Opinión
En un Estado democrático moderno, la dimensión ética debería ser considerada preferentemente en la deliberación política sobre la migración, por sobre cualquier otro fin público que se tuviese en cuenta, como “el orden”, “la seguridad” y la eficiencia en el gasto público –sustentada esta última en dudosos datos–. En este sentido, cualquier argumento que reduzca a los migrantes a simples medios para el desarrollo o crecimiento del país, que es el que en el proyecto de ley que se está discutiendo determina, por ejemplo, el valor de la migración (art. 8), la Política Nacional de Migración y Extranjería (art. 23) y los criterios de expulsión (art. 125), debería descartarse, ya que supone tratar como medios a quienes son fines en sí mismos, lo que viola el espacio infranqueable de dignidad humana que nos permite reconocernos como iguales.
El proyecto de Ley de Migraciones, que seguirá su trámite parlamentario en el período legislativo que se está iniciando, es una respuesta parcial y sesgada a una de las demandas más largamente sostenidas por diversos actores sociales y políticos que han trabajado en torno a las migraciones internacionales en Chile: la necesidad de cambiar el marco normativo de extranjería heredado de la dictadura cívico-militar. El texto, desde nuestra mirada, no responde a este proceso social de manera apropiada, ya que enfrenta un fenómeno multidimensional como la migración desde una perspectiva estrictamente nacional y economicista, la que permea todo el proyecto.
Respecto de esta perspectiva nacional, el proyecto no reconoce que las migraciones constituyen un fenómeno global que tensiona el paradigma del Estado-nación, lo que se hace evidente en la insuficiencia de regulaciones jurídicas y políticas públicas de carácter nacional para abordarlo. También se evidencia en la paradoja que implica que los derechos que asisten a los migrantes, en su calidad de humanos, solo sean reconocidos en tanto ciudadanos de un Estado.
En relación con la perspectiva economicista, el proyecto da cuenta de la articulación de un sistema basado fundamentalmente en criterios económicos y de calificación laboral, que impone una mirada unidimensional del migrante, reduciéndolo a su carácter productivo. Estos filtros facilitan el ingreso de aquellos migrantes que se consideran un “aporte” para el país y, como contrapartida, obstaculiza el de los que se conciben como un “perjuicio”, discriminando a quienes no tienen medios de vida suficientes o que “puedan significar una carga económica” para el Estado.
Ambas dimensiones (la nacional–ista y la economicista) se articulan en una política migratoria en la que observamos que existen migrantes de primera y segunda categoría, o deseables e indeseables, en función de su nacionalidad y de los intereses del Gobierno.
Un ejemplo claro de ello son las medidas diferenciales de visados que se implementaron a comienzos del año pasado, con una visa de responsabilidad democrática para los migrantes de origen venezolano, por una parte, y la exigencia de una visa consular para los de origen haitiano, por la otra. Esta medida diferencial se ha traducido en el otorgamiento de solo 112 visas de turista para haitianos en 2018, frente a las 111.761 visas del mismo tipo que se entregaron en 2017 a ciudadanos de este origen, mientras que el número de visas de responsabilidad democrática para ciudadanos venezolanos alcanzó las 19.244 en 2018. Si el fundamento de uno de estos tipos de visado es la situación de crisis del país de origen, no se entiende la búsqueda deliberada de limitar la inmigración haitiana, a menos que se lea a la luz de esta distinción entre migrantes deseables e indeseables.
Esta política parcial y sesgada sobre las migraciones resulta arbitraria también porque este fenómeno, además de su carácter global, posee una dimensión ética ineludible, que se relaciona con los deberes que los seres humanos tenemos unos con otros, lo que delimita un espacio infranqueable de dignidad humana que ninguna regulación jurídica puede traspasar.
De allí que, en un Estado democrático moderno, esta dimensión ética debería ser considerada preferentemente en la deliberación política sobre la migración, por sobre cualquier otro fin público que se tuviese en cuenta, como “el orden”, “la seguridad” y la eficiencia en el gasto público –sustentada esta última en dudosos datos–. En este sentido, cualquier argumento que reduzca a los migrantes a simples medios para el desarrollo o crecimiento del país, que es el que en el proyecto de ley que se está discutiendo determina, por ejemplo, el valor de la migración (art. 8), la Política Nacional de Migración y Extranjería (art. 23) y los criterios de expulsión (art. 125), debería descartarse, ya que supone tratar como medios a quienes son fines en sí mismos, lo que viola el espacio infranqueable de dignidad humana que nos permite reconocernos como iguales.
Junto con aquello que explícitamente dice el proyecto, nos preocupa también lo que hace, pues al promover un acceso jerarquizado a la regularidad de los migrantes vinculada a “sus contribuciones”, promueve también un acceso jerarquizado a los Derechos Humanos. Ello se expresa en el condicionamiento de la garantía de sus derechos a determinadas circunstancias y, especialmente en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, en que el Estado solo se compromete a adoptar medidas “hasta el máximo de los recursos disponibles”.
Por estas razones, entre otras, rechazamos el proyecto de Ley de Migraciones que se está discutiendo en el Parlamento, pues instrumentaliza y condiciona la igualdad ante la ley de los migrantes, lo que es una muestra más de una lógica que mercantiliza las relaciones humanas y que niega nuestra común humanidad.
