Opinión
En las últimas dos décadas, la ciudad de Valparaíso ha ido aumentando su diversidad productiva, con una creciente actividad turística, universitaria y de servicios, y hoy sus habitantes, que provienen de toda el área metropolitana, aspiran a mejores estándares en su calidad de vida y en la de sus entornos. En este contexto, el puerto ya no tiene el monopolio de la actividad económica de Valparaíso y no puede seguir comportándose como si lo tuviera, debiendo compartir los terrenos en el borde costero con otros usos alternativos, que pueden generar altos beneficios económicos y sociales.
El nuevo paro de los trabajadores portuarios en Valparaíso, sumado al extendido conflicto judicial entre el Estado y los concesionarios por las llamadas “cargas limpias”, la incertidumbre del controvertido nuevo puerto de carga, conocido como Terminal 2, y el anunciado retiro de recaladas de varias líneas de cruceros, reflejan la profunda crisis de gobernabilidad del puerto de Valparaíso durante casi una década, y es necesario comprender los factores que inciden en ella para encontrar las soluciones, ya que es muy probable que en el futuro otros puertos del país tengan conflictos similares.
Uno de ellos es la falsa expectativa creada por el Estado de que el puerto seguirá aumentando la oferta de empleos en la ciudad. Esta actividad está bastante estandarizada a nivel mundial y la automatización portuaria ha reducido significativamente los puestos de trabajo. Con excepción de los períodos de construcción de obras, el empleo en los puertos va principalmente a quienes ya son parte de su cadena logística. Por esta razón, hoy las ciudades ya no descansan en ellos para solucionar sus problemas de desempleo y buscan otras actividades económicas que cumplan de mejor manera ese objetivo.
[cita tipo=»destaque»]Como respuesta se requiere con urgencia una nueva institucionalidad para los puertos del país y un primer paso debe ser la modificación de la composición de sus directorios, de manera que cuenten con miembros designados por el Gobierno de turno, el alcalde de la ciudad y el intendente electo. Solo una solución política de este tipo podrá empezar a hacerse cargo de los desafíos de una actividad clave para el desarrollo económico del país y que hoy debe integrar nuevas variables para asegurar su sostenibilidad. Decir que el problema es que en la región “no se ponen de acuerdo”, es eludir las responsabilidades de las instituciones que hoy están a cargo de la gestión portuaria, actitud que nos traerá grandes costos en el futuro.[/cita]
Por otra parte, en las últimas dos décadas la ciudad de Valparaíso ha ido aumentando su diversidad productiva, con una creciente actividad turística, universitaria y de servicios, y hoy sus habitantes, que provienen de toda el área metropolitana, aspiran a mejores estándares en su calidad de vida y en la de sus entornos. En este contexto, el puerto ya no tiene el monopolio de la actividad económica de Valparaíso y no puede seguir comportándose como si lo tuviera, debiendo compartir los terrenos en el borde costero con otros usos alternativos, que pueden generar altos beneficios económicos y sociales.
Adicionalmente, como empresa del Estado, el puerto de Valparaíso, así como los otros puertos estatales, está regido por un directorio designado por el Presidente de turno. Es decir, responde a un mandante político único, sin contar con una real autonomía para abordar la complejidad que hoy tiene la gestión portuaria. En consecuencia, termina administrando conflictos puntuales que se extienden en el tiempo, y manteniendo planes de desarrollo de largo plazo sin grandes adecuaciones a los nuevos contextos políticos, económicos y sociales, y generalmente sin diseñarlos en conjunto con los gobiernos regionales y comunales que los albergan.
Alcanzar una mejor gestión portuaria que aborde estas variables es una necesidad ineludible hoy en el país, toda vez que nuestra economía se basa principalmente en el intercambio de productos. El conflicto que hoy observamos en Valparaíso, puede generarse en el futuro en otros puertos, cono Arica, Antofagasta y Puerto Montt, cuando el desarrollo de sus otras actividades económicas, como el turismo, puedan ser afectadas por las faenas portuarias.
Como respuesta se requiere con urgencia una nueva institucionalidad para los puertos del país y un primer paso debe ser la modificación de la composición de sus directorios, de manera que cuenten con miembros designados por el Gobierno de turno, el alcalde de la ciudad y el intendente electo. Solo una solución política de este tipo podrá empezar a hacerse cargo de los desafíos de una actividad clave para el desarrollo económico del país y que hoy debe integrar nuevas variables para asegurar su sostenibilidad. Decir que el problema es que en la región “no se ponen de acuerdo”, es eludir las responsabilidades de las instituciones que hoy están a cargo de la gestión portuaria, actitud que nos traerá grandes costos en el futuro.
