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El mal gobierno del Poder Judicial en Chile

por 11 marzo, 2019

El mal gobierno del Poder Judicial en Chile
La sensación generalizada de desgobierno ha calado hondo en todo el mundo de la judicatura. La Corte Suprema, como responsable última del funcionamiento de la justicia en todo el país, aparece como el organismo más tensionado por los hechos, a los que se suman los problemas de justicia de especialidad, como los llamó en su oportunidad el ministro Milton Juica, al referirse a los temas de menores, violencia intrafamiliar y medio ambiente.
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La persistencia de yerros y malas decisiones administrativas en el Poder Judicial chileno han creado un ambiente tenso en su interior, y ambigüedades e incertidumbres en la administración de justicia del país. En el centro del problema ha estado la creación de organismos y funciones para los cuales, según la opinión de muchos expertos jurídicos, no existen atribuciones propias sino que se requiere de aprobación de ley.

Parte sustantiva parece tener su origen en el doble carácter que ostenta la Corte Suprema en Chile: uno como tribunal superior de justicia y otro como órgano administrativo superior de todo el servicio administrativo. Esta última función la realiza con el apoyo de una Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), cuya cabeza es el presidente de turno de la Corte Suprema. A través de esta CAPJ se manejan todos los fondos y el apoyo logístico del Poder Judicial.

El ambiente, sobre el cual ya han dado luces los presidentes de la Corte Suprema en sucesivos mensajes al inicio de cada año judicial, ha rebotado en los niveles de certeza jurídica en que se mueve el sistema y ha hecho aparecer situaciones de faltas de probidad en varios ámbitos de los operadores del derecho, por ejemplo, servicios auxiliares de justicia que reproducen cadenas de nepotismo o intrusión indebida en la transparencia y equidad de todo el sistema.

El año 2011, el ministro Milton Juica, a la sazón presidente de la Corte Suprema, desestimó la existencia de colusión entre funcionarios de la CAPJ y empresas inmobiliarias en la construcción de nuevos tribunales, usando métodos de trato directo o de único proponente. El tema no llegó a investigación criminal, al parecer, para evitar que el Ministerio Público indagara el interior del Poder Judicial. El Contralor General de la época, Ramiro Mendoza, declaró ante el hecho que “la fiscalización de las obras del Poder Judicial y del gasto público de la Corporación Administrativa del Poder Judicial no es competencia nuestra (…), esa institucionalidad está en el Código Orgánico de Tribunales, y si usted ve quiénes son los responsables de este gasto, es la Corte Suprema, a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial".

La situación apuntaba al empresario Samuel Levy y su empresa constructora COSAL, que concentraba, según un estudio de la época, un 83 por ciento de todas las licitaciones del Poder Judicial.

En abril del año 2014, el ministro Sergio Muñoz, como presidente de la Corte Suprema y  también de la CAPJ, ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que este demandara a esa inmobiliaria por graves fallas de construcción en el edificio del centro de justicia de Iquique y que mantienen hasta ahora al edificio con riesgo de derrumbe total. Cuatro años después, recién en octubre de 2018, el CDE demandó a la empresa. Nadie entiende por qué se demoró tanto, hasta el punto de poner en peligro la acción por prescripción, lo que hoy se ventila ante los tribunales.

El modelo de contrato seguido por la CAPJ es extraño: primero firma por un arriendo de un edificio que se va a construir según sus especificaciones y, luego, una vez terminado y ya en uso, lo compra. Muy difícil de seguir y actualmente existe más de un juicio por temas similares, sobre todo en el norte del país, concretamente en Iquique y Antofagasta.

Los cambios en el sistema penal y de familia desde el año 2000 generaron una enorme bolsa de inversiones en infraestructura y personal, con muy poco control financiero. A ello se sumó el cambio del procedimiento a un sistema de tramitación digital, con enormes complejidades en la aplicación de los plazos, notificaciones y secuencia del procedimiento. Ello dio origen a la creación por agregación de nuevas unidades de apoyo, sobre todo en el ámbito de familia.

El cambio impactó fuertemente la cultura profesional de abogados dedicados a estos temas, y se hizo recurrente el hecho negativo de que muchos de ellos cruzaran la línea ética de la representación responsable en el debido proceso. Hace poco, Gendarmería de Chile dio a conocer una lista de abogados que han sido sorprendidos proveyendo a sus clientes reclusos de sustancias ilícitas y, en general, se ha hecho habitual que profesionales del derecho sean querellados por clientes que se sienten perjudicados por una representación judicial desleal.

Las regiones I y II parecen críticas desde el punto de vista de los incidentes de este tipo. En Antofagasta, una planta de hierro de más de 80 toneladas perteneciente a Iron Mining desapareció completa, mientras estaba en disputa por embarque de minerales, sin que se haya determinado hasta ahora responsabilidades penales.

Tanto los temas mineros y portuarios como los relacionados con narcotráfico y contrabando de vehículos robados y de mineral, generan una enorme presión sobre el gobierno judicial en esa zona, hasta el punto de tensionar la seguridad nacional. No es otra la razón de que el Gobierno haya instalado contrarreloj una Task Force de Seguridad en Iquique, para hacer frente a estos problemas.

La sensación generalizada de desgobierno ha calado hondo en todo el mundo de la judicatura. La Corte Suprema, como responsable última del funcionamiento de la justicia en todo el país, aparece como el organismo más tensionado por todos estos hechos, a los que se suman los problemas de justicia de especialidad, como los llamó en su oportunidad el ministro Milton Juica, al referirse a los temas de menores, violencia intrafamiliar y medio ambiente.

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