Opinión
Creemos necesaria una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, ya sea de elección popular o no, a funcionarios y representantes públicos involucrados en micro o narcotráfico, así como la creación de un registro público de condenados por estos delitos para aplicar una inhabilidad. Estamos convencidos de que desde esta mirada integral, rigurosa y alejada de un efectismo de corto plazo, podremos ir ganando, de a poco, la batalla contra la narcocultura, la narcojusticia y la narcopolítica.
El fenómeno del tráfico de drogas es un problema que afecta a todos los chilenos, de todas las clases sociales y en todo el territorio nacional. Las cifras oficiales del Ministerio Público –boletín estadístico anual 2017 y 2018– registran un aumento de 11,7% en los delitos por tráfico, tenencia de drogas y hechos de violencia asociados. Se estima en 1,5 millón las personas que, en distintas zonas del país, están a merced de bandas narcocriminales. De acuerdo a la Policía de Investigaciones, en lo que va del año se han identificado a nivel nacional 2.995 puntos de venta de drogas, de los cuales 1.327 están radicados en la Región Metropolitana.
Frente a esta realidad, entre los años 2001 y 2018 el Estado ha desembolsado más de $199 mil millones en una decena de programas que, en su mayoría, hablan de errores de diagnóstico, falta de continuidad, burocracia y una derrota frente a incipientes, pero preocupantes, expresiones de narcojusticia y narcopolítica.
[cita tipo=»destaque»]Como Democracia Cristiana, constituimos una mesa de trabajo que ha concluido en 16 medidas concretas para el combate de la narcodelincuencia. Ellas se agrupan en un ámbito de inteligencia policial y justicia criminal, una mejor distribución y control de la fuerza policial, una agencia especializada en crimen organizado y narcotráfico, un mayor control y trazabilidad de armas y municiones, un perfeccionamiento de la institucionalidad vigente y reducción de la impunidad delictual vía creación de una Fiscalía especializada en narcotráfico y crimen organizado y una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público.[/cita]
El actual Gobierno también ha caído presa de esta realidad, desde una estrategia de seguridad y orden público que, incluso a través del Acuerdo Nacional por la Seguridad, se orienta fundamentalmente al combate de una delincuencia tradicional, caracterizada por delitos contra la propiedad, pero no a una estrategia sistémica que aborde la instalación y normalización del crimen organizado, en torno al tráfico de drogas en territorios y barrios ya no solo vulnerables y periféricos.
Es por ello que, como Democracia Cristiana, constituimos una mesa de trabajo que ha concluido en 16 medidas concretas para el combate de la narcodelincuencia. Ellas se agrupan en un ámbito de inteligencia policial y justicia criminal, una mejor distribución y control de la fuerza policial, una agencia especializada en crimen organizado y narcotráfico, un mayor control y trazabilidad de armas y municiones, un perfeccionamiento de la institucionalidad vigente y reducción de la impunidad delictual vía creación de una Fiscalía especializada en narcotráfico y crimen organizado y una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Además, planteamos la construcción de nuevas cárceles, la mejora en instalaciones y control sobre la proliferación de catedrales narco, junto con mejorar y ampliar los programas de reinserción de menores infractores, y un compromiso con la prevención, a través de una reforma a la Ley de Rentas Municipales para redirigir recursos a comunas más vulnerables, planes integrales de regeneración comunal, control sobre la deserción escolar e incentivos tributarios a la inversión privada en barrios vulnerables.
A lo anterior, creemos necesario agregar una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, ya sea de elección popular o no, a funcionarios y representantes públicos involucrados en micro o narcotráfico, así como la creación de un registro público de condenados por estos delitos para aplicar una inhabilidad.
Estamos convencidos de que desde esta mirada integral, rigurosa y alejada de un efectismo de corto plazo, podremos ir ganando, de a poco, la batalla contra la narcocultura, la narcojusticia y la narcopolítica, para recuperar nuestros territorios e instituciones y otorgar garantías de seguridad y paz a las familias chilenas.
