Opinión
Durante el transcurso de este año, es esencial que el gobierno corrija su actuar y presente una ley de rentas regionales, pues no basta con la transferencia de competencias si no va acompañada de una descentralización fiscal efectiva. Se requieren los recursos económicos suficientes y también de la autonomía financiera de los gobiernos regionales, para planificar y ejecutar las políticas públicas que se elaboren en el marco de las nuevas competencias [ACTUALIZADA]
A más de un año que se dictara la ley sobre fortalecimiento de la regionalización del país, muchas son las incógnitas que se nos presentan, las cuales -lejos de despejarse- se han transformado en un muro donde el Gobierno parece ser su principal arquitecto.
En términos generales, esta ley establece un conjunto de nuevas competencias que podrían estar en el ámbito de los gobiernos regionales. Dichas facultades serán traspasadas desde el nivel central en temas tales como ordenamiento territorial, transporte público, infraestructura, fomento, turismo y desarrollo social.
Sin embargo, dicho anhelo descentralizador corre un grave peligro toda vez que, en lo sustantivo, la ley puede cumplirse sin transferir de forma efectiva ninguna competencia, pues -tal como señala- en última instancia corresponde al Presidente de la República, de forma discrecional, aceptar dicho traspaso y determinar sobre qué materias recaerá. Más aún, permite que éste pueda transferir competencias y después revocarlas, lo cual genera que dependiendo del color político de los gobiernos de turno se utilice esta herramienta como control sobre diversas autoridades. En definitiva a todas luces se genera una incertidumbre a las “reales competencias” que se han planteado.
[cita tipo=»destaque»]Desde hace meses se viene planteando por diversas autoridades, académicos y organizaciones de la sociedad civil, la necesidad de dictar una ley corta que precise y perfeccione tanto en lo procedimental como en lo sustantivo, el traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales. Si bien esta ley -entre otras materias- debe contemplar un piso uniforme de competencias a transferir desde el nivel central, es fundamental que de forma paralela en cada una de las regiones se comience a discutir una priorización de competencias de acuerdo a sus propias necesidades.[/cita]
La incertidumbre de este Gobierno se radicaliza a la hora de hablar de descentralización fiscal. La propuesta del Ejecutivo en materia de Reforma Tributaria, no contempla un apartado sobre rentas regionales y solo señala de forma escueta e insuficiente, que los grandes proyectos con inversiones desde US$ 10 millones, entreguen el equivalente al 1% de la inversión como aporte a la región.
Si bien lo óptimo era realizar una discusión paralela y en sintonía entre la reforma tributaria y la nueva ley de rentas regionales, el Ejecutivo en un acto de suma irresponsabilidad, nuevamente ha decido postergar la discusión de rentas regionales poniendo nuevamente en riesgo el proceso descentralizador que se avecina para el 2020.
El 1% de las inversiones regionales que quedaría en la región, junto con ser una cifra notablemente inferior a la de los países desarrollados, profundiza el desequilibrio territorial entre las regiones, las cuales de forma clara no reciben los mismos montos en materia de inversión y, con porcentajes tan bajos como los propuestos por el gobierno, ni siquiera el Fondo Común Interregional logra corregir estas condiciones.
Desde hace meses se viene planteando por diversas autoridades, académicos y organizaciones de la sociedad civil, la necesidad de dictar una ley corta que precise y perfeccione tanto en lo procedimental como en lo sustantivo, el traspaso de competencias hacia los gobiernos regionales. Si bien esta ley -entre otras materias- debe contemplar un piso uniforme de competencias a transferir desde el nivel central, es fundamental que de forma paralela en cada una de las regiones se comience a discutir una priorización de competencias de acuerdo a sus propias necesidades.
A modo de ejemplo, en el caso de la Región de Valparaíso, consideramos que es esencial que se transfieran las competencias del SERVIU y en materia de transporte, dado que los problemas de vivienda e integración territorial siguen en aumento, sin respuesta desde el nivel central.
Durante el transcurso de este año, es esencial que el gobierno corrija su actuar y presente una ley de rentas regionales, pues no basta con la transferencia de competencias si no va acompañada de una descentralización fiscal efectiva. Se requieren los recursos económicos suficientes y también de la autonomía financiera de los gobiernos regionales, para planificar y ejecutar las políticas públicas que se elaboren en el marco de las nuevas competencias.
Es esencial, que el gobierno tome las medidas pertinentes y que la implementación de estas reformas sean, efectivamente, el puntapié para la generación de políticas públicas con una mirada y control desde las regiones, de forma tal de hacer efectivo el espíritu descentralizador tan anhelado por la ciudadanía y no permitir que los amarres conservadores coarten un posible avance tan esperado.
