Brigitte Baptiste en Chile: Elementos para la reflexión medioambiental a nivel país

En los próximos dos años, Chile será anfitrión de dos instancias intergubernamentales en las cuales es necesario una definición urgente de sus prioridades medioambientales: la reunión de la APEC este 2019 (Cooperación económica de Asia y el Pacífico) y la COP 25 el 2020 (Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para Luchar Contra el Cambio Climático). Frente a estas instancias nace la pregunta: ¿qué postura mostrará Chile a la comunidad internacional en materias de medio ambiente y desarrollo sostenible? En el conversatorio organizado por la CEPAL el pasado 17 de enero con la connotada bióloga colombiana Brigitte Baptiste, en su calidad de directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el nivel de la discusión de la contraparte chilena dejó mucho que desear.

En un país donde los grandes responsables de la pérdida y degradación ecosistémica y sus consecuencias ecológicas y socioeconómicas son grandes empresas y consorcios internacionales, es inadmisible que la discusión se base principalmente en la buena voluntad del sector público y pequeños privados y en la responsabilidad individual del consumidor final. Principalmente importante dado que el foro contó con representantes del sector público y privado: el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES), el Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales (CESIEP), el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), La Sociedad de Ecología de Chile (SOCECOL), Ministerios de Medio ambiente y de Ciencia, la SOFOFA, la Comisión de Medio ambiente y Bienes nacionales, Angloamerican, la Organización de Investigación Científica e industrial del Commonwealth (CSIRO) y la papelera CMPC. Los dos temas principales fueron los sistemas de información medioambiental y el desarrollo sostenible.

Primero que todo, un poco de contexto sobre la situación en Chile. Los efectos del cambio climático en los ecosistemas del país son claramente visibles hoy. La zona centro sur lleva ya 8 años de mega-sequía continuada y cada año los eventos de temperatura extremas son más frecuentes e intensos (este febrero Magallanes registró temperatura récord en 119 años, 32.3ºC), solo por dar dos ejemplos. Todo esto empeora con uno de los mayores problemas en Chile: el mal uso de suelo (responsable del 30% de las emisiones de CO2) y recursos hídricos (61 comunas presentan escasez de agua actualmente).

Ejemplos emblemáticos de esto son la crisis hídrica producto de los cultivos de palta en Petorca y los incendios forestales de los últimos años. La frecuencia de temperaturas extremas, sequías e inundaciones producto del cambio global solo empeorarán con el paso del tiempo: el último reporte del IPCC (Panel intergubernamental de cambio climático), estimó que las actividades humanas a nivel global han causado un aumento aproximado de 1ºC respecto a niveles pre-industriales, y alcanzando 1.5ºC entre el 2030 y 2052 si continúan aumentando a su misma tasa. Más aún, aunque detuviéramos las emisiones de efecto invernadero ahora mismo, el efecto de las emisiones ya producidas persistirá de cientos, si es que no miles de años más.

¿Qué compromisos tiene Chile al respecto? En las directrices de implementación del acuerdo de París, en el cual adscribe Chile, establecidas en la COP24, el objetivo central es mantener el aumento de la temperatura menor a 2ºC, y lo más cerca posible de 1.5ºC.

La experiencia colombiana tiene mucho que mostrarnos sobre los desafíos en Chile. Primero que todo: la falta de información medio ambiental favorece la existencia de dos países distintos: uno compuesto por los sistemas naturales del país y otro en el cual se basan las políticas públicas. Para aunar ambos países es fundamental el rol de la comunidad científica. En Colombia, la comunidad científica reconoce un 30% del territorio colombiano como humedales, de los cuales el estado solo reconocía el 3%. El resto al no ser reconocido no era tierra del estado y era sistemáticamente secado por privados.

De manera similar, Colombia se comprometió en la última COP a reducir 2% de sus emisiones de gases de efecto invernadero basándose en la transformación del aparato productivo, destruyendo este sector que es el que menos emite y sin comprometer las áreas que más emiten: los sectores agropecuarios y forestal. En Chile también tenemos dos países, donde el conocimiento de los sistemas naturales no se condice con las políticas públicas. Como destacó José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, las cifras nacionales que guían la toma de decisiones no incorporan la pérdida y degradación ecosistémica.

También se ignora el fuerte impacto socioeconómico que produce la pérdida y degradación ecosistémica en Chile, un país donde, según el último informe de la OCDE, los recursos naturales aún representan el pilar más importante de su economía. Particularmente, el sector que se verá más afectado es el 50% más pobre de Chile, que solo accede al 3.5% de la riqueza (vs el 10% más rico que acumula 68% de esta), dependiendo enormemente de la diversidad y la salud de los ecosistemas para su supervivencia.

Un primer paso para dejar de tener dos países es generar entidades que aúnen agentes gubernamentales, científicos y comunidades locales e indígenas. En la experiencia colombiana, estas entidades no solo deben generar un flujo de recursos e información, sino que tener una agenda común.

Desde la Academia colombiana, la estrategia para rearticular sectores fue la creación del Sistema Nacional de Información en Biodiversidad (SIB), una base de datos cooperativa entre entidades académicas, gubernamentales y ciudadanas. Esta iniciativa está recién implementándose, pero actualmente ya cuenta con amplias cooperaciones del mundo académico, el sector productivo y comunidades locales.

En Chile, un primer paso en esto es la aprobación e implementación del Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Tal como el SIB en Colombia, este sistema permitirá el levantamiento de datos de biodiversidad necesario para para trabajar dentro y fuera de las áreas protegidas y en coordinación con la comunidad académica, el sistema público y privado. Generar un organismo estatal donde el levantamiento de información ambiental generado por distintos actores pueda ser recopilado, categorizado y accesible para la población, científicos y especialmente tomadores de decisiones es fundamental para generar un proyecto de conservación a nivel País. Solo a través del levantamiento de información básica sobre las especies y los ecosistemas que las sostienen, tendremos seguridad de que nuestras medidas estén protegiendo la biodiversidad.

En ambos países la meta es clara: potenciar el desarrollo sostenible a nivel país. En este aspecto es particularmente importante la pregunta sobre el rol del sector privado en la conservación. El desafío acá es posicionar la biodiversidad como factor de desarrollo: generadora de empleo y estabilidad ambiental tanto en ambientes silvestres, urbanos y productivos. En Colombia, el rol del científico es claro: se necesita más ecología. En un país fundamentalmente constituido por su biodiversidad, los sistemas productivos agropecuarios deberían estar basados en la interpretación de la funcionalidad ecológica derivada de esta.

Por otro lado, el rol del sector privado si bien no es tan claro, no se opone por principio a la conservación, sino al uso de la conservación como limitación de su actividad. En Colombia el sector privado está pidiendo conservación. Y cómo no: la labor del Instituto von Humboldt como mediador entre ciencia y políticas públicas fue ordenado por decreto presidencial luego de las catastróficas inundaciones producto del fenómeno de la niña el 2011, lo cual significó un gasto de alrededor de 3 a 4 puntos del PIB.

En nuestro País, el sector privado está muy interesado en hacer conservación, según las experiencias de la Dra. Olga Barbosa, presidenta de la Sociedad de Ecología de Chile, quien lleva 10 años trabajando gremios de viñateros, de Janette Shanchez, Jefa de Recursos Naturales de la CEPAL y de Constanza Echeverría, Jefa de Desarrollo Sostenible de la Papelera CMPC, aunque esta última confiesa que esto no significa que sea primera prioridad.

De manera similar, el director de políticas públicas de la SOFOFA, Rafael Palacios, denuncia que las métricas de servicios ecosistémicos han avanzado muy poco para ser incorporadas en la evaluación de proyectos y que la industria está muy interesada en avances tecnológicos que permitan una economía circular sustentable, en donde la industria forestal podría llegar a ser incluso un gestor de biodiversidad. Esta falta de comunicación sería en parte mitigada por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el cual pondrá incentivos y reglas claras. Sin embargo, además de informar, educar y asesorar al sector privado, tanto Rodrigo Arriagada (director del CESIEP) como Rosanna Ginocchio (CAPES) concuerdan con la importancia de no olvidar ni subestimar del rol de los consumidores finales en regular el mercado y la responsabilidad individual que todos tenemos con el medio ambiente.

En esta pequeña reflexión, quisiera aunar palabras con la intervención de la senadora Isabel Allende respecto al rol del sector privado en políticas medioambientales: hoy en día existe un lobby tremendo de parte de las grandes empresas y gremios en contra de políticas medio ambientales. No olvidemos las concentraciones masivas realizadas por la Sociedad Nacional de Agricultura oponiéndose a la reforma del código de aguas, pese a que estás no tocaban los derechos otorgados a perpetuidad, que representan el 90% de los derechos del agua, sino que simplemente buscaba regular el 10% restante.

Tampoco olvidemos el lobby de las grandes pesquerías con la Ley de Pesca y otros tantos casos en la minería e industrias forestales. El nivel de la discusión medio ambiental en Chile es lamentable ¿vale realmente la pena generalizar a partir de experiencias particulares con pequeños privados, cuando la mayoría de los desastres ambientales actuales en Chile se han producido por las grandes pesquerías, empresas mineras e industrias forestales? ¿tiene sentido desviar una discusión entre entidades gubernamentales y privadas hacia la responsabilidad individual del consumidor final, invisibilizando otras aristas del problema?

Recordemos que el mayor porcentaje de uso de suelo en Chile lo ocupan las forestales (56% de la superficie total plantada por rubro silvoagropecuario, según el último informe de la Odepa), todas las costas chilenas pertenecen al sector privado y la minería amenaza constantemente glaciares y recursos hídricos del país (recordemos Pascua Lama y la reciente denuncia contra las actividades de Anglo American amenazando el glaciar la Paloma, por dar solo dos ejemplos).

También vale la pena preguntarse qué tanto podemos generalizar el interés del sector privado y público en hacer conservación, cuando el gobierno actual sede territorio de una Reserva Nacional en la Patagonia para la explotación de carbón de la calidad más baja y cuya explotación tiene dudoso impacto en el desarrollo económico del País. Finalmente, cuesta acogerse a todas las palabras que durante el conversatorio pidieron ver “el vaso medio lleno” cuando estos desastres ambientales tienen repercusiones graves en la vida de miles de personas. En Chile necesitamos abrir el diálogo urgente entre académicos, tomadores de decisiones, el sector público, privado y productivo: pero no cualquier diálogo, sino uno basado en un real diagnóstico de prioridades medioambientales que permitan generar estrategias efectivas.