentralización y la vinculación internacional.

Cuando la ciudadanía perciba que el país cuenta con instituciones sólidas, con un sistema de salud robusto, con respuestas científicas frente a pandemias y con tecnología para cuidar sus fronteras y recursos, la sensación de inseguridad disminuirá. Y al mismo tiempo, habremos dado un paso decisivo para dejar atrás la dependencia absoluta de la minería y construir un modelo productivo que se base en conocimiento, innovación y equidad.

En definitiva, combatir la inseguridad requiere más que policías en las calles. Supone también construir certezas desde la ciencia: certezas de salud, de estabilidad, de calidad de vida y de futuro. Apostar por grandes proyectos nacionales no es un gesto tecnocrático: es una propuesta profundamente política y social, que coloca a la ciencia al servicio de la vida cotidiana y del desarrollo de Chile.